Por 95 votos a favor y 1 abstención, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó, en primer trámite constitucional, el proyecto que modifica la Ley 20.529, sobre el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media y su fiscalización y que amplía las atribuciones del administrador provisional (boletín 11266).
El texto, que fue analizado previamente por la Comisión de Educación, se debatió en su minuto en el marco del conflicto entre docentes y la Corporación de San Fernando por el no pago de la totalidad de sus salarios.
En ese contexto, la iniciativa establece la figura de un administrador provisional que interviene en el establecimiento y restablece el funcionamiento del mismo. Devuelve las funciones del establecimiento cuando los alumnos han dejado de concurrir a clases, asegurando la normalidad y la atención de los servicios educacionales a los alumnos. Dentro de las obligaciones se agrega el realizar una declaración de intereses y patrimonio; y pagar las obligaciones derivadas del servicio educacional desde el momento que asume sus funciones, incluyendo las remuneraciones y cotizaciones previsionales y de salud adeudadas con anterioridad a su nominación.
Según la mirada de los autores, con esto se busca dar solución a situaciones de precaria administración existente a lo largo del país, en lo que respeta a la educación pública municipalizada, las cuales no pueden solucionarse sino permitiendo una intervención mayor por parte del administrador provisional, según se propone en este proyecto.
De esta manera, se pretende otorgar una alternativa, para oxigenar aquellos establecimientos educacionales que por un mal manejo de su sostenedor, hoy no tienen las herramientas para desarrollar con normalidad el servicio educacional en favor de las niñas y niños de nuestro país.
El documento fue presentado a la Cámara por los diputados Cristina Girardi (PPD), Rodrigo González (PPD), Roberto Poblete (IND), Yasna Provoste (DC), Alejandra Sepúlveda (IND) y Mario Venegas (DC).
