Gobierno respalda moción que incentiva el desarrollo de generadoras residenciales

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Incentivar el desarrollo de generadoras residenciales y hacer aplicable sus disposiciones a todos los sistemas eléctricos del país, es lo que busca el proyecto de ley (boletín 8999) que está siendo analizado por la Comisión de Minería.

A la instancia asistió la Ministra de Energía, Susana Jiménez, para referirse a la moción, que fue objeto de una indicación sustitutiva, en diciembre de 2017, durante el Gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet.

“Creemos que el espíritu del proyecto es el correcto, porque promueve el autoconsumo y también amplía el universo de establecimientos que pueden incorporar estos sistemas, por lo tanto, lo queremos promover reconociendo que hay espacios. Incluso se puede mejorar y dar mayor flexibilidad para que esto sea una realidad masiva y accesible para todos”, resaltó.

La presidenta de la Comisión, Marcela Hernando (PRSD), valoró la postura del Ejecutivo y explicó que dicha propuesta tiene que ver con la distribución de la energía autogenerada.

“La Ministra anunció que va a hacer una nueva indicación, pero que se le ha puesto urgencia simple y, por lo tanto, de aquí a un mes nosotros deberíamos tenerlo tramitado. Vamos a comenzar con las audiencias la próxima semana”, comentó.

En una segunda jornada, la Comisión recibió al Presidente del Directorio de Codelco, Oscar Landerretche, y al Presidente Ejecutivo, Nelson Pizarro, para conocer los resultados que obtuvo la estatal durante el 2017.

La diputada Hernando destacó la exposición y señaló que se observó una importante recuperación, tanto en productividad como en reducción de costos, que ha permitido que los números de la empresa mejoren.

“Se clarificaron, también, los atrasos que están teniendo los proyectos estructurales y de qué manera afectan los cronogramas, si bien es cierto se elevan los costos, por estos atrasos, siguen siendo tremendamente necesarios y rentables”, detalló.

La instancia también analizó, junto al Gobierno, la problemática que afecta a un número importante de pequeños y medianos empresarios afectados por la imposibilidad de cobrar los trabajos realizados en la construcción del proyecto Cardones-Polpaico.