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Publicado 11/10/2013 13:00:35

Organizaciones opinan sobre proyecto de reparación a víctimas de explosión de minas

La Comisión de Defensa recibió los planteamientos de representantes de víctimas y organizaciones dedicadas a promover el desminado, quienes criticaron vacíos del proyecto de ley.

La Comisión de Defensa recibió los planteamientos de representantes de víctimas y organizaciones dedicadas a promover el desminado, quienes criticaron vacíos del proyecto de ley.

La iniciativa (Boletín 9109) busca otorgar reparación y asistencia en rehabilitación a las víctimas de explosión de minas u otros artefactos explosivos militares abandonados o sin estallar.

Al respecto, el director del Centro Zona Minada, Elir Rojas, indicó que el texto no recoge las definiciones y conceptos de los tratados internacionales ratificados por Chile, como la Convención de Ottawa, que prohíbe las minas antipersonales; la Convención de Oslo, sobre Municiones de Racimo, o el Protocolo V sobre Restos Explosivos de Guerra.

Rojas también criticó que la iniciativa eleve los niveles de discapacidad requeridos para recibir el bono de reparación, o que elimine como beneficio la opción de una pensión vitalicia y becas de estudio, acotando que el 60% de los casos corresponden a personas que eran niños al momento de los accidentes.

Asimismo, ejemplificó ante la Comisión de Defensa los riesgos que estos armamentos tienen, al recordar la explosión de la Planta Cardoen en Alto Hospicio, en 1986, donde fallecieron 29 trabajadores y donde no hubo cuerpos ni instalaciones para investigar porque la mayoría “fueron desintegrados” por la explosión de las bombas de racimo que ahí se elaboraban. Además, criticó la señalización de alerta en las zonas de peligro y presentó otros casos de personas accidentadas en lugares incluso turísticos como el camino a las Torres del Paine.

Por su parte, Alicia Sánchez, representante del Grupo de Familiares de Funcionarios Afectados por Minas Antitanques, sostuvo que el país debe reconocer la existencia de víctimas, las cuales hoy están en indefensión.

Sostuvo que existen funcionarios afectados de organismos como el Ministerio de Obras Públicas, Corfo, Carabineros y el Ejército, que no han recibido apoyo del Estado ni cuentan con protocolos de atención.

Sánchez es hija de un ingeniero de Corfo, fallecido en un accidente en 1979, mientras realizaba investigación de energía geotérmica. Las autoridades de la época no informaron a su familia las causas del accidente, que finalmente había sido provocado por la explosión de una mina.