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Moción obliga a realizar examen psicológico a imputados por delitos sexuales contra menores
Publicado el 20 de julio del 2012
El objetivo de la medida es tener certeza de si la libertad del imputado representa o no un peligro para la sociedad.
En la búsqueda de establecer con claridad si un imputado por delitos sexuales contra menores representa o no un peligro para la sociedad al ser puesto en libertad, diputados de diversas bancadas presentaron un proyecto que obliga a realizarles un examen psicológico.
La iniciativa (boletín 8445), reforma el Código Procesal Penal, establece que tratándose de delitos de acción sexual contra menores, para establecer si la libertad del imputado representa o no un peligro para la seguridad de la sociedad, el juez deberá exigir el pronunciamiento del Servicio Médico Legal, a fin de establecer su perfil psicológico, en relación con la conducta o hecho investigado. En el intertanto, el juez podrá disponer la prisión preventiva del imputado.
El texto legal fue presentado por los diputados Joel Rosales (UDI), Gabriel Ascencio (DC), Jorge Burgos (DC), Giovanni Calderón (UDI), Guillermo Ceroni (PPD), Edmundo Eluchans (UDI), Issa Kort (UDI), Patricio Melero (UDI), Arturo Squella (UDI) y Andrea Molina (UDI).
Los autores expresan que “se ha reconocido e instalado en el conocimiento público, la eventual enfermedad o desorden mental que padecen o deben padecer quienes atenten sexualmente contra menores, sin que ello signifique necesariamente que exista demencia o desconocimiento por parte del agresor de la gravedad del hecho cometido”.
Por ello, añaden que para establecer con mediana certeza técnica y profesional si un imputado o formalizado por delitos de acción sexual contra menores representa o no un peligro para la seguridad de la sociedad, se hace necesario recurrir a los exámenes psiquiátricos o psicológicos, que entreguen más elementos para la decisión de los jueces.
“También es necesario evitar que quienes no revisten peligrosidad o que pudieran ser imputados por hechos sin relevancia delictual, permanezcan con medida cautelar de prisión preventiva”, añade la propuesta legal, que fue remitida para su estudio a la Comisión de Constitución.