El proyecto de acuerdo presentado postula que para la explotación de la reserva de litio que le corresponde al Estado, debe dictarse una ley.
Por 46 votos a favor, 23 en contra y 1 abstención, la Cámara aprobó el proyecto de acuerdo N° 735, que solicita al Presidente de la República que envíe una iniciativa legal que regule el ejercicio de la reserva estatal sobre el litio, conforme lo dispone el artículo 5 del DL 2886.
El citado artículo 5 del DL 2886, de 1979, señala que “una ley regulará la forma en que el Estado ejercerá los derechos que le corresponden sobre el litio que se le reserva”.
En función de esto, los diputados señalan que la reserva constituida en el litio a favor del Estado es para ejercer los derechos que le corresponden. De acuerdo a la Constitución, el Estado explota el litio por sí mismo, por una empresa estatal, por concesión administrativa o por contrato especial de operación. Sin embargo, para ello debe dictarse una ley.
En 1975, Corfo suscribió un contrato básico con la empresa Foote Mineral Co., en que aportó pertenencias en arriendo. En 1980, ambas partes crearon la Sociedad Chilena del Litio (SCL), para lo cual el organismo estatal aportó 3.343 pertenencias de las 32.768 que disponía en el Salar de Atacama.
Ese año, la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) autorizó que SCL vendiera toda clase de productos del litio, contrato que dura hasta 2014. Asimismo, Soquimich (que fue privatizada en 1983), operaba el litio con anterioridad a la declaratoria de reserva y ha desarrollado una intensa actividad productiva en este rubro, que incluye la apertura de plantas de mezclas de fertilizantes en otros países.
El proyecto de acuerdo resalta la reserva que hace el ordenamiento a favor del Estado en el ejercicio del derecho de explotación del litio, cuyo carácter estratégico, implica conjugar la institucionalidad y eventualmente, actualizarla.
“En definitiva, no existe una ley que regule el modo en que el Estado ejerce su reserva sobre el litio para así explorar y explotar dicho mineral, habiendo un vacío al respecto que implica que no se puede hacer sino aquello que está regulado, es decir, el Estado se representa por la Comisión Chilena de Energía Nuclear e impide que se celebren actos jurídicos sin autorización de la CCHEN y que sólo pueden operar el litio las empresas privadas constituidas”, agrega el texto.
Por ello, los autores plantean la necesidad de esta ley, que contenga una normativa amplia y detallada de este derecho resguardando el interés nacional, que propenda hacia la consolidación de una posición de liderazgo internacional, que promueva la creación de empleos estables y resguarde los equilibrios medioambientales, apoyando asimismo la inserción local y regional en la participación de los beneficios asociados, logrando agregar valor.
El proyecto de acuerdo fue presentado por los diputados Lautaro Carmona (PC), Sergio Aguiló (IC), Adriana Muñoz (PPD), Pedro Velásquez (Ind), Eduardo Cerda (DC), Marcos Espinosa (PRSD) y Luis Lemus (PS).
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS