La legisladora expresó que “los derechos de aguas que poseen las empresas sanitarias es sólo para hacerlas potables y una vez usadas pasan a ser derrames, perdiendo el derecho sobre ellas”.
Junto a un grupo de Presidentes de Asociaciones de Canalistas y Regantes de la Provincia de Melipilla, la parlamentaria se entrevistó con la Superintendente de Servicios Sanitarios (SISS), Magaly Espinoza, para solicitarle una nueva interpretación de la ley que faculta a las sanitarias para vender las aguas servidas-tratadas. Sin embargo, la propia normativa vigente las obliga a devolverlas a su cauce natural. De ahí que en los próximos días se pronunciará la Corte Suprema.
La diputada Denise Pascal (PS), integrante de la Comisión de Agricultura de la Cámara, le planteó a la autoridad de la SISS que existen estudios legales y técnicos que establecen que los derechos de aguas que poseen las empresas sanitarias es sólo para hacerlas potables y una vez usadas pasan a ser derrames, perdiendo el derecho sobre dichas aguas.
De esta forma, las sanitarias no estarían autorizadas para vender las aguas a los canalistas. Sin embargo, Magali Espinoza explicó que “mi interpretación hoy día es que la actual legislación justifica la interpretación que hasta el momento ha dado la Superintendencia”, sin embargo, agregó que “no obstante hay que analizar los escenarios que se generan con la escasez hídrica. Por lo tanto, hay que evaluar su efecto y como esta medida que está en cuestión, puede afectar a otros sectores y por eso hay que escuchar lo que dicen los otros sectores”.
Al respecto, la diputada Pascal instó a la Superintendencia a hacer una revisión más exhaustiva de la situación que se vive, insistiendo en que estudios revelan que no hay derechos consultivos una vez que pasan a ser derrames. A su juicio, “éste es un tema que sobrepasa las atribuciones de la SISS y hay que buscar un apoyo directo de una instancia política, porque estamos hablando de políticas de Estado, donde el Gobierno debe proteger la agricultura de nuestro país, porque con el actual sistema no lo está haciendo”.
Es por ello que anunció que “si es necesario recurriremos hasta el Presidente de la República, porque es imperioso explorar la posibilidad de interpretar la ley de una manera positiva para los agricultores”.
Según informó la diputada Pascal, los afectados directos e indirectos por la medida que podría ser revertida por la Corte Suprema, son cerca de 800 mil personas a nivel porcentual nacional y sólo en la zona del Valle de Curacaví y Mapocho-Maipo, de la provincia de Talagante y Melipilla, se han visto perjudicadas 120 mil hectáreas.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS