Con el objeto de continuar el análisis del proyecto de Ley de Migración y Extranjería (boletín 8970), ingresado a trámite por el Ejecutivo, la Comisión de Gobierno Interior prosiguió con la ronda de audiencias para recabar opiniones respecto de la normativa.
Esta vez fue el turno de la directora de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, Consuelo Contreras; y de un grupo de académicos quienes entregaron su parecer sobre el contenido del texto legal.
En esa línea, la directora del organismo no solo reiteró las aprehensiones que se tenían respecto del proyecto impulsado por la administración anterior, referidas a una deficiente regulación, sino que, además, dijo que la actual iniciativa es insuficiente respecto de los derechos humanos fundamentales de los migrantes.
“Hay que hacer una nueva mirada desde la perspectiva de los derechos humanos, porque en algunos aspectos es muy restrictivo; hay que generar mayor posibilidad de ejercicio de derechos en este proyecto que se centra mucho en el ingreso y salida, más que en cómo enfrentar los procesos migratorios”, precisó.
En esa línea, la presidenta de la Comisión, diputada Daniella Cicardini (PS), planteó sus reparos sobre la criminalización que se hace de ciertos migrantes, en un texto legal que asu modo de ver, “más parece una ley de extranjería que un proyecto integral”.
“No queremos que ingresen personas que tienen prontuario de narcotráfico, de delincuencia. ¿Quién se opondría a aquello? Al contrario, todos queremos avanzar rápidamente en la regulación, pero efectivamente, como se ha dicho acá, estamos todavía muy al debe respecto de cómo damos garantías plenas, sobre todo porque es el Estado el que debe garantizar la protección de los derechos en toda índole; salud, vivienda, educación y ahí nos hemos dado cuenta que hay muchos vacíos, hay mucho que hacer, mucho que incorporar”, sostuvo la legisladora.
En tanto, el diputado Renzo Trisotti (UDI) sostuvo que lo importante es valorar la voluntad del Ejecutivo de impulsar los cambios requeridos y seguir avanzando para perfeccionar la norma y alcanzar los consensos necesarios.
En tal sentido, el parlamentario precisó que “vemos incluso contradicciones entre algunos de los expositores; algunos nos plantean que nos hemos quedado cortos en el aseguramiento de los derechos de los migrantes, pero otros nos ponen los pies en la tierra respecto de las capacidades que hoy tiene el Estado”.
“Lo que queremos es que este sea un proyecto que regule la actualidad de la migración, pero que también tenga un espacio importante para el futuro, para no estar luego modificándolo”, enfatizó.
Cabe agregar que la instancia continuará con las rondas de audiencias por los próximos dos meses antes de pronunciarse sobre la normativa, con el objeto de escuchar la mayor cantidad de testimonios posibles, para materializar una ley integral que no presente vacíos.
