La resolución 1019 pide a la jefa de Estado instruir a la Ministra del Trabajo, al Superintendente de Seguridad Social y al Director del Instituto de Previsión Social, IPS, para que dentro del actual período presidencial propongan al Congreso una modificación legal que permita cumplir con lo solicitado.
El documento cifra en 581.557 los chilenos y chilenas que reciben la pensión básica solidaria, por vejez o invalidez; beneficio previsional destinado al 60% más pobre de la población y que desde el 1 de julio de 2017 asciende a un monto mensual de $104.646 pesos.
Muchos de ellos, sobretodo en comunas pequeñas o rurales, por diversas razones, terminan afiliándose a cajas de compensación ante la oferta de créditos automáticos a largo plazo y el regalo de canastas de alimentos.
Precisamente, los de zonas apartadas, sin hacer uso de ningún servicio de las cajas, solo ven como cada mes se les descuenta el equivalente al 1 o 2% de su pensión por concepto de afiliación, mermando sus ingresos.
La dificultad se hace evidente cuando estos adultos mayores van a la ciudad a tratar de desafiliarse y se les tramita y dilata la posibilidad de hacerlo, consigna la resolución, que registró 83 votos a favor y 16 abstenciones.
El texto fue presentado a la Cámara por los diputados PS Fidel Espinoza, Osvaldo Andrade y Juan Luis Castro; DC Juan Morano, Jorge Sabag e Iván Flores; el RN Alejandro Santana; y el UDI Pedro Pablo Alvarez-Salamanca.
