Con la discusión del articulado continuará en el mes de enero el análisis, en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, del proyecto que regula la creación y funcionamiento de las empresas de beneficio e interés colectivo (boletín 11273).
Para el debate de esta iniciativa, ingresada a trámite por los diputados Felipe Kast (Evópoli) y Maya Fernández (PS) en junio de 2017, se contó con la postura del Ejecutivo representado por la Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Natalia Piergentili, quien remarcó la necesidad de avanzar en una regulación en la materia.
Al respecto, resaltó que este tipo de empresas representan unidades económicas que, al plantear el desarrollo de sus negocios, lo hacen mediante un compromiso de lograr un impacto social. “Por esta razón, el órgano de administración de estas sociedades tiene la obligación de seguir este objetivo considerando a sus inversionistas, consumidores, la comunidad y sus trabajadores”, precisó en su presentación.
Asimismo, explicó, se obligan a tener altos estándares de transparencia que permitan reportar sobre su impacto social, según la misión específica que se trate; y cumplir con las mejores prácticas de los gobiernos corporativos (regular conflictos de intereses, corrupción, derechos y deberes).
En dicha perspectiva, sostuvo que es preciso crear un marco legal para estas empresas con el objeto de dar: seguridad a sus miembros e inversionistas de la mantención de su objeto social; certeza jurídica de su registro y auditoría; mayor transparencia para este tipo de negocios; y cumplir con compromisos internacionales en la materia (Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible).
Así, dijo que se debe contar con un registro donde los inversionistas y la comunidad puedan conocer cuáles y qué tipo de sociedades desarrollan este tipo de actividades; donde se pueda revisar los estándares comprometidos con regularidad, evitar un mal uso de la legislación; y desarrollar políticas públicas en relación con la materia.
Además, postuló mantener mejores estándares de los gobiernos corporativos.
Entre las últimas audiencias que recibió la Comisión sobre este tema estuvieron Cristóbal Undurraga, consejero de la Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH); y Sebastián Gatica, profesor y miembro del Centro de Innovación UC.
Cristóbal Undurraga indicó que las sociedades BIC son un fenómeno reciente sobre el cual no se tiene mucha historia como para definirlas de manera taxativa y que la idea de una Ley ha sido discutida desde hace años, manteniéndose vigente el desafío de lograr un equilibrio entre lo que se ofrece y lo que se pide.
Dijo que, en términos generales, esperan que toda ley que apoye y/o regule a las pymes considere reducir los trámites o solicitudes; evitar agregar funciones y tareas; y reducir asimetrías (grandes vs pymes, Estado vs pymes).
Por último, concluyó que el proyecto les parece una gran iniciativa, por cuanto da certeza a emprendedores que quieren aportar al desarrollo económico, social y medioambiental de manera explícita; al contemplar un proceso simple que puede simplificarse más en favor de los emprendedores y del Estado; y que representa una propuesta que permite comenzar un movimiento y aprender de una nueva forma de hacer empresas.
Para Sebastián Gatica, es importante delinear los bordes de lo que se denomina internacionalmente como “Cuarto Sector”, esto es, el cruce entre valores, consumo y producción en la economía, donde las empresas mantienen un perfil que combina los tres sectores tradicionales: el público, el privado y el no gubernamental.
En este plano sostuvo que una empresa social está organizada y opera para:
1. Generar uno o más beneficios sociales o medioambientales como su propósito central.
2. Generar sus ingresos principalmente a través de la venta o intercambio de productos y/ o servicios en el mercado.
En su presentación llamó a reconocer las dinámicas de las organizaciones en Chile y sumarse a esfuerzos globales respecto de este diverso sector y a comprender la diversidad del cuarto sector y, con ello, su riqueza.
Asimismo, pidió favorecer un sistema de registro que permita apoyar el desarrollo de políticas públicas e iniciativas privadas en torno al tema y promover, junto a esta iniciativa, un propósito y desafío mayor asociado a las organizaciones de interés social.
