El jurista Juan Carlos Ferrada y el director jurídico del Ministerio de Salud, Jorge Hubner, dieron a conocer sus respectivos planteamientos en relación al proyecto que apunta a fijar de manera auténtica el sentido y alcance del artículo 119 ter, en materia de objeción de conciencia de las instituciones o establecimientos de salud, sean públicos o privados, conforme a la controversia que se planteó luego que se emitiera un protocolo a favor de la objeción de conciencia.
En su idea central, el proyecto (boletín 11653) expone que cuando estos convenios de prestaciones médicas se celebren -en especial referido a materia gineco-obstétrica- se entienden incorporados al sistema nacional de servicios de salud, cuyo mandato supone el cumplimiento de las políticas públicas de protección de prestaciones de salud en la materia y asegurar el cumplimiento de los fines de servicialidad del Estado, con eficiencia y eficacia, en la satisfacción de las necesidades públicas. Razonar de otro modo, argumenta el texto legal, sería legitimar una falta de servicio.
La iniciativa indica también que se debe fijar el alcance relativo a que la manifestación de la objeción de conciencia institucional conste por escrito, por quienes cuenten con facultad suficiente para el ejercicio del derecho tratándose de personas jurídicas.
El abogado Juan Carlos Ferrada dijo que “el Tribunal Constitucional nos plantea un ámbito que es muy complejo, porque lleva la objeción de conciencia, que es personal, a una cuestión institucional y cuando hace ese salto genera el problema que genera en este caso el protocolo, porque nos plantea un escenario en el cual las entidades quedan de alguna manera cubiertas con una excepción legal y cuando esas entidades cumplen funciones públicas se hacen incompatibles”.
De acuerdo a lo que explicó, “el Tribunal Constitucional nos llevó a un escenario que es difícil de resolver, por eso yo creo que los legisladores son los que deben resolver este problema que nos creó”.
“Otra cosa distinta es decir que todas las personas que trabajan en tal institución pueden hacer objeción de conciencia personal; y yo creo que eso es perfectamente posible. Pero una cosa distinta es que el personal médico pueda objetar y otra cosa que la institución como tal adquiera por alguna condición jurídica conciencia y además objetar esa conciencia”, recalcó.
El jefe del Departamento Jurídico del ministerio de Salud, Jorge Hubner, explicó que, tras el dictamen de la Contraloría, donde se declaró ilegal el protocolo de objeción de conciencia en el Aborto en Tres Causales, que permitía que instituciones privadas que recibían aportes estatales pudieran ser objetoras, las cosas han cambiado.
“Este dictamen ha entregado una instrucción al Ministerio de Salud de tomar medidas para dejar sin efecto un acto administrativo. Ha entregado ciertas directrices que debe seguir el Ministerio de Salud y, en este contexto, nos parecería adecuado detener la tramitación de este proyecto hasta que se disipe el polvo del dictamen de la Contraloría hasta que queden asentados los actos administrativos que ahí se señalan y que quede clara cuál será la interpretación que hará de este dictamen el ministerio de salud”, planteó.
Salud Primaria en Arica
En otra materia, los parlamentarios recibieron a una delegación de la ciudad de Arica quienes, acompañados por el diputado de la zona Vlado Mirosevic (PL), dieron a conocer la situación que se presenta en el área de salud primaria en las provincias de Arica y Parinacota.
Acerca de esta problemática, el alcalde de la comuna de Arica, Gerardo Espíndola, explicó que los problemas se dividen las áreas de infraestructura; financiamiento y recursos humanos.
Entre los acuerdos adoptados por la Comisión sobre la materia se determinó establecer una mesa de trabajo de carácter formal para la región.
