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Publicado 28/03/2012 15:00:52

Cámara exige cumplir la ley que protege derechos morales y patrimoniales de artistas

La iniciativa fue aprobada por los diputados en apoyo a los actores que ven vulnerados sus derechos por el incumplimiento de los canales de televisión del pago por retransmisión de los programas en que han participado.

La iniciativa fue aprobada por los diputados en apoyo a los actores que ven vulnerados sus derechos por el incumplimiento de los canales de televisión del pago por retransmisión de los programas en que han participado.

El proyecto de acuerdo N° 526, aprobado por 43 votos, respalda a los actores e intérpretes audiovisuales y exige el cumplimiento sin dilaciones de la ley 20.243 por parte de los canales de TV y de los operadores de cable, como parte de la protección de sus derechos intelectuales.

La ley 20.243, vigente desde el 5 de febrero de 2008, protege los derechos patrimoniales e intelectuales de los artistas intérpretes y ejecutantes audiovisuales. “Los actores y actrices exigen en forma legítima que los grandes conglomerados televisivos así como los operadores de cable respeten sus derechos de propiedad intelectual y cumplan con la legislación vigente”, indica la iniciativa.

En ese sentido, el artículo 3° de la mencionada ley establece el pago irrenunciable de una remuneración por el uso y reproducción de soportes audiovisuales en los que se encuentren fijadas sus interpretaciones o ejecuciones audiovisuales.

“Hemos tomado conocimiento de este impresentable incumplimiento y compartimos las legítimas demandas de los actores y demás intérpretes audiovisuales”, señala el texto, agregando que “todos, por igual, debemos cumplir las leyes”.

En ese sentido, la iniciativa indica que “en el caso de los canales de TV abierta, nos hemos enterado que a los artistas en la lucha por exigir el respeto de sus derechos se les ha amenazado con el cierre de áreas dramáticas, con la rebaja de sus sueldos y con la reducción de elencos”.

“La Cámara de Diputados rechaza y debe rechazar siempre este tipo de abusos, que atentan claramente contra la normalidad de un Estado de Derecho”, concluye el proyecto de acuerdo.