Cámara de Diputados de Chile

Al inaugurar este lunes el seminario “A un Año de la Ley de Transparencia: evaluación ciudadana de las autoridades públicas”, la presidenta de la Cámara de Diputados, Alejandra Sepúlveda, recordó que la reforma constitucional del 2005, puntualmente en el artículo 8.o de la Carta Fundamental, estableció el carácter publico de los actos y resoluciones de los órganos del Estado y la posterior Ley 20.285 consagró como principio universal el pleno acceso a la información pública en poder de la administración del Estado.

El Seminario se realizó en el Salón O"Higgins de la Cancillerí­a, en Santiago, y contó con la participación del Presidente de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara, diputado Marco Antonio Núñez; el presidente de la misma instancia en el Senado, senador Hernán Larraín; el Ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet; el Presidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia; y el Presidente del Capí­tulo Chileno de Transparencia Internacional, Juan Carlos Délano.

“Estamos ante un cambio de paradigma y un cambio cultural importante en el quehacer de la administración pública, por lo tanto las organizaciones sociales y los ciudadanos deben practicar este derecho con rigor y prudencia para no arriesgar su prestigio, la institucionalidad y el capital de confianza pública”, indicó la parlamentaria.

Hizo hincapié que el Congreso Nacional, como actor relevante y protagonista de esta ley, no podía estar ausente en un tema que no tiene que ver sólo con lo político sino con una demanda permanente de los ciudadanos. En tal sentido destacó que la Cámara de Diputados se encuentra adecuando sus normas y reglamentos internos a las exigencias de la normativa sobre transparencia, recogidas en la reciente reforma de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, que entró en vigencia el 7 de julio último

Precisó que un cambio significativo es el nuevo ámbito de responsabilidad que la Ley del Congreso fija a las comisiones de ética y transparencia de cada una de las cámaras, pues serán ellas las deben velar, de oficio y a petición de un parlamentario, por el respeto de los principios de probidad, transparencia y acceso a la información pública.

“La Ley Orgánica del Congreso nos mandata la creación de un Consejo de Asignaciones Parlamentarias y un Comité de Auditoría Parlamentaria autónomo, sistemático y pluralista que nos permitirá tener un sistema de control y al mismo tiempo de transparencia, algo que sin duda nos están reclamando permanentemente los ciudadanos”, indicó la presidenta de la Cámara.

“Tenemos hoy además el nuevo desafío, muy complejo, de ser capaces de comunicar a la ciudadanía y a los medios la complejidad de la labor parlamentaria con pleno respeto a los principios de transparencia y acceso a la información pública, pero al mismo tiempo resguardando las condiciones de funcionamiento que permitan a los representantes populares adoptar sus decisiones libre y soberanamente”, sostuvo la diputada.

“No hay una postura única en este punto y me alegro que no exista. El consenso que podamos alcanzar debe reflejar nuestra determinación de hacer compatible nuestra normativa interna de la Ley 20285 como las exigencias que impone el funcionamiento legislativo libre, soberano y eficiente”, añadió.

La titular de la Cámara señaló que esta institución enfrentará este desafío con pleno apego a la ley y al espíritu de las normas e instituciones pro transparencia, buscando también continuar liderando la incorporación de buenas prácticas en materia de transparencia.

“Queremos abrir el Congreso a la discusión y participación ciudadana. Se dice que el Congreso escucha a pocos y escucha siempre a los mismos, por eso la idea es que no sea así y que podamos escuchar a distintos actores. Por eso queremos crear una red ciudadana, no solo a partir de las ONG sino también de organizaciones de base como juntas de vecinos, comités de vivienda, en fin, la gente que permanentemente está ocupando las leyes de este país”, enfatizó la diputada Sepúlveda.

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