La Comisión de Constitución comenzó el análisis del proyecto de ley (boletín 14983) que sanciona los delitos de robo, hurto y receptación de cables de comunicaciones.
La iniciativa -de origen en moción de senadora y senadores- modifica el Código Penal. Así, se reemplaza el concepto actual de telefonía por el de telecomunicaciones, equipos e instalaciones. Ello, dada la existencia de internet y otros modos de transmisión de servicios básicos para todas las personas.
Además, aumenta las penas y sanciones existentes, dado que no serían suficientes para disuadir el robo de cables de cobre, delito que aumentó en el último tiempo.
Actualmente, la pena es de 3 años y un día a 5 años. La propuesta incrementa sanción en un grado dejándola en presidio en grado mayor: 5 años y un día a 10 años. Respecto a las multas, se elevan desde 5 a 20 UTM a 75 a 100 UTM.
La idea es que, durante esta etapa de discusión, se introduzcan indicaciones a este proyecto que va más avanzado, ya que existen varias mociones originadas en la Cámara, explicó el presidente de la comisión, Miguel Ángel Calisto (IND).
Empresas Eléctricas
El director ejecutivo de Empresas Eléctricas, Juan Meriches, indicó que el delito de robo de cables es de larga data y se ha acentuado en los últimos tres años.
Entre 2021-2023 se robó un equivalente a 1.300 km de líneas de distribución eléctrica. Es decir, el equivalente a la distancia entre Antofagasta y Santiago. Mientras que, sólo en 2023, se robaron 600 km, esto es, un 19% más que en 2023.
En tanto, los costos económicos por el robo de cables alcanzaron 18 mil millones de dólares para las empresas. Y significaron la presentación de más de mil querellas.
El directivo sostuvo que este delito tiene un gran impacto social por la interrupción del servicio eléctrico. Así, por ejemplo, en 2023, 739 mil clientes residenciales se vieron afectados con 2.228 casos de robo. Esto incluye también a colegios, hospitales APR y electrodependientes. A su vez, se generaron problemas de seguridad pública, lo que facilita la comisión de delitos.
En cuanto a zona geográfica, los eventos más complejos son desde la región de O´Higgins al sur. Pero comentó que también existen casos en las regiones de Antofagasta, Metropolitana, Coquimbo y Valparaíso. “En ellos se destaca la presencia de bandas criminales”, destacó Meriches.
En particular, en la capital no sólo se roban líneas aéreas, también cables de cámaras subterráneas. “Amarran un cable en el extremo de una camioneta y arrastran kilómetros de él”, explicó.
Si bien consideró que el proyecto está bien orientado, consideró que se debe profundizar en una mejor persecución con más investigación policial y de la fiscalía. La idea es seguir la cadena delictual que tiene consecuencias en las empresas que entregan un servicio público.
Instituto Libertad y Desarrollo
Juan Ignacio Gómez, del Programa Legislativo del Instituto Libertad y Desarrollo, dijo que el robo de cables de cobre se da por su materialidad y el precio del mineral, que es un incentivo para el delito. Principalmente, en zonas rurales donde se roban kilómetros de cable en pocos minutos.
A su juicio, se roba infraestructura de un servicio público entregado a concesiones. “Hay un bien social involucrado relevante”, señaló.
Sobre el proyecto, dijo que tiene una técnica legislativa deficiente. Señaló que, si bien el cambio del concepto de telefonía presente en el Código Penal a telecomunicaciones es correcto, agregar equipos e instalaciones es errado. Esto, porque no pueden ser interrumpidos ni suspendidos, solamente robados.
“Hoy se modifican los mismos artículos que hace 16 años, se perfecciona el tipo penal, pero se deben hacer ajustes en cómo perseguir el delito de mejor manera. Porque es un bien colectivo de servicio público”, destacó.
Finalmente, consideró que cuando no se puede probar la tenencia se debe explorar la presunción. Además, destacó el rol que puede cumplir el Servicio Nacional de Aduanas porque los cables de cobre y fibra óptica se exportan. También avanzar en la sinergia de organismos públicos para seguir la trazabilidad del delito. Por ejemplo, el SII respecto a la evasión de impuestos y guías de despacho electrónicas.
Propuestas
En tanto, Jorge Alessandri (UDI) dijo que es esencial avanzar en este tema porque hay mafias asociadas. Por eso llamó a las empresas privadas a invertir en tecnología para detectar esos robos a tiempo, que puedan llegar brigadas de seguridad y tener pruebas para que se pueda castigar el delito.
El diputado Marcos Ilabaca (PS) manifestó que se debe avanzar en la trazabilidad del robo de cables; hacer un cruce de investigación. Por ello, propuso invitar a la Subsecretaría del Interior y a la Segpres para que el proyecto tenga efectos reales.
Al respecto, propuso homologar a lo realizado con el robo de madera y el abigeato, donde se dieron atribuciones a ciertos organismos públicos para que actúen en red.
