CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Por no reunir una mayoría de votos favorables, la Sala de la Cámara de Diputados rechazó hoy el Informe presentado por la Comisión Especial que investigó la capacidad de respuesta de autoridades e instituciones frente al terremoto y maremoto que sacudió a la zona centro sur del país el 27 de febrero del año pasado, con un saldo de medio millar de víctimas fatales y millonarios daños en viviendas e infraestructura pública.

La Comisión Investigadora fue solicitada por 49 diputados y aprobada por la Sala el 9 de marzo de 2010. El mandato que se le confirió fue el de investigar el estado actual de nuestra institucionalidad en relación a su capacidad de respuesta frente a desastres naturales, a partir del terremoto y tsunami que azotaron a varias regiones del país el pasado 27 de febrero.

La instancia especial se constituyó el 13 de abril de 2010 y eligió como su presidente al diputado Jorge Ulloa (UDI). Para cumplir con su cometido celebró 26 sesiones ordinarias y especiales, recibió el testimonio de 26 expositores, despachó más de 200 oficios requiriendo información y evacuó su informe final el 6 de septiembre de 2010, con la aprobación de siete votos a favor y seis en contra.

En el capítulo de conclusiones, el informe de la Comisión Especial planteaba, a partir de los antecedentes y testimonios reunidos en la investigación, que las falencias mostradas por la institucionalidad en materia de protección civil se debieron en gran medida a la incapacidad que tuvo la Oficina Nacional de Emergencia para afrontar la situación. Precisaba que ello se evidencia en el desconocimiento de los protocolos y del plan nacional de emergencias que se evidenció en la ONEMI la madrugada del 27 de febrero, la carencia de idoneidad profesional de quienes se encontraban de turno ese día, la falta de iniciativa ante la incoherencia de la información entregada por el SHOA y las deficiencias del sistema de comunicaciones.

Agregaba que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) tuvo un desempeño completamente ineficiente al cancelar la alerta de tsunami que se dio en un primer momento, a raíz de la incorrecta actuación de su director en base a antecedentes falsos que arrojaron sus instrumentos y que confirmarían la mala situación del servicio.

En otra parte del documento, la Comisión Investigadora evaluó el desempeño de autoridades e instituciones frente a la catástrofe.

En ese marco señalaba que “a pesar de observar personalmente los saqueos y robos producidos en Constitución y contar con vasta información sobre las distintas situaciones de desorden social en las regiones afectadas, la ex Presidenta (Michelle Bachelet) posterga sin razón explicable la decisión de decretar estado de excepción constitucional”.

Se agregaba que el entonces ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, “actuó con desidia, sin capacidad de liderazgo y estuvo absolutamente al margen de la catástrofe, pese a que la ONEMI estaba bajo su tutela, lo que fue fundamental en el pésimo desempeño de esa repartición pública”.

Respecto del ex ministro de Defensa, Francisco Vidal, se concluía que “si bien la decisión de decretar estado de excepción no recae en él, debió insistir con mayor tenacidad a la Presidenta Bachelet para que firmara los decretos respectivos”.

El Informe expresaba que el ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, no veló por la implementación y difusión de los planes de emergencia y el cumplimiento de las medidas preventivas para salvaguardar a la población civil en caso de catástrofe pero se destacó positivamente que haya sido el primer personero de gobierno que se presentó en ONEMI minutos después del terremoto y la participación destacada que tuvo en las horas y días posteriores al mismo.

Los juicios más críticos de los diputados se centraron en la ex directora nacional de la ONEMI, Carmen Fernández, sobre quien manifestaron que fue la jefa de servicio que mostró mayor cantidad de falencias durante la madrugada del terremoto.

“Sorprende su desconocimiento de los procedimientos, no sólo por su calidad de directora del servicio, sino también porque ocupó el cargo de jefa del departamento de Protección Civil de la ONEMI años antes. No asumió en plenitud sus funciones como coordinadora nacional del sistema de protección civil, mostrando desconocimiento, inoperancia y una falta de preparación para el cargo, teniendo en consideración que ella estaba llamada a ser quien encabezara en términos técnicos el sistema”, puntualizaba el Informe sobre la ex funcionaria.

Más adelante se hacía referencia a la actuación de la Armada, partiendo por el papel que jugó el SHOA y su director, capitán de navío Mariano Rojas -que fue dado de baja-, de quien se decía que “demostró ineficiencia, imprudencia y poco criterio al dar de baja la alerta de tsunami, desconociendo las variables empíricas que se le presentaron”.

Respecto de la Armada se expresaba en el Informe que “la falla en las comunicaciones de una institución que no sólo debe velar por la seguridad externa, sino también interior, es unos de los puntos preocupantes que emanan de esta investigación”.

En relación a la Fuerza Aérea, se hacía referencia a la inoperatividad que presentaba el helicóptero presidencial en las primeras horas de la tragedia porque no existían pilotos disponibles en la base área y se concluía que “es indispensable que la FACh disponga una solución inmediata a esta situación”.

También los diputados planteaban un reproche a la Contraloría General de la República por deficiencias fiscalizadoras en la implementación del Plan de Protección Civil y la detección de irregularidades y deficiencias en el funcionamiento de la ONEMI en términos de no requerir información ni ordenar sumarios.

Junto con los cuestionamientos mencionados, el Informe de la Comisión Investigadora también valoraba y hacía un reconocimiento a la acción de ciertas instituciones en los momentos inmediatos tras la catástrofe y en los días posteriores en términos de auxilio a las víctimas, brindar seguridad a la ciudadanía y colaborar activamente en la reconstrucción. Mencionaba explícitamente entre ellas a Bomberos, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las Fuerzas Armadas y Gendarmería, esta última particularmente por evitar fugas de reos tras la destrucción de algunos recintos penales.

Finalmente, la instancia formulaba una serie de propuestas de mejora para estar preparados para futuras catástrofes, entre las que detallaron la modernización de la ONEMI, el perfeccionamiento de la red de comunicaciones, la inclusión de las Fuerzas Armadas en los protocolos de emergencia, mayor coordinación de las estructuras de gobierno interior (intendencias, gobernaciones y municipios), autonomía tecnológica del SHOA, más recursos para el servicio sismológico de la Universidad de Chile, autonomía energética (generadores en las principales instituciones públicas) y una modificación constitucional para que autoridades políticas regionales y provinciales puedan disponer de las FF.AA. en su jurisdicción en situaciones de emergencia en que no tengan comunicación con el nivel central.

Por otra parte, el Informe consignaba las conclusiones planteadas por la propuesta de minoría de los diputados de oposición que integraron la Comisión Especial.

En dicho texto se ponía de relieve “el protagonismo de la Presidenta Michelle Bachelet desde la primera hora de ocurrido el terremoto, su presencia en la ONEMI, su insistencia frente a quienes no aportaban la información que se requería, su disposición inmediata para trasladarse a la zona del epicentro y su capacidad para hacerle sentir a los afectados la presencia solidaria de un país conmovido hasta sus cimientos por la catástrofe del 27 de febrero”.