CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

El Presidente de la República envió al Parlamento un proyecto de ley cuyo objetivo principal es modificar y extender el Decreto Ley Nº 701 para el establecimiento de plantaciones forestales.

El texto focaliza las bonificaciones, asignando porcentajes de 90% para los pequeños propietarios forestales, de 75% para medianos propietarios, y de 50% para grandes propietarios. Adicionalmente, y para efectos de resguardar los intereses de los ciudadanos que postulen a los beneficios de la ley, especialmente de los pequeños propietarios, el proyecto crea un Registro de Operadores Forestales.

Asimismo, se incorporan medidas y beneficios especiales para las personas y comunidades indígenas. La idea es dar un nuevo cuerpo normativo y jurídico propicio para dar continuidad a una actividad que es esencialmente de largo plazo y cuyo fomento genera impactos ambientales positivos para toda la sociedad.

El Ejecutivo calificó de “suma” urgencia el trámite de la iniciativa, lo que en la práctica otorga un total de 10 días para pronunciarse y tomar una decisión a la Cámara. Este hecho, generó opiniones divididas al interior de la Comisión de Agricultura, mientras que para unos es imposible decidir respecto a un tema tan importante en un período tan corto, para otros es fundamental hacerlo, pues se trata de un proyecto que traerá innumerables beneficios al país.

El diputado Ramón Barros (UDI) enfatizó que “no puedo dejar pasar esta suerte de demonización que se está haciendo de este proyecto de ley, los proyectos son para discutirlos, modificarlos, aprobarlos o rechazarlos, hay una incongruencia en la discusión en está sala, hay diputados que no querían que se ampliara la prórroga del 701 y ahora aparece propiciando la prórroga”.

Por otra parte, el diputado Fuad Chaín (DC) señaló que a lo menos deben aclararse cuatro puntos, antes de apurar la votación del mensaje. “Que se realice una real, fidedigna y auténtica consulta a los pueblos originarios, según lo establecido en el Convenio 169; la realización de una evaluación estratégica ambiental en todo los sectores, considerando factores medioambientales sustentables; la protección asegurada del suelo agrícola y la focalización de los beneficios en los pequeños propietarios.”

Marcela Lincoqueo, miembro de la organización “Lacumtum”, que resguarda los derechos de comunidades mapuche, se presentó ante los parlamentarios para expresar su oposición al proyecto. Sostuvo que “hay que ponerse serio, esto es relevante, están en juego la integridad cultural y la supervivencia de los pueblos originarios, lo principal es que se quite la “suma” urgencia y que se discuta de manera amplia con todos los representantes indígenas que hoy no están acá”.

Lo anterior, luego de un debate que se dio entre Lincoqueo y el Director de CONAF, Eduardo Vial, respecto a la realización a principios de año de una consulta ciudadana, por medio de la cual las organizaciones en cuestión expresaron su parecer respecto del proyecto. Mas para la representantes mapuche, sólo se trató de una “suerte de encuestas, realizadas a personas que desconocían totalmente los alcances de la ley, puesto que de estarlo se habrían opuesto”.

Finalmente, el presidente subrogante de la Comisión, Javier Hernández (UDI), indicó que “está faltando información que nos tiene que hacer llegar la CONAF, porque ellos insisten en que se hizo una consulta amplia en todos los sectores y falta que nos hagan llegar las conclusiones para compararla con la información que ellos no están entregando. Respecto a la “suma” urgencia es un dilema, porque esta ley vence el 31 de diciembre y si no hay (aprobación del proyecto) los únicos perjudicados van a ser los pequeños y los medianos, puesto que esta ley no apunta a las grandes corporaciones forestales”.