Cumpliendo un compromiso definido durante la tramitación de la Ley de Presupuestos de la Nación para el año 2018, particularmente en lo referido a la partida del Ministerio de Agricultura, el Gobierno ingresó a trámite legislativo un proyecto (boletín 11554) por medio del cual se crea la sociedad anónima Intermediación Financiera S.A.
La iniciativa, conforme a lo explicado en el mensaje presidencial, busca perfeccionar la administración de los programas de garantía de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), reformulando el marco legal de la actual Sociedad Agrícola (Sacor), de modo de asignarle a dicha entidad la labor.
La idea, según se detalla, pasa por conformar uno o más fondos de cobertura, los que, a su vez, constituyan un patrimonio separado de Corfo, de forma tal que tanto el monto de garantías que se puedan otorgar, así como el costo de las mismas, tengan una base financiera específica conocida.
En línea con lo anterior, el proyecto autoriza al Estado para desarrollar actividades empresariales de proveer, financiar y gestionar garantías a entidades financieras e instrumentos financieros de fomento y desarrollo productivo de empresas de pequeño y mediano tamaño, a través de una sociedad anónima que constituirán el Fisco (1%) y la Corporación de Fomento de la Producción (99%) y que se denominará “Intermediación Financiera S.A.
A esta nueva entidad le serán aplicables las normas de la presente ley, así como las aplicables a las sociedades anónimas abiertas.
La administración de la sociedad la ejercerá un directorio que estará compuesto por cinco miembros, quienes serán nombrados por el Comité SEP de la Corfo a partir de una terna propuesta, para cada cargo, por el Consejo de Alta Dirección Pública.
Los directores, que tendrán la calidad de independientes, serán elegidos a través de mecanismos que garanticen que no mantengan vínculos con la sociedad, todo ello con miras a garantizar que la administración esté sujeta a un nivel de independencia en la toma de sus decisiones compatible con el estándar que se le exige al resto de las sociedades anónimas abiertas. Lo anterior es complementado con un amplio catálogo de inhabilidades y el establecimiento de estrictos requisitos para desempeñarse como director, a fin de garantizar una buena gestión de la empresa.
Finalmente, entre otras normas, la iniciativa establece que los balances y estados de situación financiera de la sociedad deberán ser sometidos a auditorías de firmas auditoras externas, de acuerdo al procedimiento que establezcan las normas relativas a las sociedades anónimas abiertas.
