CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Como un nuevo avance que da cumplimiento al compromiso programático del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, de elaborar y proponer una “ley larga” de reforma y modernización del Estado, fue presentado a los diputados de la Comisión de Hacienda el proyecto (boletín 9084) que perfecciona la gestión en el sector público, mediante nuevas herramientas de gestión y el mejoramiento del sistema de Alta Dirección Pública,

El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, resaltó que la base de la propuesta legal se sustenta en el interés del Gobierno por avanzar en la modernización del Estado y para lo cual ya se han dado pasos por la vía administrativa a través de la puesta en marcha de programas como “ChileGestiona” y “ChilePaga”, ambas iniciativas del Servicio Civil para mejorar la gestión de personas.

Explicó que el mensaje presidencial considera cinco áreas de reforma sustantiva:
1. Impulsa a los futuros Subsecretarios a asumir sus roles de apoyar y de exigir rendición de cuentas a los jefes de servicio de su sector, en materias de gestión. Con ello, se espera institucionalizar el plan ChileGestiona.
2. Mejora el Convenio de Desempeño Colectivo (CDC) para beneficiar a cien mil funcionarios de la administración central.
3. Ampliar la cobertura de la Alta Dirección Pública (ADP) para resguardar de mejor forma la inversión que hace la nación en el capital humano de los altos directivos públicos de segundo nivel jerárquico, con medidas para elevar su permanencia promedio.
4. Mejora los Convenios de Desempeño Individual (CDI) para altos directivos para convertirlos en una herramienta de gestión útil.
5. Asimila el régimen laboral para directivos de tercer nivel al segundo nivel

Respecto del primer punto, especificó que se propone crear al menos un director de gestión en las principales Subsecretarías, funcionario que tendrá que tener calificación y experiencia en el cargo. Además, se espera la entrega de informes continuos al Presidente de la República sobre los avances de cada Subsecretario en su tarea de supervigilar la gestión de los servicios.

En materia de Convenios, el Ministro recordó que el CDC, creado en 2003, entrega un bono para equipos de funcionarios según el cumplimiento de metas acordadas con el jefe de servicio y la autoridad ministerial, sin embargó, precisó, utiliza una fórmula que reduce bruscamente el beneficio a la mitad cuando el equipo cumple con una cifra menor a un 90%. Además, planteó, no ha logrado cumplir con la promesa de constituirse en una herramienta para agilizar la gestión.

Informó que la propuesta pasa por obligar a los Servicios a publicar las metas de cada equipo de trabajo y sus resultados; y adoptar una fórmula proporcional, donde errores pequeños generen consecuencias pequeñas para el ingreso de cada equipo de funcionarios. Asimismo, añadió, se plantea hacer que el premio a los cumplidores sea proporcional al grado en que exceden el 90% (hoy se concede igual beneficio a los equipos que cumplen con un 91% o un 98%, por ejemplo). Indicó que esta medida beneficiará a más de cien mil funcionarios, sin afectar al erario fiscal, dado que el excedente de los equipos que incumplen el 90% es redistribuido a los que sí lo hacen.

Felipe Larraín dijo que también se proponer convertir los CDI en herramientas de gestión útil a través de las siguientes mejoras: reducir los trámites para suscribir los convenios; separar la asignación ADP vigente en una porción básica, pagada a todo evento y una porción proporcional al grado de cumplimiento de las metas; armonizar fechas con el ciclo general de evaluación (diciembre a diciembre); concentrar el pago de la porción variable en un solo pago anual, en marzo; y reglar la modificación del convenio a mitad de año, para proteger al directivo que no acepte nuevas metas.

En materia de perfeccionamientos al sistema ADP, comunicó que se espera ampliar su cobertura incorporando nuevos servicios (Dirección del Trabajo, Fondo Nacional de Salud, Servicio Nacional del Adulto Mayor, Comité de Inversión Extranjera, Superintendencia de Seguridad Social, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena e Instituto de la Juventud) y sumando cargos de instituciones ya adscritas. En total se consideran 98 nuevos puestos, ocho de primer nivel jerárquico y 90 de segundo nivel.

Otro objetivo en esta área señalado por el Ministro es elevar la permanencia promedio de los directivos de segundo nivel jerárquico. Así, se propone impedir al Comité de Selección que presenta una nómina a un jefe de servicio para llenar un cargo incluir a personas que ocuparon el mismo cargo en carácter provisional en el período reciente (regiría sólo a partir de 2015 y no sería afecto para los cargos de primer nivel); negar a cada jefe de servicio designar simultáneamente en carácter provisional a más del 40% de los directivos de segundo nivel; incluir en el perfil de selección la capacidad de implementar con imparcialidad las políticas públicas que puedan disponer durante distintos períodos presidenciales en cada cambio de Gobierno; y elevar a ley medidas ya tomadas vía instructivo, particularmente, crear un tope de seis meses a la vigencia de los nombramientos provisionales, renovable por otros seis meses por acuerdo del Consejo de la ADP, y limitar las facultades de los directivos provisionales de primer nivel, como por ejemplo despedir altos directivos sin autorización del Subsecretario.

Dijo que también se buscará aprovechar mejor a directivos que han cumplido, fijando un procedimiento especial expedito que les permitirá, al dejar su cargo, facilitar su postulación a un nuevo puesto directivo.

Finalmente, en torno a los directivos del tercer nivel jerárquico (1.800 funcionarios), Larraín señaló que se les reconoce su conocimiento especializado y su permanencia, por lo que se plantea asimilarlos en mayor grado a segundo nivel. Así, agregó, el proyecto destrabará la movilidad horizontal en los concursos para cargos directivos de este nivel y autorizará a los jefes de servicio a dar carácter unipersonal a los CDC de estos directivos.