Fallos del Tribunal Constitucional

Fallos del Artículo 19°:

Rol
Materia
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5
Duración indefinida de la concesión de explotación.  
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5
Naturaleza jurídica de la ley llamada a determinar qué sustancias pueden ser objeto de concesiones, la que debe tener el carácter de ley orgánica constitucional. El estudio de la redacción gramatical del texto, hecha mediante una lectura simplificada que omita las frases intercaladas, así lo confirma.  
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10
Materias que son propias de la ley orgánica constitucional sobre concesiones mineras, con indicación de las que no son propias de ella.  
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12
Ley interpretativa. Improcedencia de deducir en la ley interpretativa las consecuencias que deriven o fluyan de la ley interpretada.  
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12
Garantía constitucional del derecho de propiedad.  
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12
Derecho de propiedad. Naturaleza jurídica de la pensión de jubilación. Derechos adquiridos y meras expectativas.  
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15
Derecho de propiedad. Derechos adquiridos y meras expectativas.  
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17
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional sobre concesiones mineras. Caducidad para el caso de incumplimiento o de simple extinción del dominio sobre la concesión minera.  
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19
Excepción a la garantía de libertad de acceso a las funciones y empleos públicos. Inhabilidades para desempeñar el cargo de Ministro de Estado.  
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24
Ley penal en blanco. Sentido y alcance del párrafo final del N° 3° del artículo 19.  
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35
Materia que no es propia de la ley orgánica constitucional de enseñanza. Autorización del Ministerio del Interior para el funcionamiento de nuevas universidades e institutos profesionales.  
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38
Igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos. Facultad al Director del Servicio Electoral para cancelar una inscripción, sin considerar un justo y racional procedimiento al afectado.  
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43
Partidos políticos en formación.  
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43
Derecho de Asociación.  
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43
Consejos distritales de los partidos políticos por unidades territoriales que la Constitución Política no establece. Inconstitucionalidad.  
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43
Debido proceso. Infracción.  
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43
Afectación de los derechos en su esencia.  
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43
Partidos políticos.  
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43
Democracia interna de los partidos políticos.  
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43
De la organización interna de los partidos políticos.  
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43
Donaciones a partidos políticos.  
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43
Personalidad jurídica de las Asociaciones.  
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43
Materias que no son propias de la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos.  
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47
Enajenación separada de los derechos de aprovechamiento de aguas y del predio. Prohibición de su enajenación separada. Eventual vulneración del derecho de propiedad.  
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50
Normas de la LOC de Municipalidades reservadas al dominio de la ley común. Expropiaciones de bienes.  
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50
Atribuciones de las municipalidades para establecer tributos que graven actividades o bienes con una clara identificación local para ser destinados a obras de desarrollo comunal. Inconstitucionalidad.  
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53
Violación del principio de igualdad ante la ley en relación con penas por vía de sustitución y apremio ante multas impuestas en la Ley sobre Votaciones Populares y Escrutinios. Trato igual para situaciones disímiles no resulta razonable.  
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54
Atribución a las municipalidades para establecer tributos.  
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67
Ley orgánica constitucional sobre Partidos Políticos. Pactos electorales.  
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80
1)Improcedencia del ejercicio de potestades públicas por parte de las empresas públicas creadas por ley. 2) Iniciativa para su creación.  
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90
Materias que son propias de la ley orgánica constitucional de los Partidos Políticos.  
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91
Acusación constitucional. Defensa jurídica.  
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102
Ley orgánica constitucional de Enseñanza. Otorgar una facultad amplia y genérica para convalidar estudios, títulos y grados optenidos fuera de Chile, sin precisión de ninguna clase de requisitos, condiciones o referencias resulta contrario a la Constitución.  
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102
Ley orgánica constitucional de enseñanza. Materias que no forman parte de ella.  
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102
Ley orgánica constitucional de Enseñanza. Remisiones a otras disposiciones sobre las cuales el Tribunal no se pronuncia.  
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102
Ley orgánica constitucional de Enseñanza. Establecimientos educacionales de las instituciones de la Defensa Nacional.  
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102
Ley orgánica constitucional de enseñanza. Contenido.  
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104
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional de los Partidos Políticos. No pueden participar en los pblebiscitos comunales.  
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112
Tribunal competente para conocer del recurso de amparo económico, la Corte de Apelaciones respectiva.  
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113
Solicitud de José Clodomiro Almeyda Medina, para modificar la sentencia de fecha 21 de diciembre de 1987, en virtud de la cual se le condenó como responsable de haber infringido el inciso primero del artículo 8° de la Constitución Política de la República, por haberse derogado dicho artículo por Ley de Reforma Constitucional N° 18.825 publicada en el Diario Oficial de 17 de agosto de 1989.  
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115
Derecho a la adquisición de bienes cuya propiedad no se tiene. Sentido y alcance de este precepto.  
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115
Derecho de propiedad que ya existe. Sentido y alcance del precepto constitucional.  
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116
Igualdad ante la ley. Diferencias arbitrarias. Rechazo de requerimiento.  
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123
Materias que comprende la ley orgánica constitucional de Enseñanza.  
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123
Normas que no son propias de la ley orgánica constitucional de Enseñanza. La norma que deroga la ley N° 18.862 -que establecía un sistema especial de examinación para nuevas universidades que indica- "...no es propia de la ley orgánica constitucional a que alude el artículo 19, N° 11, inciso quinto de la Constitución Política de la República.  
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126
Libertad de asociación.  
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126
Esencia del derecho de libertad para asociarse.  
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130
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional sobre libertad de enseñanza. Creación e integración de Comisión Especial para reconocimiento de grados académicos y títulos profesionales y técnicos.  
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134
Autorización al Estado para desarrollar actividades empresariales y para enajenar acciones. Quórum calificado, en el primer caso, y quórum simple en el segundo.  
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141
Sistema electoral municipal. Libertad de asociación. Candidatos independientes.  
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141
Admisión a funciones y empleos públicos. Cargos de confianza de autoridad municipal.  
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141
Sistema electoral municipal. Igualdad ante la ley. Candidatos independientes.  
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141
Partidos políticos. Prohibición de privilegios o monopolio de la participación ciudadana.  
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141
Sistema electoral municipal. Igualdad ante la ley.  
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145
Municipalidades. Alcalde que postula a elección como concejal queda suspendido de sus funciones. Inconstitucionalidad de derecho a percibir remuneración durante suspensión.  
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145
Municipalidades. Alcalde que postula a elección como concejal queda suspendido de sus funciones. Derecho a percibir remuneración durante la suspensión es inconstitucional.  
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146
Derecho de Propiedad. Limitaciones. Rango legal.  
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146
Derecho a desarrollar cualquier actividad económica.  
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147
Derecho de propiedad. Requerimiento de constitucionalidad de un proyecto de ley. Es improcedente si no se ha producido, al menos, una discrepancia sobre la preceptiva constitucional y el texto legal impugnado.  
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148
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional de Enseñanza.  
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163
Principio de legalidad de la pena.  
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166
Prórroga de pago de patente minera.  
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167
Regulación de la publicidad en los caminos. Las prohibiciones para desarrollar una actividad económica tienen que fundarse en no ser contrarias a la moral, al orden público o a la seguridad nacional y que el ejercicio del derecho debe llevarse a cabo respetando las normas legales que lo regulen.  
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167
Regulación de la publicidad en los caminos mediante decreto supremo. Alcance de la expresión preceptos legales.  
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176
Libertad de opinión e información. Telecomunicaciones.  
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176
Libertad de opinión e información. Suspensión o restricción. Inconstitucionalidad de precepto.  
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182
Materias de la ley orgánica constitucional sobre concesiones mineras. Patentes.  
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183
Principio de legalidad en materia tributaria. Eventual infracción.  
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184
Afectación en su esencia del derecho de propiedad. Vulneración en el caso de designación de un administrador de una Administradora por decisión de la autoridad administrativa.  
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184
Comisiones especiales.  
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184
Seguridad de los derechos. Afectación de un derecho en su esencia.  
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184
Debido proceso. Derecho al juez natural.  
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184
Derecho de asociación y libertad de asociación. Vulneración en el caso de designación de un administrador de una Administradora por decisión de la autoridad administrativa.  
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184
Derecho de propiedad. Vulneración en el caso de designación de un administrador de una Administradora por decisión de la autoridad administrativa.  
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185
Derecho de propiedad.  
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185
Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.  
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185
Derecho a desarrollar cualquier actividad económica.  
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185
Seguridad de los derechos. Al establecer restricciones totales o parciales, y prohibiciones totales o parciales, al ejercicio de derechos fundamentales de las personas, se afecta el contenido esencial de ellos, lo que se encuentra expresamente prohibido por el artículo 19, Nº 26, de la Constitución.  
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198
Debido proceso legal. No se respeta cuando se está en presencia de un servicio público al que se otorgan facultades discrecionales.  
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198
Derecho a la intimidad. Se infringe cuando la norma no contempla en forma íntegra, completa y exacta el procedimiento ni los casos precisos como debe aplicarse.  
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200
El hecho de que un proyecto de ley establezca requisitos para el ejercicio de un derecho consagrado en la Constitución Política, no constituye necesariamente y por si mismo una causal de inconstitucionalidad de la norma que así lo haga, a menos que se configure un requisito que impida el libre ejercicio del derecho, en este caso, el de asociación.  
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200
Derecho de asociación. Establecimiento de un requisito que impide su libre ejercicio es inconstitucional.  
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201
Prórroga para el pago de patentes mineras.  
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203
No discriminación arbitraria en materia económica.  
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203
Igualdad ante la ley. No discriminación arbitraria. Significado de este principio.  
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203
Prohibición de establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos.  
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203
Afectación de un derecho en su esencia por un tributo.  
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203
Derecho de propiedad. Lesión patrimonial en virtud de un tributo.  
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205
Debido proceso. Uno de los principios fundamentales que contempla el sistema procesal constitucional.  
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205
Recurso de casación en el fondo. Mediante dicho recurso, el sistema procesal da eficacia al principio de legalidad y al de igualdad ante la ley. Precedentes jurisdiccionales.  
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205
Recursos procesales. Uno de los principios fundamentales que contempla el sistema procesal constitucional.  
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205
Recursos de casación, en especial recurso de casación en el fondo.  
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207
Afectación del derecho de propiedad. Privación de derechos adquiridos.  
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207
Regulación de la actividad económica en relación con los derechos adquiridos.  
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207
Afectación del derecho de propiedad. Privación de derechos adquiridos por causa no establecida en la Carta Fundamental.  
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207
Afectación del derecho de propiedad. Privación de derechos adquiridos por causa no establecida en la Constitución.  
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212
Afectación de tributos a un destino determinado. Inconstitucionalidad.  
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217
Sentido del concepto "derecho en su esencia", en relación con la percepción de la asignación de complemento de zona por parte del estamento docente.  
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217
Alcance del derecho de propiedad de los docentes sobre la asignación de complemento de zona.  
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219
Incidencia del aumento del impuesto al tabaco en el derecho a la libre iniciativa en materia económica.  
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219
Derecho de propiedad de las mutualidades sobre los excedentes que generan por la administración de sus recursos.  
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219
Incidencia del incremento de impuestos a cigarrillos y combustibles en el principio de justicia tributaria y en el libre ejercicio de una actividad económica o en la adquisición del dominio de los bienes sobre que recae el gravamen.  
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219
Distinción entre el antiguo y el nuevo sistema previsional para efectos del otorgamiento de un reajuste extraordinario de pensiones.  
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219
Vinculación del pago de reajuste de pensiones con el aumento de impuestos a cigarrillos y eventual vulneración del principio de no afectación de tributos a un destino determinado.  
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220
Principio de igualdad ante la ley en relación con el trasplante de órganos.  
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220
Implicancia de la muerte "encefálica" en el derecho a la vida y en el trasplante de órganos.  
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223
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional de Enseñanza. Planes y programas de estudio enseñanza general básica y media.  
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226
Norma que implica desigualdad ante las cargas públicas.  
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226
Esencia del derecho de propiedad.  
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226
Facultades de administración de un medio de comunicación social.  
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226
Prohibiciones que no constituyen "limitaciones" sino prohibiciones al derecho de propiedad, son inconstitucionales.  
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226
Contenido de la garantía constitucional: la libertad de información comprende el derecho a estar informado.  
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226
Esencia del contenido de la libertad de opinar y de informar. Ejercicio sin censura previa.  
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226
Desarrollo de actividad económica lícita. Contenido esencial del derecho. La norma que impone exigencias que afectan el contenido esencial de este derecho es inconstitucional.  
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226
Libertad económica.  
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226
Derecho de aclaración o rectificación.  
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228
Igualdad ante la ley. Discriminación arbitraria en perjuicio de candidatos independientes.  
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231
Delegación de facultades para dictar decretos con fuerza de ley. Improcedencia.  
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232
Igualdad entre independientes y miembros de partidos políticos en cuanto a la presentación de candidaturas y participación en el proceso electoral en elecciones municipales.  
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237
Rango de la regulación de los sistemas de salud.  
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237
Acceso igualitario a las acciones de prevención en materia de salud.  
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239
Reserva legal en el ejercicio de los derechos fundamentales. Principio fundamental.  
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239
Debido procedimiento.  
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242
Cambio de sede del Congreso Nacional. Tributos; fuentes de recursos; nuevo gasto.  
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244
Orden penal. Principio de legalidad y tipicidad.  
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245
Adquisición del derecho de propiedad. Sobre los bienes nacionales de uso público no es posible constituir propiedad.  
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245
Derecho de propiedad. Vías de acceso que los propietarios colindantes de playas deben aceptar. Necesidad de determinar si esa limitación causa daño y afecta alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio.  
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245
Derecho de propiedad. Distinción entre la privación y las limitaciones del dominio. Función social de la propiedad.  
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246
Libertad de adquisición de toda clase de bienes; bienes nacionales de uso público; propiedad privada; concesiones marítimas.  
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246
Derecho de propiedad; limitación y privación del dominio; función social de la propiedad; indemnización; interpretación constitucional; daño.  
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246
Adquisición del dominio. Sobre los bienes nacionales de uso público no es posible constituir propiedad. Playas de mar  
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247
Principio de igualdad frente a las cargas públicas. Legalidad de los tributos. Requerimiento de inconstitucionalidad.  
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249
Capitalización de una empresa que tiene un déficit operacional no constituye una discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado y sus organismos en materia económica.  
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249
Actividad empresarial del Estado y sus organismos.  
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253
Derecho de propiedad. Cesión de terrenos que se propone urbanizar.  
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257
Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. Organismos técnicos de capacitación.  
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260
La libertad para adquirir el dominio sobre toda clase de bienes.  
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260
Limitaciones a la adquisición del dominio.  
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260
El derecho de aprovechamiento sobre las aguas.  
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261
Ley Orgánica Constitucional que regula a los partidos políticos.  
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273
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional sobre partidos políticos. Suspensión de su artículo 3° transitorio.  
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275
Materias del Código de Minería que no son propias de la ley orgánica constitucional sobre concesiones mineras, por no contemplar modificación alguna a ella.  
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275
Materias del Código de Minería que constituyen reiteración de lo dispuesto en la ley orgánica constitucional sobre Concesiones Mineras y que, por lo mismo, tiene el mismo carácter.  
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278
Convalidación de títulos profesionales y técnicos otorgados por establecimientos de educación superior de las Fuerzas dependientes del Ministerio de Defensa Nacional. Es inconstitucional, pues los referidos establecimientos no tenían facultades para otorgarlos.  
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278
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional de enseñanza. Reconocimiento de los títulos y grados que otorgan los establecimientos de educación superior de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública.  
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280
Tributos manifiestamente desproporcionados o injustos. Sentido y alcance de esa expresión.  
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280
No discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado.  
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280
Derecho a desarrollar cualquier actividad económica.  
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280
La seguridad de que los preceptos legales que regulen o complementen garantías constitucionales no pueden afectar los derechos en su esencia.  
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280
Impuestos indirectos que gravan el consumo.  
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280
Impuesto al tabaco y a la bencina. Regulación.  
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286
Principio de legalidad de la pena. Establecimiento de penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en la ley. Inconstitucionalidad.  
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287
Acceso a la justicia. Exigencia de efectuar una determinada consignación para interponer una reclamación contra una resolución administrativa no impide el acceso a la justicia, pues más bien busca restablecer el orden previamente quebrantado en aras del bien común.  
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293
Inconstitucionalidad de facultades otorgadas al Ministerio Público. Es al legislador al que le corresponde establecer las garantías para que el procedimiento que debe observar este órgano sea racional y justo.  
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293
Desigualdad en entrada en vigencia del nuevo procedimiento penal. El legislador se encuentra habilitado por una norma expresa de la Constitución para regular la gradualidad a que ella se refiere.  
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293
Entregar al reglamento la exigencia de requisito para optar a cargo público es inconstitucional.  
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296
Patentes mineras. Suspensión de su cobro por única vez.  
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297
Diferencias arbitrarias. Es inconstitucional la norma que encasilla en fecha anterior a un funcionario en uno de los cargos que crea una ley y posteriormente a los demás, pues establece diferencias arbitrarias.  
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300
Derecho de dominio del concesionario sobre la concesión de un bien nacional. Características específicas.  
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306
Principio de tipicidad. Núcleo esencial de la conducta que se sanciona.  
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308
Ley orgánica constitucional sobre libertad de Enseñanza. Derechos de acceso de estudiantas embarazadas o madres lactantes a los establecimientos educacionales.  
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309
Normas programáticas en relación al derecho de propiedad. Convenio 169 de la OIT.  
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309
Inaplicabilidad de normas contenidas en tratados internacionales por ser incompatibles con el ordenamiento constitucional. Resolución de conflictos debe someterse a la jurisdicción de los tribunales.  
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312
Modificación de una ley común por un tratado internacional. Teniendo el tratado fuerza de ley, nada impide que pueda modificar a una norma de igual jerarquía, sin lesionar con ello el ordenamiento jurídico vigente.  
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312
Materias que comprende la ley orgánica constitucional de concesiones mineras. Servidumbres mineras.  
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312
Discriminación arbitraria en materia económica.  
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317
Inhabilitación de conductores de vehículos, sin las garantías del debido proceso. Inconstitucionalidad (voto disidente).  
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319
Materias que son propias de la ley orgánica constitucional de Enseñanza. La norma que obliga a considerar los objetivos y contenidos destinados a la formación deportiva en los planes y programas de estudio de la educación básica y media, y la que establece el deber del Estado de fomentar la práctica del deporte.  
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320
La prestación del servicio de defensa penal pública por parte de entidades públicas debe ser autorizada por una ley de quórum calificado. Inconstitucionalidad (voto disidente).  
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334
Derecho de propiedad. Protección.  
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334
Derecho a la seguridad social.  
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334
Derecho de propiedad. Fondos previsionales. Privación del dominio sobre ellos. Inconstitucionalidad.  
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339
Materias que son propias de la ley orgánica constitucional de Enseñanza. Inclusión en ella de la educación parvularia. La educación parvularia no es requisito necesario u obligatorio para acceder a la enseñanza básica.  
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346
Jurisdicción. Concepto.  
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349
Examen de cuentas corrientes por el Director del Servicio de Impuestos Internos autorizado por el juez respectivo con el solo mérito de los antecedentes que acompañe el Servicio. Inconstitucionalidad de la norma que lo establece.  
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349
Afiliación a un partido político. Prohibiciones.  
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352
El principio de subsidiaridad en el plano educacional. Este principio no tiene aplicación respecto del Estado y en las relaciones entre éste y los órganos que lo constituyen.  
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361
Sistema de calificación para la exhibición de la producción cinematográfica. Vigencia del precepto constitucional citado.  
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369
Ley orgánica constitucional de Enseñanza. Educación parvularia.  
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370
Principio de la reserva legal y los límites al ejercicio de la potestad reglamentaria de ejecución en lo que respecta a la regulación del derecho de propiedad.  
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370
Principio de la reserva legal y los límites al ejercicio de la potestad reglamentaria de ejecución en lo que respecta a la regulación del derecho de propiedad.  
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375
Materias que son propias de la ley orgánica constitucional de los Partidos Políticos. Control de constitucionalidad sobre normas no consultadas.  
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375
Materias que son propias de la ley orgánica constitucional relativa a los partidos políticos. La incompatibilidad que establecen las normas en estudio entre las funciones de consejero del Consejo de Alta Dirección Pública y de Alto Directivo Público y el ejercicio de cargos unipersonales en los órganos de dirección de los partidos políticos es una materia propia de esta ley.  
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376
Fuentes de financiamiento de los partidos políticos.  
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376
Igualdad ante la ley  
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376
Igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos.  
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376
Igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos. Derecho a defensa jurídica.  
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376
Ley orgánica constitucional sobre partidos políticos.  
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377
Derecho a defensa jurídica. Ausencia de normas que permitan el ejercicio de este derecho. Inconstitucionalidad.  
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377
Igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos. Falta de un procedimiento que permita al afectado una adecuada defensa de sus derechos, en sede administrativa, en forma previa a la imposición de las sanciones que en cada caso se establecen. Inconstitucionalidad.  
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377
Aportes a campañas electorales  
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377
Ley orgánica constitucional que regula los partidos políticos.  
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377
Igualdad ante la ley. La limitación respecto de los gastos imputables al financiamiento público resulta aplicable tanto a los partidos políticos como, igualmente, a los candidatos independientes.  
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389
Respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia. Dignidad de las personas. Relación sustancial.  
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389
Dignidad de la persona y sus derechos a la vida privada y a la reserva de las comunicaciones.  
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389
Igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. El derecho a defensa jurídica debe ejercerse, en plenitud, en todos y cada uno de los estadios en que se desarrolla el procedimiento.  
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389
Inviolabilidad de las comunicaciones privadas y dignidad de la persona. Ligamen entre ambas.  
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391
Derecho a defensa jurídica.  
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402
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional de Enseñanza. Promoción de los derechos humanos.  
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410
Libertad de enseñanza. Atribuciones de los directores de establecimientos educacionales.  
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410
Libertad de enseñanza. Alumnos en régimen de jornada escolar completa. Derecho a mantener ese régimen.  
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410
Libertad de enseñanza. Derecho a organizar y mantener establecimientos educacionales. Efectos del no pago de compromisos económicos en la renovación de matrículas.  
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410
Libertad de enseñanza. Límites al derecho o arancel que se cobre.  
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410
Libertad de enseñanza. Constitución de Consejos Escolares.  
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410
Libertad de enseñanza. Modificación de la ley orgánica constitucional sobre libertad de enseñanza, en lo relativo a los procesos de selección de alumnos.  
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410
Libertad de enseñanza. Ámbito de competencia reservado a la respectiva ley orgánica constitucional.  
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410
Libertad de enseñanza. Fundamentos constitucionales.  
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415
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional relativa a los partidos políticos. Modifica la ley Nº 19.884, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, estableciendo sanciones y el procedimiento para su aplicación.  
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416
Ley orgánica constitucional de los Partidos Políticos  
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417
Debido proceso. Bilateridad de la audiencia. Resolución judicial con plazo para su dictación y someramente fundada. Inconstitucionalidades.  
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422
Materias que son propias de la ley orgánica constitucional de Enseñanza. Normas que incorporan, reforman, sustituyen y derogan preceptos que forman parte de esa ley. Control de oficio.  
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423
Libertad de enseñanza. Delegación de facultades legislativas. Improcedencia.  
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423
Libertad de enseñanza. Núcleo esencial.  
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427
Derecho de propiedad. Limitaciones y requisitos para la adquisición de determinados bienes. Enajenación de bienes del Estado es materia de ley simple.  
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427
Desarrollo de actividades empresariales por órganos del Estado. Las limitaciones o restricciones al Estado están referidas a las actividades que de suyo efectúan los particulares no a las actividades estatales.  
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427
Derecho de propiedad. Enajenación de activo de Enami a Codelco (Fundición Ventanas)  
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427
Igualdad ante la ley. No se la vulnera por autorizar, por ley, enajenación de activo de Enami a Codelco (Fundición Ventanas)  
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432
Igualdad ante la ley.  
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433
Principio de la tipicidad. Materia de ley común.  
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433
Garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos. Infracción.  
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433
Respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia.  
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434
Derecho a defensa jurídica.  
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435
Igualdad ante la ley. Vulnera esta garantía la norma que permite al alcalde que es subrogado conservar el derecho a percibir su remuneración. El derecho a percibir una remuneración o sueldo está siempre ligado al ejercicio de un cargo.  
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437
La garantía constitucional de la igual protección en el ejercicio de los derechos de las personas. Sentido y alcance.  
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437
Desarrollo de una actividad económica. Requerimiento por considerar que se estarían imponiendo restricciones a esta garantía por una norma no legal.  
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454
Materias de rango orgánico constitucional que comprende la normativa sobre gasto electoral.  
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465
Significado y alcance que la Carta Fundamental atribuye a la expresión "educación parvularia".  
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465
Naturaleza y alcance de la libertad de enseñanza.  
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468
Inaplicabilidad del artículo 299, nº 3º, del Código de Justicia Militar. Leyes penales en blanco.  
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472
En virtud del principio de la legalidad del tribunal y de la seguridad jurídica, la única que puede crear tribunales con carácter permanente es la ley.  
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474
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional de enseñanza. Inclusión en los planes y programas de estudio de objetivos y contenidos destinados a educar e instruir a los escolares sobre los daños que provoca en el organismo el consumo de tabaco y la exposición al humo del mismo. Extensión de oficio del control de constitucionalidad a norma transitoria, por constituir un todo armónico e indisoluble con el precepto sometido a control.  
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478
El legislador debe precisar las garantías del procedimiento racional y justo.  
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478
La extensión del ejercicio de la jurisdicción.  
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478
La prueba es esencial en el procedimiento de desafuero por delitos de acción privada.  
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478
La distinción entre proceso y procedimiento.  
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478
La igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos.  
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479
La Administración Pública queda sujeta al Derecho y particularmente al principio de legalidad.  
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479
El principio de legalidad y la regulación por ley del ejercicio de actividades económicas lícitas.  
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479
La colaboración reglamentaria en materias reservadas por la Constitución al dominio legal.  
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479
No es contrario a la Constitución que en un precepto legal se habilite a sancionar, sin describir en el mismo, las conductas susceptibles de ser sancionadas.  
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479
El principio de la tipicidad. Exigencias.  
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480
El principio de legalidad y la regulación por ley del ejercicio de actividades económicas lícitas.  
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480
La Constitución no exige que los preceptos que establecen los deberes, los que facultan sancionar en caso de incumplimiento y los que prescriben sanciones estén todos contenidos en una misma norma.  
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480
Sanción ante incumplimiento de deberes descritos en normas de rango legal.  
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480
La Constitución reserva a la ley la regulación de la actividad económica lícita.  
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480
Sanciones y el principio de legalidad.  
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480
No es contrario a la Constitución que en un precepto legal se habilite a sancionar.  
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480
La colaboración reglamentaria en materias reservadas por la Constitución al dominio legal.  
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481
Comisiones especiales. La integración de la Corte Suprema por abogados integrantes no la transforma en una comisión especial, pues se trata de un tribunal establecido por la propia Constitución.  
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481
Debido proceso legal. Mandato al legislador.  
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481
Debido proceso legal. Procedencia de la prueba, en tanto sea pertinente. El juicio sobre la pertinencia de las pruebas corresponde al juzgador ordinario.  
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481
Naturaleza jurídica del exequátur. No es unas nueva instancia del juicio llevado a cabo en el país de donde procede la sentencia que se quiere hacer cumplir en territorio nacional, sino simplemente un procedimiento de reconocimiento de dicho fallo por parte de la jurisdicción nacional.  
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481
Garantías de un proceso previo, legalmente tramitado, racional y justo.  
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481
El derecho a la defensa jurídica en la forma que la ley señale.  
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503
Derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas. Requisitos para su constitución.  
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513
Derecho de aprovechamiento de aguas. Innovación legislativa en el sistema de asignación de derechos de agua.  
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513
Libertad de emprendimiento económico. No se vulnera esta garantía en los casos en que su ejercicio supone la obtención previa de una concesión por parte de la autoridad y ésta no la otorga por motivos legales.  
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513
Libertad de emprendimiento económico. Limitaciones y regulación.  
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513
Limitaciones de derechos constitucionales. Estándares.  
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513
La no discriminación arbitaria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica  
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513
Debido proceso. Esta garantía ha sido contemplada por el constituyente respecto de los órganos que ejercen jurisdicción, la que supone resolver una controversia jurídica entre partes.  
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513
La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la Nación toda y la ley lo declare así.  
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521
El respeto y protección a la vida privada.  
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521
Inviolabilidad de las comunicaciones. Inconstitucionalidad de norma.  
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529
La prueba es esencial en el procedimiento de desafuero por delitos de acción privada, por ser una garantía esencial de un procedimiento racional y justo.  
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529
La extensión del ejercicio de la jurisdicción.  
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529
La distinción entre proceso y procedimiento.  
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529
El legislador debe precisar las garantías del procedimiento racional y justo.  
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529
La igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos.  
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548
Materias que son propias de la ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. Regulación de materias propias de esa ley y modificación expresa de la misma.  
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574
Legalidad del Tribunal. La seguridad jurídica, como principio general del derecho público, implica en lo esencial, dos grandes aspectos: “una estabilidad razonable de las situaciones jurídicas y un acceso correcto al derecho.  
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574
La jurisdicción como una función pública emanada de la soberanía, la que entrega su ejercicio en forma privativa y excluyente a los tribunales establecidos por ella o la ley. Como tal, es indelegable.  
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588
Estatutos constitucionales aplicables a la propiedad minera anterior y posterior a la Constitución de 1980 y sus leyes complementarias.  
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595
nadie puede ser juzgado por comisiones especiales  
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596
Las sentencias de los tribunales deben fundarse en un proceso previo, legalmente tramitado  
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596
Igualdad ante la ley.  
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604
nadie puede ser juzgado por comisiones especiales  
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613
nadie puede ser juzgado por comisiones especiales  
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628
nadie puede ser juzgado por comisiones especiales  
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642
nadie puede ser juzgado por comisiones especiales  
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681
La delegación prevista en el artículo 116 del Código Tributario resulta contraria al principio del juez natural.  
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718
Fijación de la tasa del impuesto territorial por decreto supremo.  
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718
Formación del rol de avalúos.  
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718
Concepto de rentas en materia tributaria. La Constitución Política de la República autoriza tributos sobre bienes específicos, como los bienes raíces. Proporcionalidad y justicia del impuesto.  
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718
Modificaciones de avalúos por el Servicio de Impuestos Internos en la medida que concurra alguna de las causales que taxativamente ha señalado al efecto la propia ley. No vulneran la reserva legal.  
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718
Principio de legalidad en materia tributaria. A la luz del principio de legalidad tributaria, los elementos esenciales de la obligación tributaria deben encontrarse suficientemente señalados y precisados en la ley. Ello dice relación con el hecho imponible, los sujetos obligados al pago, el procedimiento para determinar la base imponible, la tasa, las situaciones de exención y las infracciones.  
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718
Concepto de rentas. No vulnera la Constitución Política de la República el establecimiento del impuesto territorial, el que –como se ha expresado- encuentra sus fundamentos no sólo en las propias disposiciones constitucionales permanentes sino que también en las transitorias. El impuesto territorial y su eventual afectación al patrimonio de los requirentes.  
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718
Reserva legal tributaria y artículo 2° de la ley N° 20.033, modificatoria de la ley de impuesto territorial. Todas las exenciones y, en general, los beneficios tributarios, como igualmente su modificación o eliminación –al tenor de lo prescrito en los artículos 19 Nºs 20 y 22 de la Constitución Política de la República-, deben quedar suficientemente establecidos por el legislador. Al no establecer el legislador parámetros objetivos y precisos a los que deba sujetarse la autoridad administrativa para la concurrencia de la situación de exención del impuesto territorial, se contraviene el principio de legalidad tributaria.  
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718
Instrucciones técnicas y administrativas impartidas por el Servicio de Impuestos Internos para los efectos de la tasación de las propiedades.  
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718
Eventual infracción de disposiciones de la ley de impuesto territorial al principio de legalidad.  
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728
Seguridad de los derechos. No afectación de los derechos en su esencia, ni imposición de condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio.  
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728
La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.  
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740
El derecho a la vida como derecho fundante de todos los demás, pues sin vida, difícilmente tiene sentido referirse a otros derechos fundamentales.  
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740
El derecho a la educación y el derecho preferente y el deber de los padres de educar a sus hijos. Las normas sobre consejerías en condiciones de confidencialidad sin conocimiento de los padres, no vulneran su derecho a educar a sus hijos.  
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740
La protección constitucional de la persona se inicia desde el momento mismo de la concepción.  
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740
La ley protege la vida del que está por nacer. La intención del Constituyente fue confiar al legislador las modalidades concretas de protección de la vida del que está por nacer en el entendido que se trata de un ser existente e inserto en la concepción de persona, en cuanto sujeto de derecho.  
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740
Las normas nacionales sobre regulación de la fertilidad y la duda razonable de afectación del derecho a la vida.  
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771
Infracción a la igualdad ante la ley y al derecho a la educación. El precepto impugnado regula de modo suficiente las materias que le corresponde normar acorde con su carácter de ley de bases y porque es razonable que la determinación de los instrumentos técnicos necesarios para la aplicación de la ley quede entregada a un reglamento de ejecución.  
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771
Legislación sobre subvenciones educacionales. Delimitación legal suficiente para el debido ejercicio de la potestad reglamentaria de ejecución en una materia que por su carácter técnico y especializado resulta adecuado que sean reguladas por ella.  
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771
Subvención escolar.  
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805
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración de Estado. La norma que establece requisitos adicionales a los contemplados en esa ley para la provisión de cargos públicos se ajusta a la Carta Fundamental en cuanto cumple con el principio de legalidad aplicable a la admisión a toda función y empleo público.  
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825
Prohibición de presumir de derecho la responsabilidad penal y presunción de inocencia en materia penal. El reclamo de vulneración del principio de legalidad en materia penal expresado como principio de tipicidad. Leyes penales en blanco impropias o de reenvío.  
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825
La igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos. Criterios de política criminal. Primacía del legislador para establecer la política criminal. El tratamiento doctrinario y jurisprudencial del asunto bajo resolución.  
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825
La igualdad ante la ley. Ni la ley ni la autoridad pueden establecer diferencias arbitrarias. Al legislador se le encarga privativamente asignar penas a los delitos con el fin de proteger a la propia sociedad de su comisión.  
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943
Naturaleza del derecho a la honra y daño moral.  
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943
Los preceptos legales deben respetar la esencia de los derechos constitucionales.  
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1022
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional de Enseñanza. Establecimiento de una causal para la revocación del reconocimiento oficial del establecimiento educacional que no logre los estándares nacionales para su categoría.  
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1022
Materia que no es propia de la ley orgánica constitucional de Enseñanza. Obligación del sostenedor de señalar el monto de las subvenciones o recursos que reciba.  
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1034
Naturaleza jurídica de los derechos o tasas y su diferencia con los tributos. Los derechos municipales no son una especie del género tributos, sino una categoría diferenciada de ingresos públicos.  
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1046
Las restricciones o limitaciones al ejercicio de un derecho se encuentran determinadas por el legislador, pero no deben vulnerar el principio de igualdad ante la ley ni afectarlos en su esencia  
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1046
El derecho de acceso a la justicia o la igualdad ante la justicia.  
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1051
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional de los Partidos Políticos. Incompatibilidad entre los cargos de consejeros del Consejo para la Transparencia y de miembros de los órganos de dirección de los Partidos Políticos.  
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1061
Las restricciones o limitaciones al ejercicio de un derecho se encuentran determinadas por el legislador, pero no deben vulnerar el principio de igualdad ante la ley ni afectarlos en su esencia.  
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1061
El derecho de acceso a la justicia o la igualdad ante la justicia.  
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1135
Ley orgánica constitucional de Partidos Políticos. Situación de los legalmente constituidos en las regiones de Tarapacá y de Los Lagos al crearse las nuevas regiones de Arica y Parinacota y de Los Ríos.  
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1185
Naturaleza del derecho a la honra y daño moral.  
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1185
Los preceptos legales deben respetar la esencia de los derechos constitucionales, no pudiendo el legislador regular su ejercicio hasta extremos que, en la práctica, imposibiliten la plenitud de su vigencia.  
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1218
Las normas que regulan el contrato de salud tienen supremacía sobre las convenciones de particulares.  
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1218
Sentido y alcance del derecho a la seguridad social. Principios rectores: universalidad, integridad o suficiencia, solidaridad y unidad. Su vínculo con el derecho a la protección de la salud. Entre los objetivos propios de la seguridad social se halla el cuidado de la salud, mediante acciones médicas, sean ellas preventivas, curativas o de rehabilitación.  
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1218
Significado del derecho a la protección de la salud. La Carta Fundamental es un sistema orgánico y coherente de valores, principios y normas, todos los cuales guardan entre sí la adecuada correspondencia y armonía, excluyendo cualquier interpretación que anule o prive de eficacia a algún precepto de ella. No sólo los órganos del Estado deben respetar y promover los derechos consustanciales a la dignidad de la persona humana, sino que esa obligación recae también en los particulares, puesto que el Código Supremo asegura la intangibilidad de tales atributos en toda circunstancia.  
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1218
El derecho a la protección de la salud es la base constitucional y de orden público de todo contrato de salud. Estos no pueden contener cláusulas que desconozcan o aminoren tales derechos. Base constitucional del contrato de salud.  
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1218
Principio de subsidiaridad. Deber de los particulares y de las instituciones privadas de respetar y promover el ejercicio de los derechos consustanciales a la dignidad de la persona humana. Las normas que regulan el contrato de salud deben ser interpretadas y aplicadas en términos de maximizar el disfrute real y pleno de los derechos que son consustanciales a la dignidad humana.  
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1243
Subrogación en favor de los Agentes de Aduanas. Procedimiento al cual debe ceñirse el proceso, debe cumplir con los requisitos de racionalidad y justicia exigidos por el artículo 19, N° 3, inciso quinto.  
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1243
Procedimiento e investigación racionales y justos. Todo juzgamiento debe emanar de un órgano objetivamente independiente y subjetivamente imparcial, elementos esenciales del debido proceso.  
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1254
La gratuidad del turno de los abogados infringe objetivamente la igualdad ante la ley y en particular la prohibición de discriminar arbitrariamente.  
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1254
La gratuidad del turno y su infracción constitucional a la igualdad ante las cargas públicas y a la legalidad de las mismas.  
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1254
La gratuidad del turno de los abogados y la infracción constitucional a la libertad de trabajo.  
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1273
El derecho a la protección de la salud.  
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1273
La igualdad ante la ley.  
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1273
El derecho de propiedad. Las prestaciones que la requirente espera recibir, en su calidad de afiliada y cotizante, de parte de la Isapre Banmédica S.A., como consecuencia del contrato en el que consta su plan de salud, no pertenecen a los bienes corporales e incorporales sobre los que recae el dominio.  
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1287
El derecho a la protección de la salud como derecho social. Su vinculación con la dignidad de las personas.  
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1287
Base constitucional del contrato de salud.  
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1287
Los derechos sociales.  
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1287
Naturaleza jurídica del contrato de salud.  
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1287
El derecho a la protección de la salud y, en particular, el derecho a elegir el sistema de salud al que la persona desee acogerse.  
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1287
El derecho a la seguridad social como derecho social. Sentido y alcance y principios que lo informan. Su vinculación con el derecho a la protección de la salud.  
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1340
Igualdad ante la ley. Desigualdad de trato entre personas que se encuentran en la misma situación. Si ella carece de un fundamento razonable que pueda justificarla, tiene el carácter de arbitraria importando una trasgresión a la Carta Fundamental.  
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1345
El derecho de acceso a la justicia forma parte de la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos consagrada por la Constitución, pues sin tal acceso la protección asegurada simplemente no es posible. La consignación de la totalidad de la multa para poder reclamar en sede judicial es una severa restricción de este derecho.  
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1361
Niveles de la educación formal. Gradualidad de la entrada en vigencia de la estructura curricular.  
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1361
Reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel.  
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1361
El derecho a la educación. Contenido. Impugnación de precepto que regula la duración de los niveles y modalidades de la enseñanza regular, así como la duración de los niveles educativos. La norma impugnada no infringe el derecho a la educación, no vulnera la esencia de ese derecho ni el de igualdad ante la ley.  
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1361
Derechos adquiridos. Sobre el régimen jurídico que crea el legislador en ejercicio de sus potestades constitucionales, los beneficiarios no tienen derechos adquiridos.  
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1361
Derechos constitucionales. La Constitución reserva a la ley su regulación, desarrollo y limitación. Entre diversas opciones se ha de escoger la que restringe en menor escala el derecho protegido.  
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1363
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional de Enseñanza. Es materia de ley contemplar excepciones a la generalidad del sistema de evaluación periódica que contempla la Ley General de Educación. Inconstitucionalidad de norma que entrega esta materia al reglamento.  
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1363
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional de Enseñanza. Derechos y deberes de los integrantes de la comunidad educativa. Alcance del artículo 10.  
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1363
Exigencia de personalidad jurídica del sostenedor para obtener reconocimiento oficial. Declara el Tribunal que tal exigencia es materia de ley orgánica constitucional y se ajusta plenamente a la Constitución.  
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1363
Materias que son propias de la ley orgánica constitucional de Enseñanza, según corresponda.  
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1399
Igualdad ante la ley. Infracción. La condición tributaria de un práctico de puerto autorizado es la de un profesional independiente. Su asimilación para efectos tributarios con los trabajadores dependientes configura una especie de discriminación arbitraria.  
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1443
Debido proceso. Derecho al recurso. La Constitución no consagra el derecho a la doble instancia.  
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1443
Debido proceso. Recursos de apelación y de nulidad. El recurso de apelación se caracteriza por su mayor alcance que el de nulidad.  
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1443
Presunción de inocencia. La Constitución Política no consagra explícitamente el principio de inocencia, pero parte de la doctrina lo deduce indirectamente de la prohibición de presumir de derecho la responsabilidad penal, en armonía con el derecho a la libertad individual y la seguridad de que los preceptos que regulen o limiten las garantías constitucionales no pueden afectar la esencia de las mismas.  
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1443
Delito de asociación u organización para delinquir. (artículo 16 de la ley Nº 20.000) Debe existir una pluralidad de sujetos, se requiere de una organización; la asociación debe tener por finalidad cometer alguno de los delitos señalados en esta ley, sancionándose la asociación criminal sin necesidad de que los delitos que tenga por objeto se hayan cometido efectivamente.  
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1443
La conspiración para delinquir para cometer los delitos contemplados en la ley N° 20000, de drogas (artículo 17 de la ley 20.000)  
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1443
Tipicidad penal. Interpretación sobre el alcance del inciso final del número 3° del artículo 19 de la Carta Fundamental.  
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1443
Principio de la tipicidad de la ley penal. Límites para el ejercicio de la potestad punitiva estatal. La permisividad de las leyes penales en blanco.  
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1443
La ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas, tiene por objeto sancionar ciertas conductas que el legislador ha considerado que lesionan o ponen en peligro bienes jurídicos de relevancia constitucional. El Estado persigue una finalidad legítima cuando sanciona las conductas que atentan contra la salubridad y la libertad.  
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1443
La tipificación en materia penal.  
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1443
Pluralidad de autores en la comisión de los delitos previstos en la ley N° 20.000, de drogas.  
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1443
La pluralidad de autores en la comisión de los delitos previstos en la ley N° 20.000, de drogas. La agravante del artículo 19, letra a).  
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1452
Contratos leyes. Institución de los “contratos leyes” ha sido diseñada para atraer inversiones privadas que contribuyan al desarrollo de determinadas actividades que se estima insuficientemente abordadas. El contrato de inversión extranjera que el Estado celebra con inversionistas extranjeros al amparo del Decreto Ley N° 600, de 1974,  
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1452
El legislador es soberano para modificar o suprimir beneficios tributarios.  
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1452
El ejercicio de la potestad tributaria del Estado en lo referente a la concesión y eventual derogación de beneficios tributarios, impacta en la capacidad impositiva de los contribuyentes en cuanto manifestación de la igualdad que impera en materia tributaria.  
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1452
Los beneficios tributarios. Su fundamento constitucional se encuentra en el artículo 65, inciso cuarto, N° 1 de la Constitución. Su concesión forma parte de la potestad tributaria del Estado y se basa en consideraciones de política fiscal que el legislador efectúa.  
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1452
Beneficios tributarios. Concepto.  
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1452
La derogación de un beneficio tributario y la eventual afectación del derecho de propiedad. No puede sostenerse la existencia de un derecho de propiedad sobre beneficios tributarios.  
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1554
Legalidad del tribunal. Alcance.  
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1572
El tipo de reserva de la regulación del derecho a la salud  
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1572
Se infringe la seguridad social si hay imposibilidad de costear el plan de salud. Contenido esencial de esta garantía y los principios que la informan. La acción de Estado, incluida la del legislador, debe estar dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes a las prestaciones de seguridad social.  
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1572
Salud. Los contratos de salud, sus modificaciones y reajustabilidad.  
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1572
Derecho a la protección de la salud. Deslegalización de su regulación, infringiendo con ello el deber preferente del Estado en la materia. Regulación de la tabla de factores de riesgo y su evolución para limitar la libertad contractual.  
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1572
Al legislador le corresponde determinar la forma y condiciones para que el Estado cumpla su deber de garantizar la ejecución de acciones de salud. Resulta inconstitucional una regulación que permite al solo consentimiento de las partes establecer las condiciones de reajustabilidad del contrato de salud, dado su carácter de contrato de orden público. El reproche de constitucionalidad.  
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1572
Los contratos de salud. Los vacíos e insuficiencias del precepto relativo a la tabla de factores de riesgo, oportunamente detectados.  
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1572
Contratos de salud. La tabla de factores. Estándares fijados por el Tribunal Constitucional en la sentencia rol 1710.  
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1572
La naturaleza de los contratos de salud, que contiene elementos regulados en la Constitución, lo que obliga al Tribunal Constitucional a involucrarse en su ponderación. Características más relevantes.  
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1577
Materias que son propias de la ley orgánica constitucional de los partidos políticos.  
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1588
Materias propias de la ley orgánica constitucional de Enseñanza. Establece un requisito que deberán cumplir los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, dentro del ciclo de Enseñanza Media.  
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1710
Noción de los derechos fundamentales.  
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1710
El derecho a la protección de la salud.  
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1710
La igualdad entre el hombre y la mujer.  
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1710
El derecho a la seguridad social moderna se sustenta en determinados principios que le otorgan su esencia y que la reciente doctrina nacional ha enumerado como los siguientes: i) respecto de los sujetos amparados: universalidad subjetiva, ii) respecto de las contingencias cubiertas: universalidad objetiva, iii) respecto de las prestaciones: igualdad, integridad o suficiencia, iv) respecto del financiamiento: solidaridad, y v) respecto de la administración: unidad o descentralización, subsidiariedad.  
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1710
La vinculación estrecha entre el derecho a la protección de la salud y el derecho a la seguridad social.  
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1710
El rol constitucional del legislador y del administrador en la regulación de los derechos sociales y, particularmente, el derecho a la protección de la salud. Los principales derechos sociales que la Constitución asegura a todas las personas son configurados a partir de la posibilidad de acceder a una determinada prestación.  
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1710
El derecho de igualdad ante la ley.  
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1849
Vulneración de la libertad de expresión por el decreto supremo impugnado. Rechazo de la impugnación.  
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1849
Vulneración del derecho de propiedad por el decreto supremo impugnado. Requerimiento rechazado.  
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1849
Vulneración de la igualdad de trato económico por el decreto supremo impugnado. Rechazo de la impugnación.  
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1851
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional de Enseñanza. Reforma de un precepto que ya ha sido calificado por el Tribunal Constitucional como propio de dicha ley orgánica constitucional.  
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1894
Respeto y protección de la vida privada. Relación sustancial existente entre el respeto a la dignidad de la persona y su proyección inmediata en la protección a la vida privada de ella.  
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1894
Igualdad ante la ley. Tratamiento de igualdad en el ejercicio de actividades comerciales análogas. Al no existir, se infringe esta garantía.  
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1941
Admisión a todas las funciones y empleos públicos. Igualdad de oportunidades de ingreso a la Administración.  
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1988
Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
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1988
Igualdad ante la ley. Las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y, consecuencialmente, diversas para aquellas que se encuentren en situaciones diferentes. La diferenciación legislativa debe obedecer a fines objetivos y constitucionalmente válidos.  
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1988
El derecho a la propiedad.  
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1988
Derecho de propiedad.  
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2009
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional de enseñanza.  
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2009
Materia que no es propia de la ley orgánica constitucional de enseñanza.  
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2029
Tutela judicial efectiva, debido proceso y derecho a defensa jurídica de un integrante de las Fuerzas Armadas.  
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2036
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional sobre concesiones mineras. Modificación tácita de ella.  
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2036
Procedimiento racional y justo. Recursos administrativos como exigencia para poder reclamar ante el tribunal competente. La ley puede exigir agotar la vía administrativa para reclamar ante los tribunales.  
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2036
Normas sobre las cuales el Tribunal Constitucional no se pronuncia por no contener materias propias de ley orgánica constitucional. Diferencia conceptual entre una concesión minera y la industria de extracción minera. El cierre de las faenas no es parte de las obligaciones impuestas por las concesiones y, por lo tanto, se trata de una obligación propia del derecho a desarrollar una actividad económica, regulado por el artículo 19 N° 21° de la Constitución Política de la República, “respetando las normas legales que la regulen”.  
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2055
Materias que son propias de la ley orgánica constitucional de Enseñanza. Modifica requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales.  
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2062
Materia que es propia de la ley Nº 18.603, orgánica constitucional de Partidos Políticos.  
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2152
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional de los Partidos Políticos.  
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2153
Los actos administrativos producidos por medios electrónicos y el derecho de acceso a la información.  
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2153
Los correos electrónicos no son necesariamente actos administrativos, sino más bien una forma de comunicación con características especiales.  
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2153
Los documentos electrónicos y la firma electrónica.  
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2153
No existe subordinación del artículo 19, N° 5, al artículo 8° de la Constitución.  
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2153
El modelo diseñado por el legislador para interceptar, abrir o registrar las comunicaciones privadas y los documentos asociados a ellas.  
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2153
El inciso segundo del artículo 5° de la ley N° 20.285 vulnera el artículo 19, N° 5 de la Constitución. Razones.  
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2153
Análisis del artículo 19 N° 5 de la Constitución. La Constitución habla de toda forma de comunicación privada. Nada tiene que ver en este concepto el que las comunicaciones las realicen o no funcionarios públicos. Las comunicaciones de éstos, incluidos los correos electrónicos, también están protegidas por la garantía que se analiza.  
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2153
No existe subordinación del artículo 19, N° 5, al artículo 8° de la Constitución.  
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2180
Precepto legal que establece una prohibición que constituye una inhabilidad absoluta y perpetua para ejercer una función o cargo público que carece de justificación, conculca las garantías constitucionales, por lo que es inconstitucional y debe eliminarse del texto.  
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2224
Materia que no es propia de la ley orgánica constitucional de Enseñanza. No se alteran los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales ni se introducen contenidos mínimos a los niveles básico y medio de enseñanza, ni tampoco normas objetivas de general aplicación que atribuyan al Estado potestades para velar por el cumplimiento de los mismos. Diferencia entre instrucción y educación. Enseñanza no formal.  
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2246
Análisis del artículo 19, N° 5,  
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2246
Los correos electrónicos son una forma de comunicación. digitalizada.  
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2246
El precepto impugnado vulnera el artículo 19, N° 5 de la Constitución. Razones.  
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2255
El legislador, al fijar las condiciones de procedencia de la indemnización por daño moral en caso de afectación a la honra, debe respetar la esencia de los derechos involucrados.  
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2255
Procedencia de la indemnización por daño moral en casos de afectación a la honra.  
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2273
La Constitución asegura a todas las personas. Alcance de la norma del epígrafe del artículo 19.  
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2274
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional sobre libertad de enseñanza. Inconstitucionalidad de precepto por no aparecer los fundamentos que justificarían sustraer de la normativa general a determinadas personas o situaciones, lo que podría importar la comisión de diferencias arbitrarias.  
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2292
El derecho a una adecuada defensa implica la aptitud procesal de presentar pruebas e impugnar las que vulneren las pretensiones y derechos que se hagan valer.  
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2292
Proceso justo y racional. Las pruebas en el proceso y la jurisdicción penal.  
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2303
Igualdad ante la ley. Limitaciones inconciliables o arbitrarias.  
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2306
La atribución del cuidado personal del menor a uno de los cónyuges cuando éstos se encuentran separados, parece razonable e inspirada en el interés superior del niño. La regla de atribución preferente a la madre del cuidado personal de los hijos no representa, por sí misma, una vulneración a la garantía de igualdad ante la ley, pues aunque introduzca una diferencia de trato entre la madre y el padre, la misma tiene justificación en la realidad social de nuestro país.  
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2306
La excepción que el inciso tercero del artículo 225 del Código Civil contempla para variar la regla de atribución que haya operado en virtud del inciso primero o segundo del mismo artículo, resulta excesivamente onerosa y desproporcionada para aquel de los padres que, no teniendo el cuidado personal de los hijos, aspira a tenerlo, pues exige la ocurrencia de circunstancias tan altas y calificadas que constituyen una diferencia de trato que cabe calificar de arbitraria y que no tiene amparo en la Constitución.  
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2324
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional sobre Sistema de Elecciones Primarias para la nominación de candidatos a Presidente de la República, Senadores, Diputados y Alcaldes. Alcance del término "territorio Electoral" para los efectos de la elección de Alcaldes. Potestad normativa al Servicio Electoral para regular materias que deben serlo por esta ley es inconstitucional. Es la ley orgánica la que debe establecer el régimen jurídico de las primarias, no dejando en manos del Servicio Electoral definir ese marco jurídico en aspectos esenciales. Exclusión del precepto relativo a la identificación de electores al proceso de primarias es inconstitucional.  
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2324
Remisión legal para sancionar infracciones al proceso eleccionario de las elecciones primarias. No es lícito constitucionalmente que no se precise con claridad cuáles son las conductas lícitas y las prohibidas de esa remisión. La tipicidad exige el conocimiento anticipado por las personas del comportamiento que la ley sanciona. La legalidad de la sanción y la tipicidad son garantías que no pueden obviarse. Todo tipo penal debe establecer, a lo menos, el núcleo esencial de la conducta punible.  
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2337
Derecho a la protección de la salud presupone la cobertura de ciertos estados de necesidad a través de determinadas prestaciones o servicios, solventadas con equivalentes cotizaciones o aportes.  
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2337
derecho a la seguridad social presupone la cobertura de ciertos estados de necesidad a través de determinadas prestaciones o servicios, solventadas con equivalentes cotizaciones o aportes.  
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2357
El derecho a la seguridad social. Permiso postnatal por maternidad y parental. Diferencias.  
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2358
Derecho a desarrollar cualquiera actividad económica. La prohibición del "people meter on line" amaga la actividad económica de las empresas proveedoras de ese servicio de medición.  
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2358
Discriminación arbitraria. Prohibición del "people meter on line" sólo en un medio de comunicación social, carece de justificación racional..  
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2358
Libertad para establecer, operar y mantener estaciones de televisión. El legislador en esta materia tiene sólo una potestad regulatoria, pero no puede limitarla, suprimirla o afectarla en su núcleo esencial.  
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2358
Libertad de emitir opinión y derecho de información.  
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2358
Fines de la medida dispuesta en la norma legal impugnada, que prohíbe el uso de sistemas de medición de audiencia en línea en los servicios televisivos.  
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2358
Regulación legal básica de las telecomunicaciones y la televisión. El Consejo Nacional de Televisión.  
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2358
Servicios de televisión regulados, a los que se les aplicaría la prohibición de uso de sistemas de medición de audiencia en línea.  
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2377
Admisión a todas las funciones y empleos públicos. Igualdad de oportunidades de ingreso a la Administración.  
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2407
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional sobre libertad de Enseñanza. Transferencia de la calidad de sostenedor de un establecimiento educacional, sin solución de continuidad. Ver inconstitucionalidad de un proyecto que ampliaba el plazo concedido a los sostenedores para ajustarse a las exigencias legales, por no aparecer los fundamentos que lo justificarían. Artículos transitorios de una ley en cuanto sustraen de la normativa general a determinadas personas o situaciones, pueden importar la comisión de diferencias arbitrarias.  
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2422
Naturaleza del derecho a la honra y daño moral.  
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2422
El derecho a la honra y la procedencia de la indemnización del daño moral.  
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2422
El derecho a la honra no es un derecho absoluto, pues su protección admite límites. Debe ser ponderado con la libertad de expresión.  
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2422
La libertad de expresión y el derecho a la honra. Ponderación entre ambos derechos.  
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2446
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional sobre Sistema de Elecciones Primarias para la nominación de candidatos a Presidente de la República, Senadores, Diputados y Alcaldes.  
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2446
Igual repartición de las cargas públicas. Inconstitucionalidad de la norma que establece una sanción para los vocales de mesa que no tomen los resguardos suficientes y necesarios para que el elector sufrague en forma secreta y sin presión alguna, por no aparecer ajustada al principio de proporcionalidad de los delitos y sus penas.  
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2446
Inconstitucionalidad de la norma que establece como tipo penal una conducta de carácter genérico y negativa, consistente en no tomar los resguardos apropiados para que el elector sufrague en forma secreta y sin presión alguna, lo que infringe el principio de tipicidad de la conducta delictiva.  
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2446
Igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Inconstitucionalidad de norma que autoriza borrar de los padrones electorales a los electores de cierta edad que no hayan renovado su cédula de identidad o pasaporte por cierto lapso, sin establecer un procedimiento que permita el conocimiento de la exclusión.  
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2466
Vulneración del derecho a un procedimiento racional y justo, al establecer un plazo para comparecer en segunda instancia que no se estima "razonable" al ser tan exiguo (dos días). Inconstitucionalidad.  
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2466
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional sobre Partidos Políticos.  
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2487
Estaciones de televisión. En nuestro ordenamiento jurídico la televisión tiene un tratamiento particular. Los canales de televisión no pueden transmitir propaganda electoral que no sea por medio de la franja. Validación de la franja electoral.  
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2487
Las elecciones primarias tienen rango constitucional y son una votación popular. Criterios interpretativos.  
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2487
Pluralismo político. La franja televisiva promueve el pluralismo político y es un medio para ejercer el derecho al voto informado.  
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2487
Elecciones primarias y franja electoral. Antecedentes de la historia de esta legislación.  
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2487
Obligación de los canales de televisión de libre recepción de transmitir propaganda electoral para las elecciones primarias presidenciales, las que tienen rango constitucional.  
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2487
Emisión de una franja electoral gratuita aplicable a las elecciones primarias presidenciales. Se trata de una carga real y no personal de los canales de televisión de libre recepción. Cargas reales y cargas personales según la naturaleza de la obligación.  
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2487
Emisión de una franja electoral gratuita aplicable a las elecciones primarias presidenciales. Se trata de una carga real proporcional según variados estándares de análisis.  
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2487
Obligación de los canales de televisión de libre recepción de transmitir propaganda electoral para las elecciones primarias presidenciales. Naturaleza de las normas sometidas a control.  
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2487
La obligación de los canales de televisión de libre recepción de transmitir propaganda electoral para las elecciones primarias presidenciales no afecta el derecho de propiedad.  
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2489
El interés penal tributario no es propiamente ni una pena ni una sanción administrativa. El inciso tercero del artículo 53 del Código Tributario regula un interés penal de demora por deuda tributaria y no una sanción tributaria.  
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2489
Igualdad ante la ley. No es una igualdad absoluta, pues supone la distinción razonable entre quienes no se encuentren en la misma condición.  
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2489
Deberes ciudadanos y obligaciones del contribuyente.  
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2489
La igual repartición de los tributos y la prohibición de establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos.  
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2489
El monto que resulta de la aplicación del interés penal establecido en el inciso tercero del artículo 53 del Código Tributario debe ser considerado tributo.  
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2489
Razonabilidad económica de la cláusula penal y de los intereses tributarios de demora.  
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2489
Límites al legislador en la determinación del interés penal tributario. Está impedido de establecer una cláusula penal enorme, predeterminar alguna forma de usura en el precepto aprobado, fijar un interés desproporcionado o injusto o una regla legal inflexible que produzca un atentado discriminatorio a la igualdad.  
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2492
Ámbito competencial dentro del cual opera la justicia militar es decisión del legislador. Fundamentación: artículos 19, N° 3; 63, numeral 3°, y 76 de la Constitución.  
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2492
Derecho a un juez competente en parte del derecho a un juez natural, garantía integrante del debido proceso.  
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2509
Derecho a desarrollar cualquiera actividad económica. La prohibición del "people meter on line" y su reemplazo por el sistema "people meter overnight", amaga la actividad económica de las empresas proveedoras de ese servicio de medición.  
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2509
Inclusión en un mismo proyecto de ley de una norma similar a otra declarada inconstitucional que prohíbe el sistema conocido como "people meter on line". Carácter vinculante de la sentencia anterior.(ROL 2358-12) Inconstitucionalidad de la norma.  
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2509
Libertad para establecer, operar y mantener estaciones de televisión. El legislador en esta materia tiene sólo una potestad regulatoria, pero no puede limitarla, suprimirla o afectarla en su núcleo esencial.  
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2513
El precepto impugnado vulnera el derecho a la igualdad ante la ley. Al impedir siempre la indemnización del daño moral por afectación al derecho a la honra ocasionada por imputaciones injuriosas, establece una distinción arbitraria.  
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2513
El precepto legal cuya aplicación se cuestiona, impide de modo absoluto y a priori la indemnización del daño moral cuando se estima lesionado el crédito o la honra de una persona por imputaciones injuriosas, afectando en su esencia un derecho amparado por la Constitución. El legislador no es libre para regular el alcance de los derechos fundamentales que la Constitución reconoce y asegura a todas las personas.  
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2516
Ley orgánica constitucional sobre concesiones mineras.  
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2541
La libertad de expresión. Campañas de interés público. Justificación.  
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2541
Deber de los permisionarios de servicios limitados de televisión (cable y satélite) de difundir en la región o localidad en que operen canales regionales, locales o locales comunitarios, acorde con los incisos segundo y tercero del artículo 15 quáter nuevo de la ley N° 18838, contenidos en el número 15 del artículo 1° del proyecto (must carry)  
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2541
Justificación de la segunda concesión para Televisión Nacional de Chile. Sentido y fundamento de la expresión "que tenga por objeto la transmisión de señales de la propia concesionaria de carácter regional o de otros concesionarios que no cuenten con medios propios". Constitucionalidad del precepto impugnado. Se trata de una concesión otorgada para dar voces a la región, a las comunas y a sus comunidades.  
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2541
Estatuto jurídico de Televisión Nacional de Chile.  
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2541
Reglas constitucionales del Estado empresario.  
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2541
La difusión de campañas de interés público por la televisión no afecta la igualdad ante las cargas públicas.  
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2541
Difusión de campañas de interés público por la televisión es una medida razonable y mesurada.  
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2541
Libertad de emitir opinión y de informar. El deber asignado a los concesionarios y permisionarios de servicios de televisión en orden a excluir de los contenidos entregados aquellos que atenten contra ciertos principios que define el legislador, importa una evidente mutilación al pleno ejercicio de la libertad de emitir opinión y de informar, representando una forma de censura previa.  
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2541
La televisión. Criterios interpretativos del Tribunal Constitucional a su respecto.  
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2619
La dilucidación del examen de constitucionalidad. Los numerales 1, 2, 3 y 4 del inciso tercero del artículo 38 ter de la Ley N° 18.933 resultan contrarios a la Constitución, en cuanto impiden garantizar el libre e igualitario acceso de las personas a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y el derecho que les asiste a elegir el sistema de salud al que deseen acogerse, sea éste estatal o privado.  
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2619
El derecho a la seguridad social. Su vinculación estrecha con el derecho a la protección de la salud.  
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2619
El derecho de igualdad ante la ley.  
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2619
El derecho a la protección de la salud.  
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2645
Control de constitucionalidad del proyecto de ley que permite la introducción de la televisión digital terrestre. Las disposiciones sometidas a control no inciden en materias propias de ley orgánica constitucional, motivo por el cual no emite pronunciamiento, en examen preventivo de constitucionalidad, respecto de ellas.  
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2657
La garantía constitucional de un proceso racional y justo obliga al juez a velar por la vigencia tanto del derecho a la libre producción de la prueba como del derecho al examen y objeción de la prueba rendida.  
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2657
La medida de reserva de identidad del testigo incide en dos garantías esenciales de un procedimiento racional y justo. Estas son la que permite a las partes la producción libre de pruebas y la que protege el examen y objeción de la evidencia rendida, que forma parte del derecho a defensa.  
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2657
La facultad de proteger a testigos mediante la reserva de su identidad y el justo y racional procedimiento e investigación.  
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2657
Garantía del justo y racional procedimiento. Listado mínimo de garantías según el criterio del Tribunal Constitucional.  
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2657
Órgano competente para velar por la justicia y racionalidad en el ejercicio de la facultad de proteger a testigos mediante la reserva de su identidad.  
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2657
Mientras el legislador no desarrolle en el Código Procesal Penal una regulación propia para la medida de reserva de identidad de testigos que deponen en juicio, será el juez el encargado de velar por la vigencia de todas las garantías protegidas por el artículo 19, Nº 3°. El Tribunal Constitucional reconoce la facultad del Ministerio Público de adoptar la reserva de identidad de testigos de acuerdo con las normas del Código Procesal Penal, pero afirma que dicha medida es susceptible de revisión jurisdiccional como parte de la función del juez en la tutela de un racional y justo procedimiento e investigación. En el ejercicio de dicha función el juez debiese cautelar el derecho a un proceso justo tanto para la víctima como para el imputado.  
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2731
La libertad de enseñanza y la autonomía universitaria. No todas las universidades tienen por origen un agrupación intermedia, pero sí todas ejercen el principio de autonomía propiamente tal. Desarrollo de los proyectos educativos. El contenido esencial de la autonomía universitaria dice relación con su ámbito académico. La autonomía económica como administrativa que la ley le confiere al establecimiento de educación superior (artículo 104, Ley General de Educación) está subordinada al cumplimiento de los estatutos y de la ley.  
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2731
La libertad de enseñanza no es un fin en sí misma. Ella está concebida para dar cauce al derecho a la educación. Tampoco la libertad de enseñanza está al margen de las regulaciones que puede imponer el legislador, que la hagan posible y conciliable con dicho derecho a la educación. Esa libertad no es inmune a las normas que pueda establecer la ley.  
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2731
El administrador provisional en nuestro ordenamiento jurídico.  
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2731
Reconocimiento oficial del Estado de la enseñanza impartida en las instituciones de educación superior. Requisitos y revocación. Jurídicamente, el reconocimiento oficial es una autorización.  
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2731
El derecho a la educación. Se trata de un derecho social que asegura a todas las personas su pleno desarrollo en todas las etapas de la vida, a través del acceso a la enseñanza formal y no formal y a procesos de educación informal.  
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2731
El derecho a la educación y la libertad de enseñanza constituyen ámbitos distintos pero intrínsecamente vinculados o contrapartes. En su globalidad contienen derechos de libertad, deberes sociales, deberes estatales, derechos de prestación, derechos de organización y procedimiento, garantías institucionales y, en general, un entramado normativo que configura un denso cuerpo constitucional, legal y estatutario de principios y reglas;  
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2731
La libertad de enseñanza. El derecho a todas las personas a otorgar educación. Maneras de desarrollar y perfeccionar la educación de los ciudadanos. El derecho a recibir educación y el derecho a otorgar educación es el ejercicio de la libertad de enseñanza.  
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2731
Las normas de organización y procedimiento en la regulación educacional están reservadas a una ley orgánica constitucional.  
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2731
El administrador provisional en nuestro ordenamiento jurídico. Cambio de doctrina.  
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2731
Libertad de enseñanza. Administrador provisional y de cierre. Cambio de precedente. Jurisprudencia rol 184. Validación de medidas de regulación de la gestión sustantivas. La libertad de enseñanza no puede separarse del derecho a la educación, siendo su contraparte. La calidad de la educación está comprendida en el derecho a la educación.  
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2731
Impugnación formal respecto del carácter de orgánico constitucional del artículo 29 del proyecto de ley, que incorpora una nueva causal para designar un administrador provisional en los establecimientos de enseñanza básica y media. Las otras causales fueron consideradas en su oportunidad como propias de ley simple o común, mismo carácter que tiene esta nueva causal. Por lo tanto, no es una materia propia de ley orgánica constitucional. Rechazada la impugnación.  
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2731
Investigación preliminar del Ministerio de Educación en las instituciones de educación superior no vulnera la Constitución. Las instituciones de educación superior no están desprovistas de control y corresponde al Ministerio de Educación velar por el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que las regulan.  
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2731
Alternativas posteriores a la investigación preliminar del Ministerio de Educación. Impugnación respecto del nombramiento de administrador provisional, por afectar la autonomía de los grupos intermedios, la libertad de enseñanza y por tratarse de un acto jurisdiccional propio de los tribunales de justicia, no de la autoridad administrativa. Rechazada. Cuando el Ministerio de Educación nombra un administrador provisional, está dictando un acto administrativo, no está resolviendo conflictos de relevancia jurídica. Este conflicto puede surgir después y a consecuencia de la actuación administrativa. Es frente a ella que puede surgir el ejercicio de la jurisdicción.  
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2731
Plan de recuperación del funcionamiento de la universidad y designación de un delegado ministerial que vele por su cumplimiento. Impugnación respecto de la supervigilancia del plan. Rechazada.  
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2731
Impugnación respecto de las causales para designar un administrador provisional. Rechazada.  
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2731
Impugnación respecto de las facultades del administrador provisional una vez designado. Rechazada.  
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2731
Impugnación sobre la eventual reestructuración de la institución que puede proponer el administrador provisional dentro del plan de administración provisional. Rechazada.  
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2731
Impugnación sobre las facultades del administrador provisional. Rechazada.  
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2731
Impugnación sobre sobre la suspensión, inhabilidad, responsabilidad y derechos del administrador institucional. Rechazada.  
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2731
Inconstitucionalidad del administrador de cierre de una institución de educación superior, para el caso de que se decrete la revocación del reconocimiento oficial. Rechazada la impugnación.  
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2731
Derecho a la educación y libertad de enseñanza. Criterios interpretativos.  
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2732
Materia que no es propia de la ley orgánica constitucional de enseñanza, por no establecer presupuestos referidos al reconocimiento oficial.  
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2732
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional de enseñanza.  
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2743
La imputabilidad como elemento del delito.  
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2743
Inaplicabilidad del artículo 102 E de la ley N° 19.980. El empleo de la expresión "imputado" denota para el adolescente que tenga obligación de comparecer ante el tribunal de familia, un término impropio que emplea nuestra legislación procesal penal para referirse al interviniente que es sindicado por el Ministerio Público o por el querellante particular como eventual responsable de un delito. La voz “imputado” contraría la naturaleza y esencia de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil.  
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2743
Arresto o detención. Diferencias.  
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2743
El debido proceso y la negación del derecho al recurso.  
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2743
El debido proceso. Producción de la prueba y derecho +al recurso.  
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2743
El debido proceso y la “la prisa de gestión”, que se entiende como aquel procedimiento que tramitado rápidamente pugna con derechos y garantías esenciales de las partes en el juicio.  
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2743
Los derechos fundamentales y el principio de proporcionalidad.  
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2744
Sanciones contravencionales sin gradualidad, lo que contraviene el principio de proporcionalidad.  
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2744
Principio de legalidad. Tipo penal y tipicidad.  
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2744
Principio de proporcionalidad.  
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2744
El principio de culpabilidad.  
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2744
Prohibición de la prisión por deudas. Principios de la legalidad y de la taxatividad.  
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2747
Preceptos legales deben respetar la esencia de los derechos constitucionales.  
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2747
Naturaleza del derecho a la honra. Es un derecho personalísimo que emana directamente de la dignidad con que nace la persona humana, que se vincula también con la integridad psíquica de la persona.  
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2747
Principios y valores básicos de fuerza obligatoria que impregnan toda la Constitución, como mandatos expresos para gobernantes y gobernados.  
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2747
El derecho a la honra y la indemnización del daño moral. El pronunciamiento de este Tribunal es independiente de la efectiva procedencia de una indemnización por concepto de daño moral.  
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2776
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional sobre Elecciones Primarias.  
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2776
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional sobre Partidos Políticos.  
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2777
Sistema electoral. El juicio de igualdad formal no arroja una desproporción no justificada en algún objetivo constitucional. Las normas constitucionales que regulan el sistema electoral no contienen un mandato específico sobre la igualdad o proporcionalidad del mismo.  
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2777
Partidos Políticos. Regulación.  
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2777
Las cuotas de género. Las normas sobre cuotas de candidatas femeninas a las elecciones primarias no vulneran la Constitución.  
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2779
Reconocimiento oficial de establecimientos educacionales. Concepto.  
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2779
Ley orgánica constitucional de enseñanza. Contenido.  
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2781
Ley orgánica constitucional sobre libertad de enseñanza. Reconocimiento oficial y subvención educacional. Esta última es propia de ley simple o común.  
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2781
Materias que son propias de la ley orgánica constitucional de enseñanza por incidir en el reconocimiento oficial.  
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2781
Educación inclusiva e inclusión social.  
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2781
Derecho a la educación. La gratuidad como principio del sistema educativo chileno.  
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2781
Transferencia de la calidad de sostenedor a la persona jurídica sin fines de lucro que se cree.  
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2781
Promoción de la formación laica en los establecimientos educacionales de propiedad o administración del Estado.  
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2781
El reglamento interno del establecimiento educacional y su autonomía. La potestad legislativa tiene rango constitucional y los grupos intermedios no están al margen de los mandatos del legislador.  
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2781
Nuevos requisitos de los representantes legales y administrador de entidades sostenedoras de establecimientos educacionales.  
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2781
El principio de diversidad de los procesos y proyectos educativos.  
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2785
Materia que no es propia de la ley orgánica constitucional de enseñanza.  
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2787
Restricción o suspensión de una garantía constitucional y, particularmente, la libertad de enseñanza.  
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2787
Constitucionalidad del requisito de ser propietario o comodatario del inmueble para ser beneficiario de la subvención, y prohibición de arrendar el inmueble que sirve de infraestructura al establecimiento educacional respecto del sostenedor que ingrese al sistema subvencionado.  
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2787
Libertad de enseñanza. Constitucionalidad de los preceptos legales impugnados.  
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2787
La libertad de enseñanza. El contexto de la reforma escolar. Selección y segregación.  
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2787
El derecho a la educación. Derecho preferente y el deber de los padres a educar a sus hijos.  
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2787
Libertad de enseñanza. Legislar sobre el proceso de admisión prohibiendo la selección, en línea de principio, no vulnera la libertad de los padres de escoger un establecimiento de educación, sino que la realiza. No es propia del ámbito de la organización de un establecimiento educacional la capacidad de disponer reglas generales que rijan los procesos de admisión en cualquiera de los niveles, por tratarse de un evidente asunto de interés público.  
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2787
El proyecto de inclusión escolar sobre la base de la no selección y el derecho preferente de los padres, madres o apoderados de elegir el establecimiento educacional para sus hijos. Principios generales de la no selección; la postulación en el Registro del Ministerio de Educación; la admisión por los colegios bajo criterios tasados; la no admisión de estudiantes en las preferencias paternas; postulaciones directas y subsidiarias; establecimientos educacionales con criterios selectivos a partir de 7° básico; reforma gradual en el tiempo, por ciclos y por regiones y liceos emblemáticos.  
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2787
Subvención educacional. Elementos configurativos de la misma. La determinación regulatoria de ella no es parte del reconocimiento oficial.  
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2787
La libertad de enseñanza y el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. La obligación de constituirse como personas jurídicas sin fines de lucro o del establecimiento que se cree en el futuro, de constituirse como tal. El fin de la normativa contenida en el proyecto es evitar el lucro en la actividad educacional, y generar un marco o arquitectura normativa sustentable que permita el asegurar el derecho a una educación de calidad.  
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2787
La igualdad ante la ley. En línea de principio, legislar prohibiendo la selección no vulnera la igualdad ante la ley. El legislador ha adoptado criterios razonables para no diferenciar. El proyecto de ley se inserta en objetivos constitucionalmente legítimos: igualdad en dignidad y derechos desde el nacimiento, promoción del bien común, igualdad de oportunidades, inclusión social, promoción de los grupos desaventajados y desarrollo democrático.  
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2787
La subvención educacional y su afectación al cumplimiento de los fines educativos. Restricciones al uso de los recursos públicos que comprende la subvención. Los establecimientos educacionales no están al margen de las regulaciones del legislador.  
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2787
Derecho a la educación. No es el Estado quien debe educar a los ciudadanos, sino que – con criterios de justicia distributiva – debe ayudar a financiar la enseñanza de todos ellos, bajo condiciones de gratuidad.  
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2787
La evaluación previa a la entrega de la subvención no vulnera la Constitución. La subvención está prevista para asegurar la provisión de una educación de calidad, no para garantizar la libertad de enseñanza, es decir, el emprendimiento individual o colectivo. La subvención se inserta dentro del derecho a la educación.  
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2787
Actividad de fomento del Estado. La subvención como beneficio directo. No es un regalo sino una donación modal.  
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2787
Libertad de enseñanza. Derecho de los padres de escoger el establecimiento de enseñanza parra sus hijos.  
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2791
La imputabilidad como elemento del delito.  
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2791
Arresto o detención. Diferencias.  
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2791
Los derechos fundamentales y el principio de proporcionalidad.  
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2791
Sanciones contravencionales sin gradualidad, lo que infringe el principio de proporcionalidad.  
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2791
Debido proceso y la negación del derecho al recurso.  
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2791
Debido proceso. Juzgamiento de inmediato y la prisa de gestión.  
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2791
Debido proceso. Producción libre de pruebas e interposición de recursos para revisar las sentencias dictadas por tribunales inferiores.  
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2801
Derecho a la honra e indemnización del daño moral. El pronunciamiento de este Tribunal es independiente de la efectiva procedencia de una indemnización por concepto de daño moral demandada por el requirente.  
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2801
Naturaleza del derecho a la honra. Es un derecho de carácter personalísimo que es expresión de la dignidad humana consagrada en el artículo 1º de la Constitución, que se vincula, también, con el derecho a la integridad psíquica de la persona, asegurado por el Nº 1° de su artículo 19.  
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2801
Principios y valores básicos de fuerza obligatoria que impregnan toda la Constitución, que constituyen mandatos expresos para gobernantes y gobernados.  
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2801
Preceptos legales deben respetar la esencia de los derechos constitucionales.  
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2824
El reconocimiento oficial y la subvención educacional. El precedente del fallo rol 2779/2015  
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2824
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional de Enseñanza.  
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2934
La libre competencia en los mercados.  
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2935
La gratuidad de la educación superior.  
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2935
La igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria.  
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2935
La educación superior y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  
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2935
La igualdad ante la ley. Antecedentes jurisprudenciales.  
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2935
La igualdad ante la ley y la exigencia de la racionalidad para establecer diferencias de trato. De no existir, se produce una discriminación arbitraria, la que está prohibida por la Constitución.  
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2935
La garantía de la seguridad jurídica y su vulneración al establecerse discriminaciones arbitrarias.  
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2950
Materias que no son propias de ley orgánica constitucional, por no guardar relación con el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales que el proyecto crea, así como con sus requisitos.  
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2978
Cuestiones de constitucionalidad suscitadass durante la tramitación de un proyecto de ley, sobre la cual el Tribunal no emite pronunciamiento, en examen preventivo de constitucional, por no explicitarse, de manera precisa y concreta, la forma en que se produciría la infracción constitucional.  
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2978
Materias que son propias de la ley orgánica constitucional de enseñanza. Plan de Formación Ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado.  
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2978
Materias que no son propias de la ley orgánica constitucional de enseñanza, por referirse a los cometidos ordinarios del Ministerio de Educación.  
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2980
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional de Partidos Políticos. Afiliación de extranjeros. Entendido e igualdad con los nacionales.  
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2980
Regla de silencio positivo para la afiliación a un partido político, para el caso de que éste no se pronuncie sobre la solicitud.  
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2980
Establecimiento de cuotas de género, de carácter neutral, pues ninguno de los sexos puede superar el 60%, sean hombres o mujeres, para la integración de los órganos colegiados de los partidos políticos previstos en su ley orgánica.  
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2980
Partidos Políticos. Transparencia activa. Procedimiento de reclamación y sanciones.  
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2980
Partidos Políticos. Procedimiento de saneamiento de inmuebles que los partidos políticos hubieran poseído materialmente.  
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2980
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional de Partidos Políticos. Referencias genéricas a la ley deben entenderse hechas a esta ley orgánica.  
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2980
Partidos Políticos. Actualización de los registros de afiliados. Situación de los inhabilitados para ejercer el derecho de sufragio.  
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2981
Partidos políticos.  
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2981
Elecciones primarias.  
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2981
Fomento a la participación política de las mujeres.  
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2981
La carga pública a las radios (Ley N° 18.700) que les impone el deber de emisión de cápsulas de información electoral.  
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3010
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional sobre elecciones primarias y de otras leyes orgánicas de igual naturaleza.  
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3010
Materia que es propia de las leyes orgánicas constitucionales de Partidos Políticos y sobre Sistema de Elecciones Primarias y de otras leyes orgánicas de igual naturaleza.  
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3016
El respeto y protección a la vida privada. No se afecta por el derecho a la información de los sindicatos en la negociación colectiva respecto de remuneraciones asignadas a diversos cargos o funciones en la empresa. Capítulo tercero de la inpugnación.  
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3016
Negociación en sindicatos interempresa. Voto por rechazar el capítulo cuarto del requerimiento, declarando la constitucionalidad del artículo 1°, numeral 37 del proyecto de ley, que modifica el artículo 365 del Código del Trabajo, en empate de votos, resuelto con el voto dirimente del Ministro Presidente del Tribunal.  
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3016
Derecho de los sindicatos a obtener información de los asociados que lo hayan autorizado expresamente en sus estatutos. No se vulnera la vida privada Voto por rechazar el tercer capítulo de la impugnación, declarando, en consecuencia, la constitucionalidad del artículo 1°, numeral 37 del proyecto de ley, respecto de la modificación al artículo 317, inciso cuarto, frase que indican.  
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3016
Libertad de trabajo y protección del trabajo mismo. (VI.II Criterios jurisprudenciales)  
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3016
El derecho de las personas de sindicarse y, de manera siempre voluntaria, decidir afiliarse o desafiliarse. En la base del “derecho de sindicarse”, se encuentra la noción de libertad y voluntariedad para su ejercicio. El proyecto atenta contra este derecho.(Primer capítulo de la impugnación)  
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3016
Disposiciones impugnadas referidas a la titularidad para ejercer el derecho a negociar colectivamente y controversia constitucional. (Primer capítulo de la impugnación)  
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3016
Titularidad para ejercer el derecho a negociar colectivamente y la prohibición de establecer diferencias arbitrarias. El proyecto vulnera esta prohibición constitucional, al establecer diferencias entre las organizaciones sindicales y las agrupaciones de trabajadores no sindicalizadas, consideradas ambas en relación con la negociación colectiva. (Primer capítulo de la impugnación)  
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3016
Titularidad para ejercer el derecho a negociar colectivamente. Legislación laboral y eventual incumplimiento de los convenios de la OIT suscritos por Chile.  
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3016
Titularidad para ejercer el derecho a negociar colectivamente y el derecho de asociación. El proyecto infringe la esencia del derecho de asociarse sin permiso previo. (Primer capítulo de la impugnación)  
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3016
La titularidad del derecho para negociar colectivamente es de todos y cada uno de los trabajadores individualmente considerados. El Proyecto implica una intervención legislativa extrema que afecta la esencia del derecho de los trabajadores a negociar colectivamente, a través de grupos negociadores no sindicalizados. (Primer capítulo de la impugnación)  
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3016
Extensión de pleno derecho de los beneficios derivados de la negociación colectiva. (Capítulo segundo de la impugnación) Se acoge parcialmente el requerimiento respecto de la artículo 1°, numeral 37 del proyecto de ley, en la parte referida al artículo 323, inciso primero, del Código del Trabajo, por contravenir el artículo 19, Nºs 19º, 16º y 21º de la Carta Fundamental. No resulta obvio y natural que un contrato pueda ser modificado unilateralmente por una circunstancia ajena a la voluntad del empleador. Vulneración de la libertad de contratación y del derecho a desarrollar cualquiera actividad económica.  
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3016
Negociación colectiva. Constitucionalidad de la extensión pactada de beneficios. (VI.IV)  
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3016
Breve evolución de la negociación colectiva más allá de la empresa.  
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3016
Negociación colectiva. Extensión pactada de beneficios. Explicación.(VI.III)  
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3016
Extensión de pleno derecho de los beneficios derivados de la negociación colectiva. (Capítulo Segundo de la impugnación) Se rechaza en lo que respecta al artículo 1°, numeral 37° del proyecto, introduciendo los nuevos artículos 322, 323 incisos tercero y cuarto del Código del Trabajo, así como el artículo 1°, numeral 29°, literal j) que sustituye el actual literal g) que pasa a ser h), del artículo 289 del Código del Trabajo, en empate de votos dirimido por el Ministro Presidente del Tribunal.  
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3018
Materia que es propia de las leyes orgánicas constitucionales sobre Partidos Políticos y sobre Sistema de Elecciones Primarias, así como de otras leyes de igual naturaleza.  
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3081
Penas sustitutivas a la penas privativas o restrictivas de libertad. Su establecimiento es propio de ley común. Es una normativa que no altera cuál es el tribunal competente ni sus atribuciones para aplicar la pena. Lo que se cambia son las reglas que rigen dicha aplicación. Y eso, por mandato del artículo 19 N° 3, es materia de ley simple.  
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3081
Ejercicio de funciones fiscalizadoras de los funcionarios municipales. El establecimiento de una falta penal para quienes impidan su ejercicio, es materia de ley simple.  
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3081
Determinación de penas en el nuevo artículo 449 del Código Penal es materia de ley simple y no de ley orgánica constitucional.  
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3130
Régimen recursivo. La especificación de los recursos y la forma en que deben ejercerse son materias de competencia del legislador y propias de ley simple.  
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3130
Delitos. El establecimiento de delitos no es materia de ley orgánica constitucional.  
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3130
Régimen de penas.  
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3186
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional de Partidos Políticos.  
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