La Sala acordó continuar mañana con la votación en particular, analizando las múltiples indicaciones presentadas a la iniciativa del Ejecutivo, que cuenta con informes de las Comisiones de Recursos Naturales, Pesca y Hacienda.
Por 88 votos a favor, 7 en contra y 7 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto (boletín 8467) que traspasa la administración del borde costero y el sistema de concesiones marítimas desde el Ministerio de Defensa al Ministerio de Bienes Nacionales, iniciativa que comenzó a ser analizada en la Corporación el 31 de julio de 2012.
Por acuerdo de la Sala, la propuesta legal, que presenta informes de las Comisiones de Recursos Naturales, Pesca y Hacienda, será discutido en particular en la sesión de mañana, para cuando se espera un informe de secretaría que detalle el importante número de indicaciones presentadas por los parlamentarios.
El proyecto, en términos generales, regula el proceso de zonificación del borde costero, a lo largo del territorio nacional, en aquellas áreas que no se encuentren ya normadas por un instrumento de planificación territorial, estableciendo usos preferentes que permitan compatibilizar los derechos de los particulares con las necesidades de la comunidad y del país.
Además, busca regularizar el proceso de fijación y modificación de la política nacional del uso del borde costero, radicando en el Ministerio de Bienes Nacionales, su administración y coordinación, ente ya encargado en nivel territorial de dicha tarea.
Sin embargo, tal como se acordó en la Comisión de Hacienda, se espera que la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (Diretemar) ejerza en conjunto con el Ministerio de Bienes Nacionales la tarea de fiscalizar las concesiones marítimas, a través de inspecciones periódicas destinadas a verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley, su reglamento y el respectivo decreto de concesión marítima, debiendo los concesionarios otorgar las facilidades que sean necesarias para el buen cometido de esta función fiscalizadora.
Asimismo, se le asigna el rol de controlar y denunciar la ocupación ilegal de sectores concesionables, ya sea por carecer de título el ocupante, por estar caducada la concesión o por cualquier otra causa. En sus actuaciones, los funcionarios asignados tendrían la calidad de ministros de fe.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS