CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Continuando con el análisis de las resoluciones ambientales de las comisiones regionales de medio ambiente (coremas) respecto de la aprobación de proyectos energéticos, los miembros de la Comisión Investigadora dispuesta para este fin recibieron a diversas organizaciones y comunidades de la provincia de Bio Bío, en la VIII Región, para recabar mayores antecedentes en relación a los procesos de evaluación ambiental de los proyectos Central Hidroeléctrica de Pasada Trupán y Central Hidroeléctrica Angostura.


A la sesión asistieron representantes de la Asociación de Canalistas de El Laja; de la Junta de Vigilancia del Río Diguillín y sus afluentes; de la Cámara de Comercio de Los Ángeles; de la Iniciativa ambiental Aguas Libres y del Comité de Turismo de Saltos del Laja.

Respecto de la Central Trupán, los invitados señalaron que este proyecto -cuyo titular es la Asociación de Canalistas Canal Zañartu- ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) como una simple Declaración (DIA), en circunstancias que por ser una central de pasada -donde se transfiere agua de la cuenca del Río Laja al Río Itata- debió haber sido evaluado como un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). A esto se agrega que por ser una central de 36 MW la ley contempla que ingrese también como EIA.

El presidente de la Comisión, diputado Alfonso de Urresti (PS), indicó que las exposiciones de estas organizaciones y comunidades no hacen sino reafirmar lo que durante estos meses han escuchado sobre otros proyectos: una falta de trabajo sistemático por parte de las COREMAS, que ha significado, entre otras cosas, el no haber escuchado todos los planteamientos y opiniones técnicas de los involucrados.

“No es posible que proyectos de esta naturaleza, que afectan el hábitat de las comunas, de cuencas, que hay trasvasije de agua desde la cuenca del Laja a la cuenca del Itata, simplemente muchas veces vayan con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA)”, indicó.

Agregó que “esto claramente demuestra precariedad de nuestro sistema, que los impactos que se generan en el medio ambiente, en las comunidades son de extraordinaria importancia y que hay que seguir avanzando para consolidar, para perfeccionar este sistema para que no ocurran este tipo de aberraciones”.

Tanto para la Asociación de Canalistas de El Laja como para la Junta de Vigilancia del Río Diguillín, durante el proceso de evaluación ambiental del proyecto Central Trupan también se produjeron varias irregularidades, dijo Francisco Saldías, administrador de la Junta de Vigilancia.

“Toda la información que entregó principalmente la Dirección de Aguas a la COREMA fue absolutamente diferente a la que posteriormente, a raíz de este mismo tema, se entregó a los tribunales de justicia y a esta misma Cámara de Diputados, lo que nos parece sumamente grave”.

Por su parte, el diputado Juan Lobos (UDI) señaló que “en este proyecto se vulneró claramente la Ley de Bases de Medio Ambiente chilena”. Añadió que “existen una serie de irregularidades que se han ido constatando en los títulos de agua, en la velocidad con la cual han sido acogidas diversas tramitaciones, que hacen suponer aquí tráfico de influencias, por ende estamos ante una serie de irregularidades que esta comisión debe investigar”.

En tanto, Gastón Rodríguez, dirigente del Comité de Turismo de Saltos del Laja, manifestó que se acercaron a los parlamentarios para solicitarles una protección de toda la cuenca del Río Laja, ya que este proyecto afectaría tanto a los regantes como al sector turístico. “De construirse la Central Trupán en los términos que se aprobó en la COREMA nos dejaría irremediablemente el Salto del Laja sin agua; sería el fin de esos cientos de pequeños empresarios que han depositado todas sus esperanzas en levantar el turismo en la zona”.

Agregó el dirigente que “hay una contradicción grande de parte del Estado, porque una parte lo declara Centro de Interés Turístico al Salto del Laja y después aprueban para que lo sequen”, puntualizó.

Proyecto Central Angostura

Respecto del proyecto Central Angostura, los representantes de las comunidades de Santa Bárbara y Quilaco señalaron que esta Hidroeléctrica -que se instalará en la confluencia de los ríos Bio Bío y Huequecura- vulnera el Acuerdo Amistoso firmado entre el Gobierno de Chile y la Organización de Estados Americanos el año 2003, a propósito del conflicto por la construcción de la Central Ralco.

De acuerdo a Freddy Pérez Sanhueza, vocero de la Iniciativa ambiental Aguas Libres, el Gobierno en esa oportunidad reconoció que para asegurar la paz y unidad social era necesario fortalecer la protección de los pueblos indígenas y, en este marco, “uno de los puntos (de este Acuerdo) establecía que el gobierno se comprometía a no construir más megaproyectos hidroeléctricos en tierras indígenas del Alto Bio Bío”.

Además precisó que “al día de hoy este proyecto hidroeléctrico de Angostura fue acogido a tramitación por la COREMA Bio Bío, aprobado por la Corema con un mínimo de 10 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones y quiere ser construido pese a los antecedentes legales que el Estado de Chile mantiene con la comunidad internacional”.

El representante de Aguas Libres también explicó a la Comisión otras irregularidades en el proceso, como la falta de participación ciudadana en el sector urbano de Santa Bárbara -donde reside el 57% de la población- así como en las comunidades indígenas del territorio afectado y aledaño al proyecto.

Ante esta situación, los miembros de la Comisión Investigadora acordaron invitar al abogado de la OEA en Chile, Roberto Celedón, para recabar mayores antecedentes sobre la materia, así como oficiar a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena para conocer las solicitudes de inscripción de tierras indígenas por parte de familias mapuches pehuenches que viven en el territorio afectado.

“También vamos a actuar citando al Director Nacional de Aguas, al Director Regional de Aguas, al Director de la CONAMA Bio Bío para conversar acerca de estos proyectos, porque es evidente que Chile necesita energía, pero la consecución de esta energía debe ser dentro de la legalidad actual y respetando la sustentabilidad del medio ambiente”, puntualizó el diputado Juan Lobos.

Lunes 19 de octubre de 2009