CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Tras casi un año de tramitación, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó y despachó a la Sala con los votos del oficialismo el proyecto del Ejecutivo (boletín 7975) que buscar fortalecer el resguardo del orden público.

La iniciativa, desde su presentación el 4 de octubre de 2011, fue presentando variados cambios, siendo uno de los más importantes la exclusión de una norma que buscaba penalizar los actos de violencia cometidos ocultando la identidad y que se efectuaran durante manifestaciones sociales.

Cabe señalar que dicho tema no fue totalmente dejado de lado, sino que se abordó en un proyecto distinto con una nueva perspectiva, esto es, fijar el acto no como un delito, sino como una agravante.

La propuesta aprobada ayer en la noche por la Comisión tuvo su sustento en el mensaje original presentado por el Gobierno, así como en variados perfeccionamientos presentados vía indicación por diputados del bloque gobernante, particularmente de la UDI.

Pese a los intentos de acercamientos que se efectuaron durante los últimos dos meses, la oposición mantuvo su postura contraria a la iniciativa y votó en contra de todo el articulado e indicaciones de la Coalición.

La única excepción estuvo dada en una indicación presentada por los diputados UDI Giovanni Calderón, Edmundo Eluchans, Cristián Letelier (presidente de la Comisión), Iván Moreira y Arturo Squella, la cual fue aprobada por doce votos a favor y que tuvo por objeto suprimir el artículo 2º del proyecto y dejar sin efecto una propuesta del Ejecutivo que proponía acortar la norma para hacerla más acorde a las críticas de los parlamentarios.

En concreto, la norma suprimida decía relación con un tema que ocasionó especial oposición en los medios de comunicación, dado que se abría la posibilidad de que los funcionarios policiales pudieran requisar material de audio, audiovisual o imágenes fotográficas, si se estimaba que estos constituían material de prueba respecto de delitos considerados en esta ley.

El diputado Arturo Squella se manifestó satisfecho por la aprobación del proyecto y sostuvo que se privilegió en el articulado “el criterio de miles de chilenos que quieren vivir tranquilamente en sus ciudades, que no se oponen a que cuando existan manifestaciones la gente se pueda pronunciar como corresponde, de acuerdo a la Ley y la Constitución, pero respetando los derechos de los demás”.

Indicó que las normas se aprobaron por estrecho margen y, en ese sentido, lamentó que la oposición no se haya querido sumar a esta legislación que busca sancionar de forma más severa a quienes atentan en contra del orden público. “La verdad estamos bastantes satisfechos con la votación. Esperamos que corra la misma suerte en la Sala y que sea cuanto antes, porque los hechos que observamos hoy día, particularmente en la Región Metropolitana, no pueden volver a ocurrir”, planteó.

Respecto de las críticas vertidas en contra del proyecto, señaló que ello se debe a un desconocimiento de los alcances específicos de la propuesta, dado que resguarda el legítimo derecho de manifestarse.

Explicó que, en cada una de las consideraciones, se establecieron los requisitos que se deben probar. “En el caso concreto de las tomas, se sanciona la toma si es realizada con violencia y sin autorización del dependiente del lugar; en caso de barricadas, se sanciona si es acompañada con violencia o fuerza en las personas. Creo que uno de los problemas del mensaje era que establecía una misma pena y requisitos para todas las consideraciones, nosotros consideramos que es distinto”, sentenció.

El diputado Calderón dijo que la situación no da para más, mencionando como ejemplo los destrozos y los buses quemados en la protesta de ayer en Santiago. Lamentó las agresiones verbales y físicas de que fue objeto en la Sala por parte de los estudiantes con objeto de otro proyecto de ley y afirmó que la actitud negativa que sostienen en contra de la propuesta aprobada ayer “carece de todo sentido común”.

“Quiero decir con claridad que acá no se está penalizando el movimiento social. Esta ley existe desde 1874, cuando se dictó el Código Penal y lo que estamos haciendo nosotros es modernizarla para evitar que cualquier sujeto se ponga una capucha y atente en contra de la autoridad, contra la integridad de las personas con absoluta impunidad”, puntualizó.

El diputado Gabriel Silber (DC) dijo que votaron negativamente como oposición y que esperan en la Sala revertir el resultado logrando que se rechace la iniciativa legal. “Sentimos que esto es un cheque en blanco para el Gobierno de turno”, recalcó.

Indicó que el proyecto considera, efectivamente, una forma de control de los actos de violencia, que no pueden sino rechazarse, pero que también incluye la protesta pacífica y la movilización de los estudiantes. “Es por eso que esperamos que el Congreso sea garantía que proyectos como este no lleguen nunca a ver la luz”, insistió.

Marjorie Cuello, secretaria general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso, lamentó la aprobación del proyecto y sostuvo que la iniciativa impulsada por el Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, “atenta contra el derecho de movilización de los estudiantes”.

Criticó que se ha dificultado la protesta social y que se la ha reprimido con fuerza por parte del Gobierno. “Nosotros vamos a luchar en contra de esta ley; si es necesario vamos a salir a las calles en contra de esta ley. Creemos en nuestro legítimo derecho de manifestarnos”, resaltó.