Integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, junto a una Misión de Observación que en abril revisó las condiciones de detención de dichos imputados en la Cárcel de Alta Seguridad, reclamó el cierre de dicho recinto penal y una reforma radical de la Ley Antiterrorista.
Los diputados Hugo Gutiérrez (PC) y Tucapel Jiménez (PPD) se reunieron ayer en la sede del Congreso Nacional en Santiago con familiares y abogados de los imputados por el llamado “caso bombas”, para dar a conocer un informe de una Misión de Observación de organizaciones de derechos humanos que constató en abril pasado las severas condiciones de encierro que sufrieron dichas personas en la Cárcel de Alta Seguridad.
Los catorce imputados (doce hombres y dos mujeres) son acusados por la el Ministerio Público de la colocación de artefactos explosivos en diversos inmuebles de instituciones públicas y privadas. Fueron detenidos en agosto de año pasado y permanecieron ocho meses privados de libertad hasta que en mayo se les otorgó arresto domiciliario. Actualmente la causa se encuentra en audiencia de preparación del juicio oral.
Un conjunto de organizaciones de derechos humanos (Observatorio Ciudadano, Codepu, Comisión Ética contra la Tortura, Cintras, Comisión Chilena de Derechos Humanos) conformaron una Misión de Observación para verificar las condiciones de detención de los imputados en la unidad especial de alta seguridad de la Cárcel de Alta Seguridad. La visita se realizó el 2 de abril pasado y, de acuerdo al informe elaborado, se constataron periodos de encierro de 22 horas, allanamientos corporales denigrantes a quienes los visitaban y tomas de muestras de sangre a la fuerza, entre otras situaciones.
El abogado Mauricio Daza, defensor de uno de los imputados, afirmó que los éstos han estado sometidos a un proceso injusto, plagado de irregularidades procesales de parte del Ministerio Público, y además habrían sido objeto de tortura. Agregó que en esta causa ya han sido desechadas 4.550 pruebas de un total de siete mil durante la audiencia de preparación del juicio oral y aún restan dos semanas de esta fase.
El diputado Hugo Gutiérrez sostuvo que el informe entregado ratifica que a su juicio “la situación de ilegalidad e injusticia en que se les ha tenido privados de libertad e incoado un proceso a estas personas”.
“En una sociedad civilizada con estado de derecho y un ordenamiento jurídico democrático estas cosas no deberían ocurrir, pero están ocurriendo en Chile cotidianamente. A través de este caso queremos dar cuenta de una situación de injusticia generalizada por la cual atraviesan cientos de chilenos recluidos en estas cárceles de máxima seguridad. Hay que cerrar ese penal porque no hay justificación alguna que amerite que haya personas en celdas individuales por 22 horas, en condiciones de insalubridad, como este informe arroja”, puntualizó.
También cuestionó la aplicación de la Ley Antiterrorista señalando que “fue diseñada en los tiempos de la dictadura pero fue profundizada en los tiempos de la Concertación para enjuiciar discrecionalmente a cualquier persona por delito terrorista. Aquí hay un tema que hay que cambiar, así como también corregir este curso casi delictual del estado chileno”.
El diputado Tucapel Jiménez, junto con reafirmar que a su juicio la Ley Antiterrorista no pasa ningún test democrático en ningún país del mundo, manifestó que “como Poder Legislativo tenemos una deuda pendiente y un desafío, que nos recomienda este informe, de poder fiscalizar la independencia con que deben actuar los cuerpos legales”.
“Este informe lo vamos a llevar el miércoles a la Comisión de Derechos Humanos para consensuarlo con el resto de los colegas y ver la posibilidad de patrocinar una comisión investigadora para ver la real independencia de la justicia chilena”, indicó el parlamentario.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS