La Sala de la Cámara despachó el proyecto que busca fortalecer la institucionalidad municipal para el resguardo de la seguridad pública y prevención del delito (boletines 15940 y 15984).
El texto es fruto de un mensaje presidencial y un proyecto parlamentario refundidos. Dentro de sus objetivos, se encuentra disminuir las brechas de desigualdad comunal en el acceso a la seguridad. Asimismo, aumenta la participación ciudadana en la elaboración y validación de planes comunales de seguridad pública.
Para lo anterior, se establecen normas que fortalecen el rol preventivo de las municipalidades y que actualizan los planes comunales de seguridad pública. Entre ellas, dispone que los municipios podrán contar con inspectores de seguridad. Actuarán como coadyuvantes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en el ámbito de la seguridad pública y la prevención del delito. El texto precisa los requisitos para su nombramiento y las actividades que podrán realizar.
Adicionalmente, se permite que los municipios contraten inspectores patrulleros para ejercer funciones de seguridad comunal. La propuesta contempla que, tanto a patrulleros como a inspectores, se les deberá proporcionar elementos defensivos, sólo para protección y resguardo de su integridad física.
En este marco, el proyecto contempla la creación de una asignación en el presupuesto de la Subsecretaria de Prevención del Delito por tres años. Esta contará con $5.100 millones, fraccionado en $1.700 anual.
De todas maneras, la norma establece que la autoridad no podrá facilitar ningún tipo de arma de fuego. Tampoco utensilios u objetos cortantes o punzantes, así como otros elementos que sean calificados como letales o potencialmente letales.
Sin embargo, la Sala rechazó que sea un reglamento expedido por el ministerio encargado de la seguridad pública el que establezca los elementos defensivos y de protección mínimos con los que deberán contar inspectores y patrulleros.
Seguridad municipal
El proyecto también considera la creación de las organizaciones comunitarias funcionales de seguridad. Además, otorga más atribuciones y flexibilidad en el funcionamiento de los consejos comunales de seguridad y la figura del director de seguridad municipal.
Por otro lado, se proponen nuevos mecanismos de participación ciudadana en materia de seguridad y se crea el Registro de Seguridad Pública Comunal. Éste estará interconectado en una plataforma electrónica con antecedentes del Banco Unificado de Datos y el Sistema Táctico de Operación Policial a nivel comunal. Para esto, se destinarán cerca de $208 millones de pesos.
Paralelamente, la iniciativa contiene artículos transitorios para definir la entrada en vigencia de los diferentes contenidos del proyecto. En términos generales, la norma comenzará a regir seis meses después de su publicación en el Diario Oficial.
Sin embargo, el Registro de Seguridad Pública Municipal comenzaría a operar un año y tres meses posteriores a la publicación de la ley. La razón es que sería el tiempo requerido para la construcción de la plataforma que permitirá la interconexión entre todas las instituciones involucradas. Junto a esto, se establecieron los procedimientos y plazos para la contratación de nuevo personal para hacer frente a los objetivos que se establecen en el proyecto.
Debate
El informe de la Comisión de Gobierno Interior lo rindió la diputada Joanna Pérez (DEM). En tanto, el de la Comisión de Hacienda lo entregó el diputado Carlos Bianchi (IND).
Además, intervinieron Juan Fuenzalida (UDI), Alejandra Placencia (PC), Bernardo Berger (IND), Ana María Bravo (PS), Renzo Trisotti (IND), Catalina Pérez (RD), Sara Concha (PSC), Fernando Bórquez (UDI), Ricardo Cifuentes (DC), Miguel Ángel Becker (RN), Carolina Tello (IND), Leonidas Romero (IND), Cristián Tapia (IND), Lorena Fries (PCS), Agustín Romero (PREP), Alberto Undurraga (DC), Cristhian Moreira (UDI), Héctor Barría (DC), Jorge Brito (RD), Rubén Darío Oyarzo (IND), Joanna Pérez (DEM), Gael Yeomans (PCS), Natalia Romero (IND), Erika Olivera (DEM), Carlos Bianchi (IND), Matías Ramírez (PC), Nelson Venegas (PS) y Mauricio Ojeda (IND).
En términos generales, quienes intervinieron valoraron los avances de la propuesta legislativa. Sobre todo, en cuanto a la participación de las y los vecinos en el proceso de modernización de la seguridad municipal. Así, también, con la voluntad de avanzar en terminar con las brechas en seguridad entre las diferentes comunas.
También se valoró la posibilidad de implementar y resguardar por ley el patrullaje mixto entre los equipos municipales y las policías. En este plano, se destacaron los implementos de defensa personal de las y los inspectores y patrulleros, así como el aumento de las sanciones a quienes los agredan.
Otro elemento que se resaltó es la plataforma interconectada para el manejo de datos sobre seguridad pública a nivel comunal. Sin embargo, la gran crítica a la norma fue la falta de un mayor financiamiento para asegurar que se concreten las medidas que se proponen.
Ejecutivo
La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, destaco que la preocupación por los recursos es un problema histórico del municipalismo chileno. Empero, planteó que el Gobierno está tratando de resolver el punto a través de las medidas presupuestarias que contempla la norma.
Por su parte, el subsecretario de Prevención del Delito, Cristián Vergara, valoró el trabajo legislativo realizado en ambas comisiones. Junto a esto, destacó como avances la regularización de los comités vecinales de seguridad. Estos contarán con un registro nacional y estándares de ingreso con requisitos mínimos.
Además, explicó que el proyecto señalaba que la Subsecretaría podría apoyar a los municipios que no cuenten con los recursos necesarios para la contratación de seguros de vida del personal que participe en las labores de seguridad pública municipal. Sin embargo, este artículo fue rechazado en la votación en la Sala.
