Los diputados autores de la iniciativa reconocen algunas debilidades en la Ley Antiterrorista, como la posibilidad de recabar pruebas a través de testigos y peritos protegidos (sin rostro), los que admiten que se les otorgue una contraprestación económica, desnaturalizando así, la esencia de la prueba testimonial.
El proyecto de ley (boletín 7610) fue presentado por los diputados Sergio Aguiló (PS), Lautaro Carmona (PC), Alfonso De Urresti (PS), Cristina Girardi (PPD), Hugo Gutiérrez (PC), Carlos Abel Jarpa (PRSD), Tucapel Jiménez (PPD), Sergio Ojeda (DC) y Alberto Robles (PRSD).
La moción señala que el tratamiento legal del “terrorismo”, es un tema equívoco desde la perspectiva de su definición, dándose diferentes definiciones en los distintos países las cuales suelen ser inexactas.
En el caso chileno, la situación es más compleja si se consideran las imperfecciones técnicas y el déficit de garantías ante la regulación del sistema de derechos humanos, que adolece la Ley Antiterrorista, la que tiene su génesis en el año 1984.
Es en este contexto, que el proyecto plantea la eliminación de una de las medidas procesales extraordinarias contempladas en esta ley para el tratamiento del "terrorismo" y que consiste en la posibilidad de recabar pruebas a través de testigos y peritos protegidos (sin rostro), los que a su turno admiten que se les otorgue un contraprestación económica, lo que desnaturaliza la esencia de la prueba testimonial, es decir, la imparcialidad de quién depone.
De ahí que un régimen procesal como éste -señalan los autores del texto legal- más que una herramienta útil fomenta el soplonaje a cambio de dinero, la fabricación de pruebas que no pueden ser debidamente apreciadas por los intervinientes en especial por la defensa, o bien, que se admitan vicios como la declaración como testigos protegidos los que tengan o hayan tenido el carácter de imputado en el delito que se investiga.
El proyecto de ley es analizado por la Comisión de Constitución.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS