El Ministro Felipe Larraín destacó que la propuesta pone a Chile en línea con las exigencias de la OCDE en materia de gobiernos corporativos de las empresas públicas. La propuesta considera la aplicación de normas de las sociedades anónimas y la creación de una nueva institucionalidad a cargo de un Consejo SEP.
En la perspectiva de realizar una reforma relevante que permita fortalecer el gobierno corporativo de las empresas públicas bajo un marco regulatorio moderno y uniforme que contribuya a aumentar la transparencia e incrementar la calidad de la gestión y de la supervisión de las empresas del Estado y de aquellas en que éste tenga participación, fue presentado ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados un proyecto de ley que reforma dicho sistema.
El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, destacó que la propuesta legal (boletín 9083) reforma al régimen de gobierno corporativo de las empresas del Estado en línea con las recomendaciones explícitas formuladas sobre esta materia por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Indicó que el objetivo principal del proyecto es dotar a las empresas públicas y al Estado de una institucionalidad sobre gobiernos corporativos que permita una gestión eficiente de las mismas en el cumplimiento de sus fines. Para alcanzar esta meta se propone:
1. Radicar el seguimiento y control de la gestión de las empresas públicas en un organismo profesional y dedicado en forma especializada a ejercer esta labor.
2. Separar los roles del Estado como emprendedor y generador de políticas públicas que afecten a estas empresas.
3. Establecer mecanismos para que se expliciten los objetivos públicos que el Estado persigue a través de las distintas empresas en que participa.
4. Fortalecer las instancias de administración de las empresas del Estado con la finalidad de mejorar la calidad de la gestión y evitar los conflictos de interés.
5. Regular y homogeneizar la regulación de gobiernos corporativos que rige a las empresas del Estado, haciendo aplicable a estas empresas muchas de las normas que tienen a las sociedades anónimas abiertas.
En línea con lo anterior, se crea el Sistema de Empresas Públicas, servicio público nuevo que será encabezado por un Consejo Superior. Las empresas públicas se relacionarán con el Poder Ejecutivo a través de dicho Consejo, el cual, a su vez, se relacionará con el Gobierno por medio del Ministerio de Economía.
Se consolida el rol que corresponde al Ministerio de Hacienda en materias presupuestarias y de control de interés fiscal.
La nueva institucionalidad será continuadora del actual Comité de Empresas SEP (Sistema de Empresas Públicas), pero con mayor autonomía; con estatus jurídico superior, mandato expreso y responsabilidades claras; y con atribuciones para solicitar información suficiente, fidedigna y oportuna a las empresas.
En materia de gobiernos corporativos, se propone ordenar el régimen aplicable a las empresas públicas creadas por ley; se uniforma el mecanismo de designación de directores a través del Consejo; se emparejan los requisitos para ejercer el cargo de director, exigiendo que sus miembros sean profesionales de alto nivel (normas de deberes, sumatoria de inhabilidades e incompatibilidades, causales de remoción, etc.); y se someterán a las mismas normas de información financiera, económica y legal que hoy rige a las sociedades anónimas abiertas.
El Ministro informó que el objetivo es abarcar el mayor número de empresas públicas en la nueva regulación, de manera que éstas queden bajo la tuición del Consejo SEP y le sean aplicables todas las disposiciones del proyecto en materia de gobiernos corporativos. En este plano, se define como nivel de integración todas aquellas empresas creadas por ley y todas en las que el Estado participe o llegue a participar en el futuro. Sólo se excluyen las que poseen ya un gobierno corporativo regulado por leyes especiales, esto es, Televisión Nacional, Codelco y BancoEstado, o empresas de carácter estratégico: Enap, Enami y empresas de la Defensa Nacional.
Diagnóstico
Según informó el Ministro Larraín, Chile posee a la fecha 33 empresas públicas en operación, con sus respectivas filiales (minería, combustibles, transporte, banca, defensa, correos, infraestructura portuaria, zona franca, poder comprador agrícola, servicios). En total laboran en ellas 49 mil 118 trabajadores y representan activos por US$ 34 mil 786 millones.
Explicó que 22 de estas empresas están sujetas a la tuición del Comité Corfo-SEP , considerando un total de 11 mil 500 trabajadores y un patrimonio contable de $2 millones 515 mil 783 millones. Los activos totales de este grupo suman $5 millones 810 mil 543 millones y considera ventas anuales por $697 mil 880 millones y utilidades operacionales por $102 mil 190 millones.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS