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Sala despacha al Senado proyecto que sanciona no pago de tarifa del transporte público

Publicado el 05 de agosto del 2010

En la votación en particular la Cámara de Diputados eliminó un inciso que excluía a los evasores de la posibilidad de acceder a beneficios sociales del Estado.

En su sesión ordinaria de hoy jueves, la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado un proyecto de ley (boletín 6948) de iniciativa del Gobierno que procura evitar el no pago de la tarifa en los vehículos de la locomoción colectiva.

La propuesta modifica la Ley de Tránsito para elevar de infracción leve a infracción grave el no pago de la tarifa en los vehículos de transporte público, con lo cual las multas pasarían de entre 0,2 y 0,5 UTM a valores de 1 y 1,5 UTM. Asimismo, se reforma la Ley de Juzgados de Policía Local para crear un subregistro de pasajeros infractores por no pago de la tarifa de transporte público remunerado de pasajeros.

La iniciativa se originó en un mensaje del Ejecutivo a propósito de los altos niveles de evasión que registra el sistema de transporte público de Santiago, situación que ha incidido en sucesivos aumentos de las tarifas y en un creciente déficit financiero del Transantiago.

Según el Programa Nacional de Fiscalización del Ministerio de Transportes, entre los meses de marzo de 2009 y febrero de 2010 el porcentaje promedio de usuarios que no pagaron la tarifa de transporte público de la ciudad de Santiago aumentó de un 11,0% a un 17,8%, fenómeno que en la zona sur oriente de Santiago escala hasta niveles del 33%. Tal situación se traduce en una disminución de ingresos del orden de 71 mil millones de pesos en dicho período, es decir un promedio de 6 mil millones de pesos mensuales.

En ese marco, el proyecto presentado busca incentivar el pago de la tarifa en los servicios de transporte público del país mediante un aumento en las sanciones a los evasores y la creación de un sub registro de pasajeros infractores en el actual Registro de Multas de Tránsito No Pagadas.

El texto del Ejecutivo ingresó a trámite el 18 de mayo pasado y aprobado en general por la Cámara el 15 de julio, tras lo cual fue remitida de vuelta a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones para su estudio en particular y la votación de indicaciones, sobre todo después de que varios diputados objetaron un inciso que planteaba que las anotaciones en el registro de infractores sería antecedente a evaluar para recibir beneficios sociales del Estado.

En el debate en la Sala, el diputado René Manuel García (RN), presidente de la Comisión de Transportes, manifestó su respaldo a la iniciativa y agradeció al Gobierno que se haya abierto a suprimir la propuesta de excluir a infractores de beneficios sociales, con la que él no estaba de acuerdo. Enfatizó que es el momento de resolver integralmente las deficiencias del Transantiago aprobando con celeridad las tres iniciativas legales que ha presentado el actual gobierno para ese fin.

El diputado Gustavo Hasbún (UDI) también comprometió su apoyo señalando que, si bien la coerción no es la solución a los problemas, es hora de poner atajo a la impunidad que impera ante la alta evasión del pago del pasaje en el Transantiago, situación que perjudica con las alzas de tarifas a quienes sí sufragan el valor del servicio.

El diputado Hugo Gutiérrez (PC) expresó su rechazo a la iniciativa afirmando que no corresponde que el Estado intervenga en una situación que involucra un contrato entre particulares, es decir entre prestadores de servicios de transporte y usuarios. Objetó también la creación del registro de infractores argumentando que ello constituirá un verdadero “Dicom de los pobres” y subrayó que los problemas sociales no se resuelven con medidas sancionatorias.

El diputado Fuad Chahín (DC) compartió la iniciativa de sancionar a quienes no pagan la tarifa del transporte público pero expresó su desacuerdo con método de ir abordando por partes los problemas del Transantiago en lugar de hacerlo en forma integral. También reclamó el cumplimiento del compromiso de traspasar más recursos a regiones en paralelo a los que se destinan al transporte de Santiago y advirtió que no daría su voto a ningún nuevo proyecto de Transantiago si ello no ocurre.

El diputado Patricio Hales (PPD) manifestó su voto favorable sosteniendo que quien abusa al no pagar un servicio debe ser sancionado pero recalcó que el principio rector para resolver el problema del Transantiago debe ser la eficacia del servicio y no la vía punitiva. Celebró también que se haya descartado la propuesta de excluir de beneficios sociales a los infractores, idea que calificó de medieval, y llamó al Ministro de Transportes a exigir a los empresarios y operadores a que hagan lo suyo en el control de la evasión.

El diputado Alfonso De Urresti (PS) se mostró contrario al proyecto calificándolo de centralista y cuestionó el registro de infractores porque a su juicio se transformará en un verdadero “Dicom del Transantiago” que afectará a los más humildes. Junto con criticar que el Estado intervenga para sancionar a usuarios de un servicio que prestan operadores privados, el parlamentario opinó que es preferible estatizar de una vez el sistema de transporte.

El Ministro de Transportes, Felipe Morandé, recordó en la Sala que este proyecto es parte de una tríada de iniciativas legales con las que el Gobierno del Presidente Piñera busca resolver los problemas en este ámbito, que incluyen además el proyecto para modificar el régimen jurídico del transporte público concesionado (en trámite en el Senado) y el que aumenta el subsidio nacional transitorio al transporte público remunerado de pasajeros (recién presentado en la Cámara).

Además, el secretario de Estado recordó que en las iniciativas en trámite se incorporan incentivos para reducir el no pago de la tarifa pero, haciéndose eco del planteamiento de algunos parlamentarios, anunció que el Gobierno está evaluando la posibilidad de aplicar multas a los operadores que registren niveles excesivos de evasión.

Finalmente, la Sala de la Cámara, en votación en particular, aprobó la iniciativa con 66 votos a favor, 15 en contra y 8 abstenciones, despachándola al Senado para que cumpla segundo trámite constitucional.