La Ley N° 20.017, del año 2005, regulariza los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas en beneficio de los pequeños agricultores. Sin embargo, se presentaron más de 50 mil solicitudes de constitución de estos derechos por parte de grandes empresas que sólo buscaban hacer negocio con ellos.
A un mes de su ingreso, la Comisión de Agricultura aprobó por unanimidad el proyecto de ley que impide la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas, en virtud del artículo 4° transitorio de la ley N° 20.017, de 2005, en determinadas zonas o áreas (boletín 6681).
El texto legar busca corregir la aplicación del artículo 4° transitorio de esta ley en determinadas áreas -específicamente la zona centro norte del país-, ya que el espíritu legislativo inicial era regularizar derechos de aprovechamiento de aguas de los pozos y norias de los pequeños agricultores, cuando éstos no podían obtener los derechos por problemas de disponibilidad.
Sin embargo, con la entrada en vigencia de la Ley N° 20.017, se presentaron aproximadamente 51.600 solicitudes de constitución de estos derechos, muchas de ellas de medianas y grandes empresas que utilizaron el beneficio como un procedimiento simplificado para regularizar usos anteriores, desvirtuándose así los fines de la norma.
De acuerdo al presidente de la Comisión de Agricultura, diputado José Pérez (PRSD), este era un tema que había que regular prontamente, ya que al conceder todos los derechos de aprovechamiento solicitados, se iba a perjudicar a aquellos ya otorgados, al producirse una saturación y sobreexplotación de los acuíferos, a la vez que los pequeños productores agrícolas no podrían ejercer este beneficio.
“Muchas veces se toman los derechos, se inscriben los pozos y son para empresas que los usan con finalidad de hacer negocios con ellos. A nosotros nos interesa proteger fundamentalmente a los pequeños y medianos agricultores, por eso se ha estudiado este proyecto de ley y se despachó rápidamente en la Comisión de Agricultura”, señaló el parlamentario.
La Ministra de Agricultura, Marigen Hornkohl, dijo que con este proyecto de ley se corrige la distorsión que produjo la norma anterior, ya que prohíbe a la Dirección General de Aguas la constitución de estos derechos de aprovechamiento en 63 áreas de acuíferos del norte y centro del país.
“Esta modificación lo que permite es justamente poder ordenar al sistema, pero al mismo tiempo asegurarnos de que a los pequeños agricultores y agricultores indígenas no les falte este elemento tan vital para el desarrollo agrícola tanto productivo como humano, como es el agua”, precisó.
En relación a las inquietudes de algunos parlamentarios sobre la falta de una política integral de aguas, indicó que se trata de otro tema, sin embargo la iniciativa legal recién aprobada y despachada va en ese camino.
“Justamente este instrumento lo que hace es corregir distorsiones, colaborar en una mirada y lógica más amplia, que es un tema que estamos analizando nosotros como ministros en el Consejo para el Agua que ha creado recientemente la Presidenta y que preside el ministro de Obras Públicas”, puntualizó la Ministra.
El proyecto, que será informado a la sala por el diputado Ignacio Urrutia (UDI), contempla que las solicitudes de derechos de aprovechamiento de agua de pequeños productores agrícolas y campesinos indígenas para ser tramitadas y otorgadas deberán contar con el respaldo del Ministerio de Agricultura o la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).
Ley de Fomento a la inversión privada en obras de riego y drenaje
La Comisión de Agricultura analizó también el proyecto que "Modifica la ley N° 18.450, sobre fomento a la inversión privada en obras de riego y drenaje” (boletín 6392), calificado con urgencia simple y que viene a cumplir a la Cámara de Diputados su segundo trámite legislativo luego de ser discutido en el Senado.
El texto legal del Ejecutivo en marzo de este año, establece una prórroga y modificación de la Ley de Fomento a la inversión privada en obras de riego y drenaje, la Ley 18.450, vigente desde el año 85.
De acuerdo a Nelson Pereira, Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego (CNR) del Ministerio de Agricultura, esta ley tiene un gran impacto en la agricultura nacional, ya que el 80% de las exportaciones agrícolas provienen del área de riego.
La autoridad sostuvo que, dado que esta ley termina su vigencia el primero de enero del año 2010, es imperativo despachar su modificación lo más pronto posible para prorrogar este beneficio a los agricultores.
Esta ley de fomento a la inversión privada para el riego y drenaje opera con subsidios concursables y los proyectos se seleccionan considerando una serie de variables, entre ellas el aporte que está dispuesto a hacer el agricultor, la superficie que está siendo regada y el costo del proyecto.
El subsidio puede alcanzar al 75% de la inversión general y se financia hasta 12 mil UF para postulaciones individuales y en el caso de organización de usuarios o proyectos colectivos, hasta 24 mil UF.
“El presupuesto del año 2009 son 29 mil millones de pesos, y con eso estamos beneficiando a un número muy significativo de agricultores, estamos tecnificando del orden de unas 15 mil hectáreas al año y estamos incorporando unas 10 mil hectáreas más de nuevo riego, además de intervenir en superficies de riego actuales, que están viendo deteriorados sus sistemas de riego como es revestimiento de canales, arreglo de bocatomas”, puntualizó Pereira.
Entre las principales modificaciones a la ley figura una mayor participación de la pequeña agricultura en sus beneficios, mayores porcentajes de los subsidios, mejoras administrativas y la prórroga en 12 años de la normativa.
Dada la envergadura del proyecto y sus beneficios, los parlamentarios concordaron volver a analizar el proyecto la próxima semana y despacharlo lo más pronto posible.
Lunes 5 de octubre de 2009
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS