Ante la Comisión de Pesca de la Cámara, la Ministra Benítez señaló que el efecto de la temperatura en el mar de las descargas de las termoeléctricas no es un elemento relevante y sostuvo que las resoluciones que autorizaron el funcionamiento de las centrales son previas a la ley medioambiental vigente.
El impacto de la temperatura en el mar de las descargas de las termoeléctricas ubicadas en la costa de Coronel, Región del Biobío, no sería a juicio de la autoridad un elemento relevante para desencadenar el varamiento de camarones y jaibas en la zona, según plantearon ayer ante la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados.
Diversos representantes del Ejecutivo, entre ellos la Ministra del Medioambiente, María Ignacia Benítez, entregaron explicaciones técnicas que darían cuenta más bien de un fenómeno natural y no de una afectación provocada por terceros, como acusan pescadores y lugareños, quienes apuntan directamente al desagüe de las termoeléctricas Bocamina I y II, de Endesa.
La Ministra Benítez indicó que, dependiendo de dónde se descargue, la temperatura máxima autorizada será de 30 grados. Informó que, en este caso, la descarga de las termoeléctricas se produce antes de que llegue al borde costero, por lo que la temperatura comenzaría a bajar unos grados, antes de su descarga final en el mar.
Recalcó que las metodologías que se utilizan son las establecidas internacionalmente por el Banco Mundial, las cuales consideran diversos parámetros para determinar el radio de acción y definir un delta no superior a los dos o tres grados, respecto de la temperatura de las aguas marinas. “Eso se cumple en este caso”, sentenció.
En este plano, la Ministra fue enfática en señalar que “el impacto de la temperatura en el mar de la descarga de la termoeléctrica no es un impacto que esté siendo relevante en ninguna parte” y aseguró que los científicos han descartado esta causal, independientemente de lo que la gente crea aquí.
Finalmente, la Secretaria de Estado recordó que la Superintendencia de Medioambiente está encargada por ley de fiscalizar las resoluciones de carácter ambiental y el cumplimiento de las mismas y que, para este caso, levantó una investigación cuyo informe aún no ha sido evacuado.
Dudas
El presidente de la Comisión de Pesca, diputado Alejandro Santana (RN), reconoció que existen dudas entre los parlamentarios en torno a los comentarios técnicos entregados tanto por el Ministerio de Medioambiente como por las otras instituciones (Subsecretaría de Pesca, IFOP y Directemar) que asistieron a la sesión.
Dijo que los legisladores y los pescadores artesanales conocen las zonas afectadas y el historial de fenómenos climáticos del sector y que, en ese plano, dan cuenta del impacto de una variable distinta a la natural, que es la descarga al mar de agua utilizada en los procesos de las centrales termoeléctricas.
“Lo que se le ha solicitado a la Ministra de Medioambiente es que informe en detalle todos los planes de contingencia que existan y evaluar las tecnologías disponibles para mitigar el posible riesgo y evitar nuevos sucesos como este”, informó.
Para la diputada Clemira Pacheco (PS), representante de la zona afectada, algunos de los antecedentes entregados por las autoridades “rayan en el teatro de lo absurdo”. Recordó que las aguas de las costas chilenas tienen 11 grados, hasta 14 grados cuando hace mucho calor en el verano, con lo cual la norma de 30 grados, aunque esté dentro de los márgenes internacionales, no son aplicables a nuestro país.
“Si una empresa vierte agua a 23, 24 o hasta 26 o 27 grados, como lo hacen las termoeléctricas allá, es más del doble de la temperatura de nuestras costas, entonces es obvio que se produce el daño. Y no sólo por la temperatura sino también por los elementos que contiene el agua al devolverse al mar”, recalcó.
Estimó que el efecto acumulativo de las dos centrales afecta el ecosistema de la zona y lamentó que la autoridad se quede sólo en argumentos técnicos. “En ningún caso se muestra una apertura más amplia para evaluar nuevamente las resoluciones de estos proyectos. Si bien la ley no es retroactiva, cuando no se mide un efecto de daño de un proyecto, es obvio y necesario que se vuelva a reevaluar estas resoluciones medioambientales. Si no está la voluntad para hacer algo, vamos a seguir teniendo este tipo de daño en donde nadie se hace cargo del efecto social que representa”, comentó.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS