La exhortación fue planteada por la ministra del TC Marisol Peña en el contexto de un seminario organizado por la Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados.
A una relación “fructífera y productiva” entre el Tribunal Constitucional y el Poder Legislativo llamó la ministra del TC Marisol Peña, sosteniendo además la importancia de hacer un seguimiento a la jurisprudencia de sus fallos para determinar si las normas deben tramitarse o no como leyes orgánicas.
Marisol Peña, quien participó en un seminario organizado por la Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados, planteó que el TC colabora con el Congreso actuando como freno o contrapeso de la función que este ejerce. “Por lo tanto, no hay que entender la labor del Tribunal Constitucional como una suerte de enmendada de la plana de lo que hace el Poder Legislativo sino que entender que, como todos los actos humanos son falibles, siempre hay otro par de ojos mirando y tratando de complementar aquello que se le puede haber ido al Congreso. Es una relación de estrecha cooperación”, enfatizó.
Dijo que es importante que el Parlamento siga día a día la jurisprudencia del TC, por ejemplo, en el control preventivo obligatorio de las leyes orgánicas constitucionales, “porque de allí salen una serie de criterios que le van a permitir al Congreso calificar una norma como propia o no de ley orgánica”.
Otro ministro del TC, Carlos Carmona, también panelista del seminario, recordó que entre ambas instituciones existe una relación normada donde cada procedimiento está establecido y acotado.
El magistrado indicó en todo caso que durante los gobiernos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei los parlamentarios presentaban una cantidad abundante de requerimientos ante el TC, pero esta situación comenzó a disminuir en el gobierno de Ricardo Lagos para terminar decayendo aún más en el de Michelle Bachelet.
“Eso puede deberse a muchos factores: a que se han puesto de acuerdo en la tramitación; también a que, antes, cuando la inaplicabilidad no funcionaba, los derechos de las personas desde el punto de vista constitucional quedaban bastante indefensos frente a una ley”, planteó Carmona.
Para Marisol Peña esta situación puede deberse a que los parlamentarios confían en que cualquier persona que sea parte en un juicio podría denunciar la inaplicabilidad de una ley que está vigente y someterlo al Tribunal Constitucional.
En todo caso, sostuvo que esta responsabilidad jurídica más compartida con toda la comunidad no resta la responsabilidad muy importante que tienen los parlamentarios en el proceso de formación de una norma, para detectar una inconstitucionalidad antes que la ley entre en vigencia.
El prosecretario de la Cámara de Diputados, abogado Miguel Landeros, reconoció que el actual procedimiento legislativo no ha sido actualizado sustancialmente en los últimos setenta años y planteó que existen algunos inconvenientes que sería preciso abordar.
El abogado planteó que para la Cámara es difícil atender sólo a la jurisprudencia del TC para determinar si una norma debe ser considera norma de quórum o no, dado que han existido en el tiempo fallos contradictorios sobre la materia
Al evento también asistió el doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional, Lautaro Ríos, quien se refirió al control correctivo de constitucionalidad de la ley a cargo del TC.
Lunes 26 de abril de 2010
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS