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Presupuesto 2013: Reducciones presupuestarias, claves de la negociación

Publicado el 22 de noviembre del 2012

Para el diputado Ernesto Silva, el rechazo de los gastos variables y del gasto en bienes y servicios de consumo de algunos Ministerios propiciado por la mayoría opositora viene a inmovilizar el accionar de las carteras afectadas. Para el diputado Carlos Montes, la reacción del oficialismo es desproporcionada, porque se entiende que es una simple maniobra de posibilitar el diálogo, frente a las reducidas facultades parlamentarias para intervenir el Presupuesto.

Las reducidas facultades parlamentarias en el manejo presupuestario, que impiden por ejemplo efectuar aumentos en los recursos sectoriales, genera año tras año una serie de medidas de presión hacia el Gobierno que pasan, mayoritariamente, por la reducción o el rechazo de la partida correspondiente. Este año, durante la votación en la Cámara de Diputados, dicho evento se verificó en las partidas de los Ministerios de Educación, Salud, Trabajo, Minería, Vivienda e Interior.

En las cuatro primeras carteras se suprimió un subtítulo completo, concerniente a gasto en bienes y servicios de consumo, monto variable en cada una de estas reparticiones y que, en palabras del presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, diputado Ernesto Silva (UDI), significará inmovilizar a un Ministerio, porque en la práctica no pueden hacer nada.

El diputado Silva explicó que, cuando se rechaza una sección como esta en los Ministerios de Educación, Salud, Minería y Trabajo, la cartera respectiva no puede disponer de dineros para bienes y servicios que le permiten funcionar. “Por ejemplo, en el caso de Salud, implica no poder comprar medicamentos o vacunas, implica no prestar servicios o contratar servicios en los consultorios; significa no poder pagar las cuentas del gas o la luz; o no tener combustible para movilizar sus vehículos”, enfatizó el legislador.

Recordó que también se da el caso del rechazo completo de algunos ítems, como sucedió en el caso del Ministerio de Educación, en donde no fueron aprobados seis programas, cinco de la Subsecretaría de Educación y uno de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

En estos casos, precisó, pese a que se produzca un rechazo al programa completo, sólo se entienden refutados los gastos variables, que corresponde a todos aquellas materias que no están cubiertas por leyes especiales. Por ejemplo, acotó, el personal de planta del Ministerio está protegido por una ley especial, por lo que sus remuneraciones se entienden por aprobadas. Caso aparte sería todo el gasto que se pueda efectuar para implementar un programa específico, como por ejemplo, de evaluación escolar o para apoyar con material escolar a los estudiantes. Esos recursos no estarían disponibles hoy.

Para el diputado Carlos Montes (PS), el Gobierno y el sector oficialista ha reaccionado de manera “desproporcionada”, no queriendo entender el fondo del asunto o queriendo de lleno distorsionar la situación.

Recordó que estas mismas acciones las efectuaron en discusiones presupuestarias anteriores, en que ellos fueron oposición. “Ellos nos echaron abajo en una oportunidad todo el presupuesto de Educación”, enfatizó.

Recalcó que el rechazo de los montos, ya sean estos concernientes a un ítem completo a un programa específico, como el caso del Programa Frontera Norte del Ministerio del Interior, fue motivado con el objeto de obligar al Gobierno a dialogar y promover que éste acceda a algunos cambios, dado que los parlamentarios no tienen iniciativa legislativa en esa materia.

“Esto está suspendido mientras llegamos a un acuerdo, eso es lo que significa. Lo demás son cuentos, una campaña del terror, ya que al final ellos saben que esto tiene que aprobarse, porque ese subtítulo es como la bencina del Ministerio. El tema es que ellos deberían estar abiertos a conversar y el problema es que no lo han hecho. Por lo menos deberían recordar que no tienen mayoría en el Parlamento, por lo que tienen que acoger algo de lo que la oposición propone”, resaltó.

El diputado Montes informó que, a comienzos de noviembre, la oposición presentó una serie de puntos que creía necesario incorporar en el Presupuesto de la Nación para el año 2013, tanto nuevas glosas como reorientación de recursos, sin embargo, afirmó, el Gobierno no respondió ni aceptó.

En este plano, agregó, se encuentra la petición de poner un límite al excesivo gasto en publicidad y propaganda del Gobierno, que está incluido en el subtítulo de bienes y servicios de consumo (subtítulo 22), planteamiento que se hizo ver tanto a nivel de Comisión Mixta de Presupuesto, como en la discusión presupuestaria, en la Sala de la Cámara de Diputados.

Recalcó que, frente a la negativa del Gobierno de establecer una norma en este sentido, la mayoría opositora quiso manifestar su posición rechazando el subtítulo completo en las cuatro carteras ya mencionadas. Sin embargo, reconoció, se logró aprobar hacia el final de la discusión presupuestaria una indicación que había sido declarada inadmisible por la mesa, pero que la mayoría de la Sala optó por definirla como admisible (pese a ello, el diputado Silva y el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín hicieron reserva de constitucionalidad).

La indicación, aprobada por 54 votos a favor y 50 en contra, quedó incorporada al articulado del mensaje y estableció que los Ministerios, intendencias gobernaciones y demás órganos y servicios públicos que integran la administración del Estado, sólo podrán incurrir en gasto por concepto de publicidad y difusión cuando aquellos sean indispensables para el cumplimiento de sus funciones o tengan por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que otorgan.

La norma indica también que se entenderá que son indispensables para el cumplimiento de sus funciones los siguientes aspectos: llamados a licitaciones públicas o privadas; convocatorias a concursos; llamados a participar en Fondos Concursables; obtención de beneficios o prestaciones sociales; campañas sanitarias; campañas frente a emergencias o urgencias derivadas de desastres naturales; y campañas educacionales y preventivas.

Adicionalmente, se niega el uso de los recursos de este ítem para publicidad y difusión que tengan por objeto enumerar, resaltar o destacar los logros de una autoridad específica o del gobierno general.

La discusión está ahora en su segundo trámite, en el Senado. Dependiendo de lo que finalmente termine por aprobar dicha institución, será el nivel de negociación que se tendrá con el Ejecutivo y que puede extenderse hasta una Comisión Mixta o, incluso, a la presentación de un veto del Presidente de la República.

La historia presenta variadas alternativas para superar los puntos en disputa, entre los parlamentarios y el Ejecutivo. En algunos casos, las materias de negociación y sus soluciones se plasman en compromisos del Gobierno a través de protocolos de acuerdo; en otras, se consideran directamente en la Ley, con la definición de glosas específicas (ítems en los cuales se consignan montos y usos de un determinado gasto) o con la reordenación o suplementación de los recursos. Un ejemplo de esto último fue el aumento de becas para estudiantes de educación superior logrado el año pasado.

Cualquiera sea el camino que se escoja, el reloj corre con prisa, ya que las decisiones deben ser tomadas antes del 30 de noviembre, fecha en que el Presupuesto de la Nación debe estar despachado del Parlamento. Así, en solo una semana más, será posible distinguir qué cambios lograron hacer valer su voto.