CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

En la discusión, se aprobó una indicación que solicita que se informe a la Comisión Mixta de Presupuestos, antes del 31 de marzo de 2013, sobre la situación de la zona Puchuncaví-Ventanas y de la situación de la nueva escuela La Greda.

Biodiversidad, calidad del aire, gestión de residuos y mayor educación ambiental serán algunos de los ejes que durante 2013 guiarán la gestión del Ministerio de Medioambiente, cartera cuyo presupuesto de $35.616 millones fue aprobado hoy por la Cámara de Diputados.

El Ministerio considera recursos para tres reparticiones: la Subsecretaría del Medio Ambiente, la cual contempla montos $21.164 millones; el Servicio de Evaluación Ambiental, que tendrá dineros por $9.646 millones; y la Superintendencia del Medio Ambiente, que gestionará un total de $4.805 millones.

El Ejecutivo destacó la paulatina implementación de este Ministerio y sus instituciones dependientes cuyo trabajo se verá fuertemente complementado durante 2013 por la acción de los tribunales ambientales, que comienzan a funcionar en diciembre próximo, y por el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas, cuya creación debiera aprobarse en el corto tiempo.

Respecto de los focos en 2013, el Gobierno señaló que en materia de biodiversidad se está impulsando la tramitación del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas, recién mencionado (se debate en primer trámite en el Senado). Asimismo, en esta línea se incluye también la clasificación de 96 nuevas especies y el desarrollo de un portal web con un inventario nacional de especies de libre acceso al público; y la creación de planes de conservación para las especies vegetales (flora de paposo, lucumillo y flora costera) y animales (fardela blanca y picaflor de Arica).

Sobre calidad del aire, se informó de un incremento de las estaciones de monitoreo del Sistema Nacional de Calidad del Aire (SINCA), instaladas en diversas ciudades del sur del país, como también la protección de la calidad de los datos entregados por las distintas estaciones. Igualmente, se resaltó el traspaso de la red de monitoreo de Santiago (red MACAM), desde el Ministerio de Salud al Ministerio del Medio Ambiente, como la publicación del Anteproyecto del Plan de Descontaminación Atmosférica para el Valle Central de la Región de O'Higgins y la declaración de zona saturada de las ciudades de Osorno, Chillán y Coyhaique.

También en este foco se contempla la elaboración del Anteproyecto de Norma de Emisión para Fundiciones y la revisión de las normas de emisión aplicables a los vehículos motorizados, de contaminación lumínica y de emisión de ruidos.

En materia de gestión de residuos, se anunció la pronta presentación de un proyecto de ley que incorpore en la legislación chilena el concepto de responsabilidad extendida del productor (REP) y a la implementación del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación.

Referente a recuperación de pasivos ambientales, el Ejecutivo mencionó la elaboración del reglamento de la Ley 20.590, que establece un programa de intervención en zonas con presencia de polimetales en la comuna de Arica; la creación de un catastro de pasivos ambientales por región; y el desarrollo de los estudios de análisis de riesgos ambientales y en la salud humana, en la zona de Puchuncaví y Ventanas.

Sobre el eje de educación ambiental, se informó que se continuará con la acción del Fondo de Protección Ambiental (FPA) que ya financió 189 proyectos a organizaciones sin fines de lucro, en 137 comunas del país y 38 proyectos a comunidades indígenas.

Ejes Presupuestarios Sectoriales

El presupuesto del Ministerio se incrementa en un 9,6% respecto de 2012, teniendo un alza mayor (43,9%) los montos destinados a la Superintendencia del Medio Ambiente, particularmente por mayor gasto en personal.

La Subsecretaría tendrá seis ejes fundamentales en 2013: política, normas y planes; aire limpio; gestión de sitios con presencia de contaminantes; biodiversidad; educación e información ambiental; y contaminantes globales.

Sobre el primer punto, se informó sobre la revisión de la política medioambiental para Chile, que data del año 1998, para lo cual se conformó un comité asesor científico con más de 20 integrantes. Este trabajo se complementará con una consulta pública a la ciudadanía. Asimismo, se continuará elaborando y actualizando planes de descontaminación (por ejemplo, Ventanas, Concepción y Rancagua). También en esta línea se incluye la elaboración de Normas de Calidad Secundaria para Aguas, en los ríos Huasco, Limarí y Cachapoal.

En materia de aire limpio, se comunicó que la meta es alcanzar las 24 ciudades más pobladas del país con monitoreo permanente. Asimismo, se continuará con el Programa de Recambio de Calefactores, ampliando la cobertura a Rengo, Curicó, Talca, Chillán, Temuco, Valdivia, Osorno y Coyhaique.

En otra línea, se creará un catastro nacional de sitios contaminados, la evaluación de riesgos a la salud de las personas en las comunas de Puchuncaví y Arica y la aprobación y publicación del reglamento para evaluación de riesgos en la salud de las personas en Arica (polimetales).

El Ejecutivo explicó que hay un incremento de 54,3% del subtítulo 22 (bienes y servicios de consumo), justificado por las nuevas funciones incorporadas al Ministerio del Medio Ambiente referente a Evaluación Ambiental Estratégica (EAE); los nuevos estudios y evaluaciones relacionados con el impacto económico y social para los futuros planes de prevención y descontaminación; la nueva normativa que regirá desde el próximo año; y el financiamiento de la adquisición y renovación de las redes de monitoreos.

El Servicio de Evaluación Ambiental continuará en 2013 en la generación de guías, ya sea por tipología de proyectos o por líneas base, que tendrán información detallada de los antecedentes que se requiere presentar en el proceso de evaluación, incrementando el estándar de información.

En lo referente a participación ciudadana, se ejecutarán los procesos participativos que exige la Ley 19.300, en la totalidad de los proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que requieran participación ciudadana. Tales procesos deberán considerar la consulta de los pueblos originarios.

La Superintendencia comenzará a funcionar plenamente a partir del 28 de diciembre próximo, conjuntamente con los tribunales ambientales. Sus focos serán: fiscalización estratégica, promoción del cumplimiento y sanciones disuasivas y Sistema Nacional de Información Ambiental.