La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general dos proyectos de ley, en materia de prevención del delito y crimen organizado.
La primera de las propuestas consagra funciones en materia de prevención social, situacional y comunitaria, así como de apoyo y asistencia a víctimas.
La iniciativa (boletín 16132) pretende robustecer la institucionalidad de seguridad pública. En ese contexto, la norma fortalece a las municipalidades y permite que los gobiernos regionales puedan otorgar asistencia técnica.
A la sesión asistió el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, quien explicó los alcances del proyecto de ley.
El personero resaltó que esta es una iniciativa que forma parte del acuerdo por la seguridad, donde participaron los gobernadores de todo el país.
Agregó que, en términos generales, la propuesta busca clarificar el rol preventivo de los gobiernos regionales. Asimismo, sigue una lógica de orden, “lo que permitirá que las políticas nacionales avancen”.
La propuesta, originada en mensaje, fue respaldada por la unanimidad de las y los diputados presentes.
Prevención contra el crimen organizado
La comisión también aprobó en general el proyecto (boletín 16170) que modifica la Ley 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.
El objetivo es establecer una excepción en caso de contratos vinculados a la persecución del crimen organizado.
En la ocasión, el diputado Juan Fuenzalida (UDI), autor del proyecto, expuso los fundamentos de esta propuesta e invitó al Ejecutivo a entregar su patrocinio.
Indicó que se busca establecer excepciones a la denominada ley de compras públicas, en materia de combate al crimen organizado.
El parlamentario, igualmente, planteó que esta iniciativa pretende dar soluciones concretas para el actuar de las policías. “El Estado no puede llegar tarde a lo que es el combate contra el crimen organizado, que son organizaciones nacionales e internacionales que se dedican al lucro delictual”, acotó.
Asimismo, resaltó que la propuesta “establece que la adquisición de bienes y servicios destinados a combatir este flagelo se pueda hacer de forma más acelerada”.
La instancia fijó un plazo para presentar indicaciones y propuso recibir en audiencia a la Contralora de la República (S) y a representantes del Ministerio Público.
