Una exposición sobre los alcances de la Ley Navarino y su fiscalización fue la que realizó el Seremi de Hacienda de Magallanes, Cristian García, en la Comisión de Zonas Extremas de la Cámara de Diputados, que preside el parlamentario Iván Fuentes (Independiente)
La autoridad salió al paso de los cuestionamientos de empresarios de Magallanes que estuvieron previamente en la instancia legislativa, donde acusaron un actuar anormal e irregular de parte de las autoridades en la aplicación de esta normativa.
Al respecto, el Seremi de Hacienda de Magallanes, explicó que se trata de una ley que es vigente solo para el territorio de Magallanes, es más, expresó “solo para una porción, donde hay algunas empresas que tienen un sistema de franquicias a través de un contrato que es entregado por el intendente regional”.
En este sentido, detalló los aspectos incorporados en la fiscalización que el Intendente realizó sobre las empresas. “Lo que hicimos fue explicar claramente que cosas están incorporadas en esta fiscalización que el intendente ha hecho sobre las empresas y otras materias que corresponden más bien a la Tesorería, respecto del pago de algunas de las franquicias y beneficios que estas leyes contemplan y que corren por carriles distintos, aunque tienen algún complemento. Por lo tanto, básicamente explicar en qué consiste este contrato y cuáles son los requisitos para que Tesorería pague estas bonificaciones, que no es llegar y pagar, sino que tienen que estar acreditados primero al cumplimiento de varios elementos que están incorporados en la misma legislación y que están incorporados en estos mismos contratos, no existe posibilidad de pagar y luego fiscalizar. Eso no está en la ley. Hay que, primero, revisar que las empresas cumplan los requisitos y, luego, recién entregar los beneficios”, precisó.
Y es que lo primero que se debe realizar en este proceso, manifestó, es una revisión de los requisitos de estas empresas. Según declaró, hay una tarea que le corresponde al Intendente, que es primero revisar si las empresas existen, si están donde tiene que estar, si hacen las actividades que se les autorizaron puntualmente, si tienen un cumplimiento y un comportamiento medio ambiental adecuado. En caso negativo la ley les faculta declarar la caducidad de los contratos. Esto significa que se extinguen los beneficios.
La autoridad informó que, en la revisión, lo que se ha hecho es que de 212 empresas que han solicitado acogerse a estas franquicias desde que la ley se promulgó en el año 1985 hasta el año pasado, han examinado a 170 que, por alguna u otra razón, despertaban sospechas por ciertos elementos que significaban una falta de cumplimiento total del contrato, básicamente porque se hizo un cruce de información con el Servicio de Impuestos Internos y con el Servicio Nacional de Aduanas.
Por su parte, el diputado por la zona, Juan Morano (DC), sostuvo que la exposición fue muy clara en los antecedentes sobre las empresas que no cumplían con los requisitos para entregarle la bonificación.
Remarcó que, de las 170 empresas fiscalizadas, al 60% se le caducó su contrato de concesión. “Solo ha apelado el 10%. Quiere decir que las conclusiones estaban bien porque no se estaba ejerciendo la actividad empresarial, porque la empresa no existía, porque no tenían trabajadores. Razones que eran más que evidentes que ameritaban la caducidad”, añadió.
El parlamentario agregó que de aquellas empresas que vinieron y ya han presentado su reclamo, una centró la atención del grupo parlamentario y que, justamente, hoy se encuentra en un proceso judicial. “Esta, en este momento, en un fallo de los Tribunales y que, por lo tanto, más no podemos hacer porque entraríamos en un terreno que ya no nos compete. Lo mismo hizo la Seremia. Detuvo el proceso de fiscalización y dijo: mire, vamos a esperar que resuelvan los Tribunales. No nos compete a nosotros seguir avanzando. Así que la exposición nos ha dejado muy claro. Había un aumento exponencial del pago de la bonificación más allá de lo que se ha dicho. El grafico demuestra que hemos saltado de cifras inferiores a los 9 mil millones de pesos, el año 2010, a cifras que hoy día, el año 2017, superan los 30 mil millones. Ósea que nadie puede plantear que no se está pagando”, subrayó.
Lo que si llamó la atención de la Comisión, explicó el parlamentario, fue la falta de fiscalización previa a la normativa y el incumplimiento de los requisitos por parte de las empresas.
“Inexplicable, porque se lo preguntamos al Seremi y no tenía explicación. Nunca se fiscalizó antes. La ley señala claramente que el contrato que se adjudica, se caduca a los dos años si la empresa no concreta su inversión y parte su actividad. O se caduca si la empresa suspende su actividad por más de un año. Bueno y eso ocurrió muchas veces. Hay empresas que nunca tuvieron trabajadores, ósea, no son empresas. No puede haber empresas sino hay trabajadores. Las empresas existen si hay capital y hay trabajadores, si no, no existe. Entonces, uno no entiende cómo le otorgaron la concesión en su momento. Luego, hay situaciones como que 17 empresas tienen la misma ubicación, la misma dirección. Y uno se pregunta si acaso están una sobre otra, porque son empresas industriales, no son oficinas. Entonces, evidentemente, que no. Por lo tanto, le hemos pedido a la seremia que nos envié los detalles de la situación porque queremos saber quién se dedicó a arrendar la dirección, porque para que todas coincidan en el mismo lugar…”, cuestionó.
La ley 18.392, también llamada Ley Navarino, fue publicada el 14 de enero de 1985 y tiene por objeto fortalecer el poblamiento y desarrollo económico de ciertas zonas extremas y aisladas ubicadas dentro de la XII región de Magallanes.
Con tal objeto se buscó, por la vía de incentivos tributarios y aduaneros contemplados en esta norma, cautivar a empresas dedicadas a actividades industriales, mineras, pesqueras, de transporte y turismo.
