El evento, centrado en el análisis de Reforma Procesal Civil, tuvo más de 300 asistentes, quienes en conjunto con los expositores llamaron a repetir el ciclo en una nueva cita. El encuentro fue organizado por la Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados junto al Instituto Chileno de Derecho Procesal, el Ministerio de Justicia, el Instituto de Estudios Judiciales, la Universidad de Concepción, la Universidad Austral de Chile y el Centro de Alumnos de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Intensas fueron las sesiones de trabajo de las II Jornadas Nacionales de Derecho Procesal realizadas en la sede de Santiago de la Cámara de Diputados, el jueves 7 y vienes 8 de noviembre recién pasados, dejando un profundo interés de parte del público asistente y de los mismos expositores por ampliar el debate y efectuar un nuevo encuentro en una próxima fecha.
El evento, focalizado en el análisis de la Reforma Procesal Civil, se realizó con pleno éxito en los dos días de trabajo. Cada jornada de trabajo se inició alrededor de las 16:00 horas y terminó cerca de las 21:00 horas, dado los prolongados debates generados por los juristas y estudiantes que integraron cada panel con el público asistente.
El director de la Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados, Gonzalo Vicente, explico que el horario vespertino se fijó con el objetivo de que el máximo de profesionales, docentes, académicos y estudiantes, pudieran participar. “Tuvimos una convocatoria amplia dirigida principalmente al mundo académico y profesional, con 300 inscritos. El nivel de asistencia de los dos días fue muy bueno. Se pidió tanto por los expositores como por los asistentes volver a repetir esta actividad”, enfatizó.
El jueves se inició el trabajo con la Primera Comisión “Recurso Extraordinario del Proyecto de Código Procesal Civil”, en donde intervinieron destacados juristas en la materia, entre ellos: Raúl Tavolari, ex presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad de Chile, quien comentó la particularidad del recurso extraordinario.
“Su uso permite impugnar las decisiones de una Sala de la Corte ante la misma Corte, es decir, el Pleno asume potestades invalidantes respecto de las sentencias. Con esto se termina eso de que cada Sala representa a la Corte y se establece una nueva jerarquía que hasta ahora se desconocía” aseveró el abogado.
El ex senador, abogado y director del Instituto Chileno de Derecho Procesal, Miguel Otero, se refirió al tema: la Corte Suprema y la igualdad en la aplicación de la Ley. En su ponencia dijo que la obligación máxima de la jurisdicción es el respeto a la Constitución y que, en la actualidad, se están saltando normas expresas de ella.
Otero dio como ejemplo un caso en el cual el Tribunal Constitucional, citando la máxima del artículo 1° de la Carta Fundamental, que dice que “las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, declaró inconstitucional un proyecto que había sido tramitado en el Congreso Nacional, que permitía a la Corte Suprema elegir las materias que iba a conocer en el ámbito de la relevancia jurídica.
La segunda Comisión, denominada “Gobierno Judicial” fue abierta por Andrés Bórdala, abogado miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y pro-decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral de Chile, con la ponencia denominada: “Propuestas a un Nuevo Gobierno Judicial”.
El experto señaló que el tema en debate pasa, a su juicio, por una nueva organización de los tribunales para su buen funcionamiento y planteó una serie de medidas para que ello sea efectivo. “Los tribunales deben estar sometidos a la Ley y sólo a la Ley. Debe haber un dialogo racional a los cambios sociales, los jueces deben tener la libertad para interpretar la Ley y debiera haber un adecuado sistema de incentivos para que los magistrados puedan hacer su trabajo jurisdiccional”, afirmó Bordali.
El Ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, en su ponencia presentó las “Propuestas Políticas al Poder Judicial de Chile” que apuntan a las siguientes materias: promoción y respeto de todos los Derechos y de todas las personas; independencia jurisdiccional interna; autonomía en lo no jurisdiccional; fundamentación en los fallos; justicia de calidad; labor eficiente, efectiva y eficaz; foco en las personas; planificación estratégica; trabajo en comisiones; y cultura comunicacional y difusión.
En su relato, el magistrado reconoció que “la Corte Suprema es parte del problema del sistema judicial”, pero sostuvo que, del mismo modo, “también quiere ser parte de su solución”.
El viernes, en la Comisión de “Ejecución”, el director del Instituto Chileno de Derecho Procesal, Claudio Díaz, dijo que este tema “es la preocupación de nuestro siglo”, es decir, “cómo ejecutar”, dado que los jueces tienden a dedicarse más a tareas de trámite que al fondo de los juicios”. Estimó que el punto pasa por definir cuál es el mejor sistema que se debe incorporar para corregir esta distorsión, de modo que funcione bien. En este plano, llamó a ver el derecho comparado en la temática.
En la Comisión de “La Carga de Prueba”, Daniela Accatino, de la Universidad Austral de Chile, se refirió al estándar de la prueba del Proceso Civil. Según la experta, las reglas actuales de valoración dejan espacios para la discrecionalidad del juzgador. “Plena prueba es la que no deja duda para la sentencia”, puntualizó.
La profesional llamó a la audiencia a ver la discusión de la Reforma Procesal Civil como una oportunidad para el debate de la aplicación de un estándar alto de aplicación de la prueba.
Cerró el debate el presidente del Instituto Chileno de Derecho Procesal, José Pedro Silva, quien agradeció a todos los expositores y asistentes por los dos días de las jornadas e invitó a seguir reflexionando y participando en el tema.
Cabe mencionar que la “Reforma Procesal Civil” (boletín 8197) ingresó a trámite legislativo por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados el martes 13 de marzo de 2012 y, actualmente, es analizado en la Comisión de Constitución.
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