CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Una menor capacidad de fiscalización estaría afectando actualmente al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) debido a una política de constantes recortes presupuestarios aplicada desde el cambio de Gobierno, en 2010, denunció esta semana ante la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, la Asociación de Funcionarios de la institución.

El secretario nacional de la Asociación de Funcionarios del SAG, Claudio Banda, sostuvo que la administración de Aníbal Ariztía a cargo del Servicio ha incumplido en materia de fechas de pagos, cancelación de horas extraordinarias, entrega de viáticos y aplicación de normas administrativas, lo cual ha afectado de manera importante la labor de fiscalización en terreno.

Sostuvo que hay una visión de parte de la autoridad que no comparten, respecto de lo que debe ser el SAG. “Se quiere que la autodeterminación de los privados sea el eje central del proceso exportador. Nosotros decimos que debe haber un justo equilibrio, entre la función fiscalizadora del SAG y la autorregulación de los privados”, comentó.

Planteó que la caída del mercado europeo para la carne chilena, materializada tras una visita inspectiva que detectó lo que no se estaba haciendo en materia de control fito-zoosanitario, representó la mejor demostración del fracaso de la política del actual Gobierno en esta material.

“Las fiscalizaciones que se hicieron a mataderos y a productores no fueron con los niveles que estaban programados, porque sufrimos sendas rebajas presupuestarias, porque la orientación política de la autoridad es que los productores se van a autofiscalizar y que no era necesario un esfuerzo mayor del Servicio”, indicó.

Recalcó que, durante décadas, el Servicio ha trabajado para consolidar una política de control fito-zoosanitario que permita a Chile avanzar hacia la apertura comercial, sin embargo, lamentó que dicho esfuerzo ha sido quebrantado durante los últimos dos años, perdiendo la institución parte de su credibilidad.

“El SAG es una institución sistémica. Lo que necesitamos es que las políticas que se establecieron en el SAG y que se formaron para la protección fito y zoosanitaria que nos da tanto prestigio internacional se mantengan, porque esas son las que abren mercados, y si los productores deben aumentar la autorregulación, debe hacerse en conjunto con la función fiscalizadora del SAG con el presupuesto correspondiente”, sentenció.

Criticó que el proyecto de trazabilidad (conjunto de procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministros), impulsado por la anterior administración, era una iniciativa estrella del Servicio que iba a permitir tener una especie de registro civil de animales, que los controlaría desde su nacimiento hasta su muerte, y que no ha podido ser implementado por falta de recursos y personal.

En este plano, llamó a impulsar un proyecto de fortalecimiento de la función fiscalizadora del SAG, con los presupuestos adecuados y respetados por las autoridades, sin importar los cambios en la administración.

El presidente de la Comisión, diputado Ignacio Urrutia (UDI), explicó que la instancia ha estado analizando el tema durante cuatro sesiones, promoviendo un acercamiento entre los trabajadores y la Dirección del SAG. En este sentido, se mostró satisfecho de que las partes hayan concordado en establecer una mesa de trabajo destinada a superar los puntos en conflicto y que la Comisión haya servido de puente para este esfuerzo.

Respecto del tema de la carne, señaló que Aníbal Ariztía confirmó en la Comisión que las exportaciones a la Unión Europea están paradas, pero que el asunto está siendo abordado por las autoridades y que se espera cumplir dentro de los próximos meses con las exigencias de dicha comunidad, con lo cual se repondría el comercio con el bloque.

La diputada Denise Pascal (PS) también valoró el acercamiento entre la dirección del SAG y los trabajadores, pero recalcó que la mesa de negociación recién se está instalando y que aún resta mucho por conversar para superar los puntos en conflicto. Recordó que las demandas de los funcionarios son muy diversas, comprendiendo distintas realidades en cada región, que van desde los netamente estratégicos a los presupuestarios y de clima laboral.

“Si no tenemos bien pagados a los fiscalizadores, en sus horas extras, con los viáticos que corresponden, en los tiempos que sean necesarios, no podemos obligarlos a que fiscalicen y si no se fiscaliza, estamos incumpliendo con los acuerdos internacionales. Además, nos preocupa fuertemente que, al no existir los fondos necesarios para pagar a los funcionarios a contrata y honorarios, las horas extraordinarias o el sistema de fiscalización a terreno, se está produciendo un trabajo deficitario”, puntualizó.

Informó que tiene conocimiento que en la Dirección Regional Metropolitana recién a esta altura del año se están teniendo los fondos para comprar las trampas que permiten detectar la presencia de las moscas de la fruta en la zona.