CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Maltrato, uso desmedido de la fuerza policial y detenciones arbitrarias en las manifestaciones sociales son algunas de las denuncias que entregaron a la Comisión de Derechos Humanos un grupo de Observadores, compuesto por diversas organizaciones civiles.

El diputado Nino Baltolu (UDI) explicó que el grupo de Observadores de Derechos Humanos focalizó su trabajo en las últimas marchas, saliendo a la calle junto con los manifestantes y tomando cuenta del comportamiento de las policías en el desarrollo de las mismas, particularmente, de las fuerzas especiales, durante los actos represivos de los desórdenes.

El legislador relató que la agrupación entregó algunos detalles de su informe, en el cual se aprecia una fuerte crítica al comportamiento de la policía y en donde se acusa un abuso de sus atribuciones.

El diputado reconoció la importancia de escuchar y tomar nota del trabajo de estas organizaciones, que buscan garantizar el respeto de los derechos humanos, pero llamó también a considerar en los estudios las fuentes de origen de los desórdenes que se asocian a estas manifestaciones. Asimismo, estimó que es necesario un perfeccionamiento al sistema judicial, que permita que los culpables de los desmanes puedan ser, efectivamente, procesados.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, diputado Sergio Ojeda (DC), informó que la instancia recibió este completo informe sobre el accionar de la policía en las últimas manifestaciones estudiantiles y sociales registradas en el país, de los observadores civiles, quienes insistieron en el registro de "maltrato, detenciones ilegales y abusos por parte de Carabineros".

Ojeda agregó que "el informe contiene una profunda crítica, señalando que se han violado derechos fundamentales, utilizando métodos que no son disuasivos, sino represivos, lo que nos preocupa pues estas mismas denuncias ya han sido explicitadas en la ONU, coincidiendo plenamente con la existencia de una fuerte represión a los manifestantes".

El parlamentario señaló que solicitará al Ministro del Interior que responda a estas denuncias y "exigiremos que se adopten todas las medidas respectivas para que se corrijan estos abusos, los antecedentes entregados son contundentes".

Detalles del Informe

Según especifica el documento entregado a la Comisión, las organizaciones participantes de la actividad denominada “Observadores de Derechos Humanos” se motivó “a partir de los graves hechos de violencia policial ejercida contra los estudiantes movilizados desde mayo de este año a la fecha”.

En primer lugar, el texto da cuenta de la muerte del menor de 16 años, Manuel Gutiérrez, por disparos efectuados por Carabineros. Si bien reconocen que en el hecho desarrollado en la comuna de Macul no hubo observadores de la agrupación, destacan que el suceso refleja una clara situación en que hubo un uso desmedido de la fuerza y de amedrentamiento hacia la población civil, en un contexto de protesta.

En esta línea, precisaron que hubo constatación de uso de armas de fuego, disparo de balines, lanzamientos de gases lacrimógenos desde helicópteros, atropellamiento de personas con motos policiales, carros lanza aguas, radio patrullas, uso de policías a caballo para atacar a los manifestantes y ataques de perros policiales azuzados por sus amos.

“Nadie podría decir que todos estos métodos usados son elementos disuasivos utilizados por cualquier policía del mundo. Es simplemente un despliegue de la fuerza policial utilizando todos los elementos de los que les ha dotado el Estado, que bien podrían estar destinados a sofocar situaciones mucho más graves que una simple, pero masiva marcha de jóvenes sin armas o de dueñas de casa, tocando cacerolas a modo de protesta. Todo ello, reafirma nuestra tesis de la existencia de un diseño represivo que dista mucho del objetivo de mero resguardo del llamado 'orden público'”, explicitaron en el documento.

A seguir, el informe relata diversos casos específicos que dan cuenta detallada de sus observaciones, dentro de las cuales se encuentran el uso de balines en contra de estudiantes en marchas estudiantiles; casos que calificaron como tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, como golpes en los genitales femeninos o masculinos; uso desmedido de la fuerza; y detenciones arbitrarias.

Finalmente, se menciona en un último capítulo las demandas dirigidas al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, siendo algunas de ellas: exigir al Estado chileno la tipificación en la normativa penal interna del delito de tortura, crimen de lesa humanidad, tal como lo mandata la Convención Internacional que sanciona dicho crimen; exigir al Estado chileno el funcionamiento de una Comisión Nacional Investigadora sobre tortura y otros tratos crueles, inhumanos y/o degradantes; y demandar al Estado chileno adoptar las medidas pertinentes que permitan investigar y sancionar los atropellos sufridos por adolescentes, menores de edad y jóvenes en el marco de las movilizaciones estudiantiles.

Ex Presos Políticos del Biobío

El diputado Nino Baltolu informó que la Comisión también recibió en audiencia a la Organización de ex presos políticos y exonerados del Biobío-Los Ángeles, quienes solicitaron a la instancia que interceda ante el Gobierno con el objeto de dar cumplimiento a una histórica deuda de retribución.

Según especificó, la agrupación ganó en los tribunales un juicio en contra del Estado de Chile por medio del cual éste se compromete a un pago indemnizatorio, sin embargo, precisó, dicho monto no ha sido cancelado y los potenciales beneficiados van muriendo sin que se tenga claridad sobre la concretización del evento.

“En este sentido, la Comisión acordó oficiar al Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, para ver qué acciones se puede impulsar para atender la situación de estas personas”, informó el legislador.