En la misma oportunidad se escucharía la opinión de abogados constitucionalistas con el fin de aclarar diferencias surgidas en el debate entre los parlamentarios de la Comisión.
El martes 6 de noviembre sería votado en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados el proyecto de acuerdo (boletín 1265) por medio del cual se aprueba la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas, mediante la Resolución N° 2391 (XXIII), del 26 de noviembre de 1968.
El presidente de la Comisión, Jorge Tarud (PPD), informó que en la sesión de esta semana tuvieron la opinión de la Cancillería, a través de la Dirección Jurídica, y del Instituto de Derechos Humanos, quienes se manifestaron a favor de la propuesta, pese a la antigüedad de la norma.
El legislador estimó que el acuerdo se encuentra hoy superado, tanto por la existencia de la Corte Penal Internacional como por las resoluciones de la Corte Suprema de Chile, entidades que han hecho valer la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. “Por eso creo que es una discusión banal y que deberíamos aprobar, ojalá, por unanimidad este proyecto”, planteó.
Reconoció que hay un debate al interior de la Comisión, dado que el oficialismo teme que la norma sea con efecto retroactivo. “Pero evidentemente tiene efecto retroactivo. Hemos visto cómo la Corte Suprema lo ha señalado, en consecuencia desconozco el temor que tienen los diputados de la Alianza”, acotó.
El diputado Alberto Cardemil (RN) informó que se acordó también invitar para la próxima sesión a abogados constitucionalistas para resolver desde un punto jurídico la controversia suscitada entre los distintos sectores políticos respecto de este acuerdo.
“Se armó una duda constitucional que se espera despejar con la intervención de los constitucionalistas. Respecto a que no es retroactivo no hay duda, la duda es si se puede votar por separado el tratado de la declaración que el Gobierno anuncia y que va a hacer”, comentó.
Recordó que el Congreso Nacional puede sugerir reserva e indicaciones a los tratados, pero que sólo el Ejecutivo las puede materializar. “Yo quiero para efectos políticos y jurídicos que quede bien establecido que el tratado se acepta y se aprueba con la declaración que el Gobierno va hacer, para que desde el punto de vista de interpretación político-jurídica, quede claramente establecido que es sin efecto retroactivo”, puntualizó.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS