CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

El texto señala que es complejo identificar a las instituciones responsables de los hechos denunciados en los centros residenciales (vulneración de los derechos de los menores internos), constatándose múltiples aristas que son compartidas entre los diversos componentes de la estructura del Estado.

Sin embargo, al puntualizar el ámbito de la gestión pública, plantearon que “cabe un papel irrenunciable a la institucionalidad destinada a desarrollar, por si misma o mediante prestadores privados, los programas asociados a la protección de los derechos de NNA”.

“El Sename es la entidad del Estado que dispone de competencia, de los recursos financieros y de la supervisión sobre todos los centros residenciales que acogen menores por disposición de los tribunales de justicia”, especifica el documento.

Asimismo se estimó que la institución es directamente responsable de no aplicar con rigurosidad la tarea de supervisión que le compete sobre todos aquellos prestadores que, tras postular sus proyectos, perciben transferencias del Estado.

El texto indica que la vulneración de derechos se deriva de varios factores de ocurrencia previa, originados en las medidas cautelares decretadas por los jueces de familia, tales como la idoneidad de la selección de esos instrumentos y en el seguimiento posterior que los magistrados realizan sobre los programas aplicados a los menores internos.

Adicionalmente, se consideró que las debilidades reconocidas en los sistemas de información de los menores ingresados es otro factor que ha atentado durante mucho tiempo contra la identificación y desarrollo de las diversas medidas decretadas.

Desde una perspectiva de las causalidades de la problemática, también se atribuyó una responsabilidad compartida a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los primeros dos por no haber sido capaces, desde la ratificación en Chile de la Convención Universal de los Derechos del Niño (1990), de aprobar una ley de protección integral a la infancia, calificada reiteradamente como una norma esencial para orientar las políticas públicas, diseñar los programas de intervención y conceder sentido a las estructuras de la orgánica pública. El Poder Judicial por fallar en el seguimiento de las medidas cautelares, lo que institucionaliza al menor.

Reconocimientos y Deficiencias

La Comisión, instancia que preside la diputada María Angélica Cristi (UDI), reconoció y valoró el esfuerzo desplegado por las Comisiones creadas por el Poder Judicial para aplicar instrumentos específicos que sistematicen datos objetivos sobre la situación de NNA bajo la protección del Estado, al tiempo que destacó el trabajo conjunto con Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) en la confección de dichos instrumentos y la inclusión en ellos de la perspectiva de los derechos de los menores y de la obligación que le asiste al Estado de garantizar su debida protección, conforme a lo establecido a la Convención de los Derechos del Niño.

Se descartó un pronunciamiento sobre si la metodología empleada en el cuestionario aplicado en la consulta efectuada el año pasado en diversas residencias del país fue o no la adecuada o sobre los casos específicos consignados en el informe periodístico (CIPER), entendiendo que ello es parte de un proceso judicial en curso. Sin embargo, se propuso en este ámbito que, en consultas futuras, se tenga presente denunciar oportunamente ante la justicia hechos que puedan ser constitutivos de delito.

Se señala con claridad que el sistema residencial que acoge NNA, institucionalizados por orden judicial y bajo la protección del Sename, adolece de graves deficiencias que atentan y ponen en riesgo la integridad física y psíquica de los mismos y compromete y vulnera sus derechos más fundamentales, siendo el principal el de restituirles su derecho a vivir, crecer y desarrollarse en familia, sino en la propia, en una sustituta proporcionada en el menor tiempo posible, evitando prologar su situación de abandono.

En el texto se critica que en los procesos que llevan a la determinación y otorgamiento de cuidado alternativo, no se respeta el derecho de los menores a ser escuchados y se estima que el sistema de protección es deficiente e incapaz de ofrecer la oferta adecuada, evitando, por ejemplo el desarraigo territorial del menor. Además, se observó una nula red de apoyo intersectorial, particularmente en materia de salud, educación y ayuda a las familias de origen (beneficios sociales y asistencia).

Los diputados consideran que, como consecuencia directa de la escasez de recursos (la subvención del Estado sólo permitiría cubrir en promedio un 58% de las necesidades de los menores), las residencias ven limitadas sus opciones de contar con profesionales y técnicos suficientemente calificados para atender a NNA, lo que se visualiza tanto en la adquisición de personal como en la retención del mismo.

Esta deficiencia se profundiza al constatar las necesidades de los menores que llegan a estos lugares, que no sólo se inscriben en lo material (techo, abrigo, comida), sino también en los sicológico, sanitario y social. “El personal es insuficiente para la intervención psicosocial, lo que implica que el trabajo que se puede realizar con los menores y sus familias no es posible, ni menos de calidad”, sentencia el documento.

Se agrega que la labor de las duplas psicosociales (en su mayoría asistentes sociales y sicólogos recién egresados) y el personal de trato directo, “realizan un esfuerzo artesanal en la intervención de los niños, hecho que se resulta del todo censurable si se piensa que se trata de NNA al resguardo del Estado”.

Además, se observa en el informe que no existe inscripción obligatoria de las personas que son guardadoras en Chile y que la formación especializada en el trabajo de niños no se cumple en la actualidad en prácticamente ninguna residencia.

Finalmente, se exhorta al Gobierno a proporcionar el presupuesto necesario para desarrollar las políticas públicas que se requieren y avanzar prontamente en el rediseño de la institucionalidad (Sename y sistema de protección a la infancia). Asimismo, se llama al Sename a impulsar las medidas de corrección oportunas para subsanar los problemas detectados en el sistema residencial.