Según el Consejo de Defensa de la Patagonia, dicho proyecto hidroeléctrico -que consiste en la construcción de cinco represas en la Patagonia chilena, que en su conjunto generarían 18.430 GWh de energía al año- estaría vulnerando el convenio bilateral porque se intervendrían los ríos Baker y Pascua, que se originan en lagos binacionales.
Con el fin de entregar todos los antecedentes sobre el proceso de evaluación ambiental del proyecto Hidroeléctrico Aysén de Endesa y Colbún- aún en evaluación- el Consejo de Defensa de la Patagonia, representado por el doctor Hernán Sandoval, presidente de la Corporación Chile Ambiente, se reunió con los miembros de la Comisión Investigadora de Resoluciones COREMAS, que encabeza el diputado Alfonso De Urresti (PS).
El representante ambientalista, que se hizo acompañar de expertos de Natural Resources, indicó que en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de este proyecto -que trata de la construcción y operación de cinco centrales hidroeléctricas (dos en el río Baker y tres en el río Pascua ), ubicadas en la XI Región de Aysén y que tendría una potencia instalada de 2.750 MW - no se están cumpliendo los plazos y el debido proceso que establece la normativa ambiental vigente (Ley 19.300, sobre Bases del Medioambiente).
“Es necesario señalar que once servicios públicos establecieron que el EIA adolecía de carencias muy graves, sobre todo faltaba información esencial sobre la línea de base biológica de donde se iba a establecer el proyecto”, indicó Sandoval.
Agregó que “si la autoridad hubiese considerado las recomendaciones de los diversos servicios públicos en su debida dimensión, lo pertinente era rechazar este EIA por sus enormes carencias de información y de línea base y además porque no proponía mitigaciones acorde con la magnitud de los impactos que producían”.
Asimismo, precisó que “es un proceso que está viciado en la medida que no se contemplaron todas las etapas y en la medida especialmente en que la participación ciudadana, que es un elemento fundamental en procesos y proyectos de tal envergadura, no fue incluida en la forma pertinente. Finalmente no se dio respuesta a las casi diez mil observaciones que hicieron organizaciones ciudadanas regionales y nacionales respecto de ese proyecto”.
Indicó el representante del Consejo de Defensa de la Patagonia que a este tema se suma un aspecto jurídico político que dice relación con el Acuerdo de Recursos Hídricos Compartidos con Argentina, celebrado en el año 1993 y por el cual ambos países se obligan a trabajar en conjunto en un plan o programa de gestión de recursos.
“Como es sabido, las cuencas del Río Baker, que nace en el lago General Carrera, y del Río Pascua, que nace en el Lago O'Higgins, son cuencas compartidas con Argentina y este protocolo estableció que antes de la utilización de los recursos hídricos de estas cuencas tendría que hacerse un acuerdo sobre la utilización de aguas de las cuencas por parte de estos dos países”.
Añadió que “aparte de la formalidad del cumplimiento de las leyes, que nosotros consideramos extraordinariamente importante, existe también un aspecto político porque no sabemos qué uso va a darle a esa cuenca Argentina, en la medida que tiene derechos sobre los recursos hídricos allí establecidos, y de qué manera esos recursos hídricos pueden afectar a los proyectos que se están realizando”.
Por su parte, el presidente de la Comisión Investigadora, diputado Alfonso De Urresti, indicó que “se han vulnerado varias normas del propio ordenamiento constitucional chileno, se ha pasado por alto gran parte de la participación ciudadana, y es esclarecedor, especialmente, la opinión del representante de EE.UU., de las organizaciones que nos han hecho una clara exposición sobre el enorme negocio que va a significar, respecto a la inversión, respecto a las utilidades que va a tener HidroAysén”.
El legislador sostuvo que “nos ha sorprendido también, y por eso hemos adoptado acuerdos para solicitar información a Cancillería, (la información) sobre los recursos hídricos compartidos. Es evidente que cuando se comparten recursos, en este caso con la República de Argentina, no es posible ir adelante con estos proyectos sin una consulta a Cancillería”.
El oficio con estas consultas a la Cancillería fue enviado el pasado 5 de noviembre. “Si no se investiga, si no se analizan todos los aspectos, luego no podemos simplemente echar pie atrás. Por eso hay esperar que siga la discusión. Nosotros como Comisión hemos adoptado varias resoluciones”, indicó el diputado de Urresti.
“Todavía no se ha pronunciado la COREMA regional, no ha emitido la última palabra. Nosotros esperamos seguir aportando antecedentes, estar vigilantes. Hay algunas presentaciones a la Contraloría General de la República, que se tiene que pronunciar sobre el proceso de participación ciudadana”, sostuvo el parlamentario.
Viernes 11 de diciembre de 2009
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS