Por 5 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones la Comisión de Constitución rechazó la idea de legislar del proyecto de ley que moderniza el Consejo de Defensa del Estado, cuyos objetivos contemplan fortalecer las capacidades técnicas y de gestión de la repartición, con el fin de modernizarlo y mantener sus elevados estándares jurídicos (boletín 13522).
En la sesión expusieron los representantes de las asociaciones de funcionarios del organismo, quienes centraron sus críticas al texto porque no considera un cambio en la regulación de la planta y remuneraciones de los funcionarios y que la modernización que se plantea no pasa de ser solo una modificación a la integración del órgano superior del Consejo.
En este sentido, algunos legisladores plantearon la posibilidad de aplazar la votación en general de la iniciativa con miras a alcanzar un acuerdo con el Gobierno y las asociaciones de funcionarios, ya que de aprobarse en general, los parlamentarios carecen de facultades para presentar indicaciones que mejoren las condiciones económicas o la carrera funcionaria en la discusión en particular.
Al respecto, el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, afirmó que en el debate pre legislativo se discutió que este proyecto no iba abordar las modificaciones a la estructura de la planta, por lo que un eventual encuentro entre los actores para el análisis de este punto no prosperó.
Añadió que una modificación a la ley de planta “escapa del diagnóstico y los objetivos iniciales del proyecto y que hoy, en el escenario presupuestario, se hace difícil abordar”.
Finalmente, la instancia rechazó la idea de legislar y será la Sala de la Corporación la que definirá la continuidad del proyecto.
Asociaciones
En la sesión expuso el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Consejo de Defensa del Estado, Helmuth Griott, quien explicó que la última modificación a la Ley Orgánica del organismo, con influencia en las remuneraciones, se hizo hace 23 años.
“Lamentablemente, si bien hubo una mejora, esto fue una especie de pirámide invertida donde se mejoró a los mayores salarios y mucho menos a quienes ganaban sueldos más bajos, lo que provoca que en la actualidad quien mas gana, lo hace 18 veces mas que el que menos”.
El dirigente planteó que “el problema está circunscrito a la preocupación por los compañeros que actualmente tienen un grado 25 y ganan, aproximadamente, un sueldo líquido de $420.000 pesos”.
Agregó que el 70% del empleo es precario y en su mayoría se trata de funcionarios a contrata y que esto no preocupa desde el punto de vista de los despidos sino que esta situación contrae la posibilidad de tener una carrera funcionaria; impactando el ánimo de los funcionarios que realizan una labor muy especializada.
Por su parte, Lupi Aguirre, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados del CDE dijo que el proyecto se presenta como un fortalecimiento, lo que llamó la atención de sus asociados porque no se incorpora una regulación de su planta, dotación y de las funciones entregadas a quienes ejercen las labores.
“Notamos la necesidad de que si va a haber un aumento de atribuciones a las funciones que cumple el servicio debe haber un aumento de dotación y regularizar la forma en la que trabajan los profesionales del Consejo”.
Sin lo anterior, recalcó la funcionaria, “cualquier intento de modernización no pasa a ser mas que luces en torno a modificar aquello que, sinceramente, se quiere modificar que es la integración del Consejo y cómo se eligen los consejeros. Por lo que acá, indicó, se habla solo del fortalecimiento de un órgano compuesto hoy por 12 personas pero pareciera dar la espalda al fortalecimiento del ejercicio y función central que se realiza por sus profesionales con el apoyo y gestión de los demás profesionales no abogados, técnicos y administrativos que lo componen”.
Debate
Los diputados Leonardo Soto (PS), René Saffirio (Ind.) y Marcos Ilabaca (PS) manifestaron sus dudas frente a los contenidos de la normativa, ya que no aborda los temas principales que el organismo arrastra desde hace un buen tiempo.
Asimismo, plantearon que el proyecto no toca aspectos como la carrera funcionaria y que deben ser discutidas en particular, de los cuales el Gobierno debe hacerse cargo mejorando la infraestructura humana del Consejo.
El subsecretario de Justicia, en tanto, se refirió a las observaciones realizadas por los funcionarios en relación a que parte de los consejeros debiesen ser de carrera.
“Es una opinión válida, pero por la que no optamos ya que creemos que debe prevalecer que el Estado cuente con los mejores abogados estén o no en el CDE. Lo que no inhibe ni prohíbe que un abogado participe del proceso”.
Frente a las críticas a las designaciones, el subsecretario dijo que “estas seguirán ocurriendo en la medida que no modifiquemos la estructura del sistema de nombramiento y la probidad de los consejeros porque se seguirán produciendo nuevas vacantes por el límite de los 75 años”.
Aspectos generales de la iniciativa
En términos centrales, la normativa propuesta por el Ejecutivo aumenta de 12 a 13 los consejeros, para integrar con tres miembros cada uno de los cuatro comités (penal, civil, contencioso administrativo y tributario, y medio ambiental), además de un presidente.
Igualmente, busca establecer el cargo de director ejecutivo; crear un comité de ética; crear dos nuevas procuradurías fiscales en Santiago; establecer un nuevo estatuto para abogados consejeros y abogados de procuradurías, que incluya un nuevo catálogo de prohibiciones e inhabilidades.
En el caso de los consejeros, propone fijar como requisito para su nombramiento por parte del Presidente de la República (a partir de una quina elaborada por el Consejo de Alta Dirección Pública), el ejercicio en la academia y/o tareas de litigio nacional o internacional.
La propuesta añade que los consejeros permanecerán en sus cargos por diez años, sin posibilidad de reelección, y se renovarán por parcialidades. Además, se permitiría la remoción de estos, a cargo de la Corte Suprema, a petición del Presidente de la República o de un cuarto de los integrantes de la Cámara de Diputadas y Diputados.
