La iniciativa –que fue despacha a la Sala- interpreta un artículo de la Ley General de Servicios Sanitarios, fijando que solamente el agua que las empresas manejen y traten con el fin de entregar el suministro de agua potable a sus clientes, pueden permanecer en las empresas, el resto tienen que dejarlas correr por su curso natural.
La Moción de las diputadas Denise Pascal (PS) y Adriana Muñoz (PPD) –y que contó con el apoyo de los diputados Pedro Pablo Alvarez-Salamanca (UDI), Ramón Barros (UDI), Fuad Chahín (DC), Javier Hernández (UDI), Enrique Jaramillo (PPD), Rosauro Martínez (RN), Jorge Sabag (DC) e Ignacio Urrutia (UDI)- interpreta el artículo 61 del D.F.L. N° 382, de la Ley General de Servicios Sanitarios, respecto a la comercialización de aguas servidas (boletín 7583).
En su última sesión, los parlamentarios de la Comisión de Agricultura recibieron al Presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios, Guillermo Pickering, quien expuso sobre las aprensiones a esta iniciativa legal, reafirmando su postura que las aguas que ellos tratan son de su propiedad, por lo tanto, se oponen a la interpretación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y a esta moción que establece la restitución de estas aguas a su cauce natural en caso que exista sobrante de ellas, considerándola inconstitucional.
“Ellos insisten en que los derechos de agua son ocupables en el 100%, por lo tanto, en este tratamiento las aguas les pertenecerían. Nosotros tenemos otra interpretación respecto del 100% de las aguas que ellos potabilizan y entregan como servicio a los usuarios, ya que el hecho de que los usuarios hayan usado esta agua, también están pagando los mismos usuarios para que se traten y se limpie esta agua para que se depositen al caudal originario, por lo tanto, tenemos una profunda diferencia”, expresó el presidente de la entidad legislativa, Javier Hernández (UDI).
Tras escuchar al representante de las empresas de servicios sanitarios, los parlamentarios procedieron a votar la iniciativa legal, aprobándola por unanimidad en general y en particular, despachándola a la Sala para su debate, designándose como diputada informante a la diputada Denise Pascal.
El diputado Hernández expresó que se trata de una ley interpretativa que recoge el planteamiento de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, esto es, que “queda dentro de los derechos de agua de los agricultores, las aguas servidas y tratadas. La verdad es que esta ley viene a corroborar ese pensamiento de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, por lo tanto, estamos muy contentos. Este es un trámite y una necesidad de los agricultores muy sentida, y que hoy día se está concretando y esperamos que en la Sala pueda tener la misma aprobación”.
En la misma línea, la diputada Adriana Muñoz valoró la aprobación de la iniciativa indicando que “queremos dejar claramente establecido que las aguas que son usadas por las sanitarias son aguas que solamente pueden ser usadas por ellas en el suministro de servicio a los clientes, de los servicios de agua potable, sin embargo el resto de las aguas, los derrames de agua, lo que sobre, ellos no pueden usarla en otras actividades comerciales de las empresas sanitarias, sino que tienen que ser destinadas y dejar su cauce correr hacia los agricultores, a quien pertenecen las aguas por los cauces de los ríos”.
“Aquí lo que queremos es de verdad terminar con esta situación que ha sido bastante conflictiva, entre fallos de la Contraloría y fallos de los Tribunales, fallos de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, y que establecen que las sanitarias pueden usar toda el agua que tengan sin establecer que lo que sobre no pueden quitarlo a los agricultores. Porque hoy día lo que va a suceder con la escasez de agua, con la sequía, las sanitarias van a concentrar el agua, y esto no va a permitir el derrame necesario para que sigan su curso y los campesinos puedan regar, los pequeños agricultores fundamentalmente”.
A lo que agregó que “lo que estamos fijando es que solamente el agua que ellos sirvan y traten con fines de entregar el suministro de agua potable a los clientes, a los usuarios, pueden permanecer en las empresas, el resto tienen que dejarlas correr su curso natural”.
Finalmente el diputado Hernández señaló que “esperamos que no surjan inconvenientes en el transcurso de la tramitación de tal manera que se pueda solucionar los problemas que se producen en todos los lugares donde existen ciudades con sistema de tratamiento de aguas servidas -fundamentalmente en el valle central de Chile- y donde haya agricultura hasta la costa. Por lo tanto, es ahí donde se produce este problema y este fenómeno se ve con fuerza en la zona de Copiapó y en la zona de la Región Metropolitana”.
Agregó que las aguas tratadas sobrantes “no son de propiedad ni de los consumidores ni de las empresas, por lo tanto, tiene que ser restituido al cauce natural, y ese fue la lógica que imperó en la Comisión de Agricultura”.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS