Con 35 votos a favor, 32 en contra y 4 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados rechazó el informe de la Comisión Especial que investigó presuntas irregularidades en el programa Orígenes y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena entre los años 2006 y 2010.
La creación de la instancia investigadora fue aprobada por la Sala de la Cámara el 8 de junio del 2010 con el mandato de “analizar el funcionamiento, entre los años 2006-2010, del Programa Orígenes, el cumplimiento de sus objetivos, la eficacia en la utilización de sus recursos, un catastro de las comunidades beneficiarias y determinar la efectividad de las denuncias relativas a irregularidades en la adquisición de terrenos, sobreprecios en sus pagos y en general toda posible ilicitud o irregularidad en la ejecución de sus fines”.
La acción investigadora incorporó además la revisión de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y el Ministerio de Planificación en el cumplimiento de las políticas indígenas y rurales.
La Comisión, que fue presidida por el diputado José Manuel Edwards, celebró una reunión constitutiva, doce sesiones ordinarias y una sesión especial en la ciudad de Temuco, contabilizando un total de doce sesiones, entre el 28 de julio de 2010 y el 5 de enero de 2011.
Ante el grupo parlamentario comparecieron 46 personas, entre ellos el ex ministro comisionado para asuntos indígenas, José Antonio Viera-Gallo; el contralor general de la república; directivos, consejeros y funcionarios de la CONADI; alcaldes de comunas de la Araucanía; representantes del BID y dirigentes de diversas comunidades mapuches.
La Comisión concluyó su trabajo aprobando un informe de mayoría --por cinco votos de la Alianza contra uno de la Concertación-- donde se denuncian graves anomalías en el proceso de asignación de beneficios en el concurso de tierras y en compras directas de predios, además de la falta de rendición de cuentas por 4.561 millones de pesos en el programa Orígenes.
El Informe atribuye responsabilidades políticas por las irregularidades al ex ministro Viera-Gallo, a quien acusa de haber actuado “con irresponsabilidad al contribuir en la generación de expectativas de adquisición de tierras por más hectáreas que las razonablemente disponibles”. En opinión de los autores del documento, dicha actitud “es una de las causales que han aumentado la violencia en la Araucanía durante el año 2010”.
En el debate del informe en la Sala participaron los diputados Joaquín Tuma (PPD), José Manuel Edwards (RN), María Antonieta Saa (PPD) y Pepe Auth (PPD).
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS