La Sala de la Cámara de Diputados acordó suspender el debate en general del proyecto de ley (boletín 8049) sobre Lesa Humanidad, en atención a la discusión suscitada y las distintas propuestas que se encuentran consignadas en las indicaciones presentadas.
El texto legal fue devuelto a la Comisión de Constitución, donde se le incorporará un nuevo plazo, además de otros delitos a los que señala el proyecto de ley.
El diputado Raúl Saldívar (PS) enfatizó en la importancia que tiene la moción y señaló esto pone a Chile en una mejor situación en cuanto al rol del Estado frente a los derechos humanos.
“La bancada nuestra está apoyando y respaldando esta moción, porque no nos cabe duda de que es una forma seria y objetiva, que ya en otros países existe con claridad absoluta, (…) nunca más negar, minimizar o juguetear con un tema tan serio y sustantivo como el de los derechos humanos”, indicó.
La moción, que fue presentada en 2011 por los diputados Tucapel Jiménez (PPD), Sergio Aguiló (Ind), Osvaldo Andrade (PS), Lautaro Carmona (PC), Hugo Gutiérrez (PC), Sergio Ojeda (DC) y Cristina Girardi (PPD); el actual senador Alfonso De Urresti y los ex parlamentarios Enrique Accorsi y René Alinco, establece una pena de presidio menor en su grado medio (541 días a tres años) para quienes nieguen hechos debidamente comprobados mediante sentencia judicial.
Al mismo tiempo, el texto dispone que “El que públicamente negare hechos comprobados por sentencia judicial firme, referidas a delitos de homicidio, homicidio calificado, secuestro, secuestro calificado, substracción de menores, detención ilegal, tormentos o rigor innecesario y asociación ilícita, siempre que los hechos punibles hayan ocurrido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y que las personas condenadas hubiesen actuado como agentes del Estado en calidad de funcionario público o, tratándose de un particular, que hubiese actuado en el ejercicio de funciones públicas o con la aquiescencia, consentimiento o por instigación de un funcionario público serán castigados con la pena de presidio menor en su grado medio.”.
Los autores de la iniciativa plantean que durante el régimen militar que gobernó el país entre los años 1973 y 1990 se produjeron graves, extendidas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, situación que fue acreditada por las llamadas Comisión Rettig y Comisión Valech, cuyos informes atestiguan el asesinato de más de 3 mil personas y la tortura y vejaciones a otras 28 mil durante ese periodo.
