El proyecto que crea el centro automatizado de tratamiento de infracciones de tránsito (CATI), ingresado originalmente el 28 de enero de 2014, no tuvo gran aceptación en la época y, tras algunas discusiones en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, la propuesta quedó estancada en julio de 2015. Sin embargo, la nueva administración del Presidente Sebastián Piñera rescató la iniciativa y la replanteó ante la nueva composición de la instancia legislativa.
La propuesta legal (boletín 9252) se fija el objetivo de reducir el número de fallecidos en accidentes de tránsito cuya causa sea la velocidad por medio de la creación del citado centro automatizado, que contará con facultades fiscalizadoras, con la finalidad de aumentar la capacidad de detección de las infracciones por concepto de velocidad, imitando con ello experiencias en países como España, Francia y Australia, entre otros.
Según consta en la presentación de la Ministra de Transportes, Gloria Hutt, el sistema no vendrá constituirse como una herramienta de recaudación, sino de inhibición de conductas que generan peligro. Su objetivo final, se acotó, es salvar vidas y la protección de las personas, “incorporando tecnología ante los pocos recursos para la fiscalización. Además, se pretendería apoyar y complementar la labor de los Juzgados de Policía Local; y fomentar la transparencia en la ubicación de los equipos, la seguridad de los datos de las personas y usuarios, entre otros puntos.
Haciéndose parte de las observaciones ya planteadas al proyecto, particularmente lo referente a su constitucionalidad, indicó que la situación no es comparable con la Ley del Sernac (cuyas facultades fiscalizadoras fueron rechazadas por el Tribunal Constitucional) y recordó que hay múltiples ejemplos de órganos administrativos con atribuciones sancionadoras, como son las Superintendencias, el Servicio de Impuestos Internos y la Dirección del Trabajo.
Sostuvo que la propuesta establece resguardos para el debido proceso mediante recursos ante el mismo CATI y los Juzgados de Policía Local, como segunda instancia; además de considerar un pleno respeto a los principios de legalidad y tipicidad y la existencia de un procedimiento sancionatorio y de conductas objetivas descritas en la ley.
En otros puntos, el Ejecutivo descartó potenciales fraudes por el cobro de infracciones y aseguró que las comunicaciones electrónicas dentro de un procedimiento judicial y, en general, dentro de un procedimiento sancionatorios están ampliamente reconocidas en nuestro derecho, en leyes y la Contraloría General. En todo caso, indicó que se trabajará durante la discusión en particular en una mejor propuesta para este asunto.
Además, la Ministra dijo que el proyecto corrige una asimetría en la fiscalización, donde existen múltiples y recurrentes conductas ilegales que quedan impunes y alertó que no dispone que la aplicación de sanciones sea “automática”, sino que la detección de infracciones lo sea.
Finalmente, entre otros puntos, adelantó que esperan concretar algunas mejorar a la propuesta legal:
– Perfeccionamientos relativos a procedimientos, normas sobre notificaciones electrónicas y la revisión de las sanciones.
-Respecto de las causales que habilitan la interposición de recursos ante el CATI y a los Juzgados de Policía Local.
-Incorporación de principios rectores en materia de seguridad en el uso de la información, que protejan a las personas de posibles fraudes.
– Poner especial énfasis en la necesidad de señalización y transparencia para la instalación de equipos de registro, fijos o móviles.
-Establecer exigencias elevadas para la mantención y calibración de equipos.
-Revisar qué otras infracciones podrían ser conocidas por el CATI a fin de alivianar el trabajo de los juzgados, para permitirles concentrarse en la mejor administración de justicia.
