La iniciativa, cuya primera etapa ya fue aprobada por el Consejo de Ministros, se desarrollaría en Isla Riesgo, Región de Magallanes.
Un grave conflicto de interés acusó el diputado Enrique Accorsi (PPD), miembro de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, por parte del Presidente Sebastián Piñera y algunos de sus secretarios de Estado con el proyecto carbonífero de Isla Riesco, ubicada en la Región de Magallanes, y cuya primera etapa ya fue aprobada por el Consejo de Ministros.
El diputado señaló que la Minera Isla Riesco es una sociedad anónima cerrada, constituida en 2006, cuyos accionistas, en partes iguales, son Empresas COPEC S.A. e Inversiones Ultraterra Ltda. “Lo anterior es preocupante si se toma en cuenta que el Presidente de la República, Sebastián Piñera, es uno de los mayores accionistas individuales de empresas COPEC, tal como cualquiera puede comprobar en su declaración de patrimonio, expedida el 4 de abril de 2010”, afirmó Accorsi.
De acuerdo a ese documento, Piñera posee 785.609 acciones de la ex empresa estatal distribuidora de combustible, privatizada por Hernán Büchi, cantidad que a la fecha de publicado, equivalía a 4.543 millones de pesos, unos 9,7 millones de dólares al día de hoy.
“Peor aún, el Presidente de la República respaldó públicamente el proyecto de la Minera Isla Riesco, el pasado 5 de noviembre, al incluirlo dentro del Plan Magallanes”, enfatizó.
Accorsi sostuvo que sus ministros también tienen intereses creados en el proyecto, ya que el actual Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, ocupaba un asiento en el directorio de empresas COPEC, mientras que en el de Quiñenco, se sentaba el actual Ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine y de AES Gener, estaba el biministro de Minería y Energía, Laurence Golborne.
“Me parece impresentable que un Presidente salga apoyando y pidiendo agilizar la tramitación de un proyecto que está sujeto a Evaluación Ambiental, siendo accionista de una de las empresas, y que sus ministros también tengan intereses económicos en estos proyectos. Estas personas no deberían participar en estas decisiones por estar involucradas en cargos del Gobierno y hacerlo me parece una vergüenza pública”, aseguró Accorsi.
El parlamentario agregó que “el hecho de que en virtud del fideicomiso ciego, los créditos de estas inversiones no se depositen mensualmente en sus cuentas corrientes, no significa en modo alguno de que se prive de ejercer influencias los negocios de su interés”.
El parlamentario manifestó que el cambio de institucionalidad ambiental del país es una “farsa”, pues los votos de las comisiones regionales siguen siendo políticos y no técnicos, predominando el beneficio económico de los privados y no el bien común. Estimó, además, que, “si nuestro país tuviese una institucionalidad ambiental consolidada, un proyecto como la extracción de carbón en Isla Riesco no podría ser aprobado, no sólo por el irreparable daño al medioambiente, sino que por los numerosos conflictos de interés involucrados”.
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