La Comisión de Economía inició la discusión general del proyecto que modifica la ley N°20.423, para establecer medidas que garanticen el cumplimiento de estándares de seguridad en servicios de turismo aventura (boletín 17.163).
El diputado Jorge Guzmán, autor de la moción, explicó que el proyecto busca establecer medidas obligatorias para proteger a los usuarios de servicios turísticos. Entre sus principales disposiciones se propone la exigencia de un sello de calidad turística que certifique la capacitación del personal, las condiciones seguras de operación y el equipamiento adecuado.
Además, plantea sanciones para quienes operen sin contar con dicha certificación y estándares requeridos.
Al respecto, la instancia también escuchó a Paola Coronado, madre del joven Diego Albornoz Coronado quien falleció el 21 de febrero de 2024 en un salto de bungee en San José de Maipo.
Según relató la madre, el instructor a cargo no tenía una adecuada preparación y colocó en forma equivocada el arnés de sujeción. Producto de ello, el joven falleció por asfixia posicional cervical externa tras colgar por más de treinta minutos, sin que el operador supiera cómo prestarle auxilio.
La madre lamentó que el empresario responsable del salto siguió operando bajo otra razón social, pese a que el lugar donde ocurrió el accidente no tenía permisos. Además, criticó que la empresa se publicitaba por Sernatur y que esta señalara no tener atribuciones para fiscalizar.
A partir de ello ha liderado una campaña para visibilizar esta problemática e hizo un llamado a legislar el proyecto y regular el turismo aventura en Chile.
Maternidad subrogada
Por su parte, la Comisión de La Familia escuchó al diputado Juan Irarrázaval respecto del proyecto que modifica diversos cuerpos legales para prohibir y sancionar la maternidad subrogada (boletín 17.337).
El legislador explicó que el objetivo es combatir la mercantilización de mujeres y niños en un mercado global que sigue generando altas sumas de dinero. Además, aseguró que aunque en Chile esta práctica no se encuentra institucionalizada, existe un preocupante número de personas que actúan, ya sea como “clientes”, “compradores” o incluso “encargadores de guaguas”, lo que constituye una conducta delictiva.
Junto al legislador intervino Bernardo García, director ejecutivo de la Declaración de Casablanca, iniciativa internacional suscrita por diversos líderes mundiales en el año 2023.
García destacó la relevancia de este fenómeno e indicó que desde la perspectiva de la Declaración de Casablanca, la maternidad subrogada es una industria que instrumentaliza a la mujer. Asimismo, sostuvo que las mujeres que acceden a este tipo de acuerdos provienen, generalmente, de contextos de alta vulnerabilidad económica y social, lo que convierte la supuesta “libertad” de decisión en una ilusión condicionada por la necesidad.
Sobre la información expuesta, la diputada Natalia Romero solicitó que se entregue el detalle de las presentaciones que la organización ha realizado ante organismos internacionales y las respuestas recibidas.
Derechos de autor
Por último, la Comisión de Cultura escuchó la presentación de la diputada Marta González sobre el texto que modifica la Ley N° 17.336, sobre Propiedad Intelectual, para reconocer el derecho a remuneración de artistas intérpretes y ejecutantes por la puesta a disposición pública de sus interpretaciones musicales fijadas en fonogramas o formatos audiovisuales.
La norma, explicó la parlamentaria, busca también por esta vía rendir homenaje póstumo a don Patricio Zúñiga Jorquera, conocido como Tommy Rey (boletín 17.499).
Agregó que legislar esta materia surgió a petición de organizaciones de derechos de autor como la SCD, porque existiría un vacío con la regulación, en particular en el caso de las plataformas musicales o streaming.
En el documento se entregan antecedentes de derecho comparado de cómo se han actualizado las normas a partir de la presencia y crecimiento de estas aplicaciones.
Así, por ejemplo, informes internacionales señalan que en servicios digitales como Spotify, los artistas reciben en promedio solo USD 0,003 a 0,005 por reproducción (es decir entre 3 a 5 pesos chilenos) dependiendo de los contratos. Asimismo, un 76% de artistas europeos encuestados declaró obtener menos de mil euros al año por la disponibilidad de sus fonogramas en línea. La raíz del problema radica en que, a diferencia de los compositores (que suelen recibir regalías vía sociedades de autor), los intérpretes dependen casi exclusivamente de lo pactado en sus contratos con productores discográficos, careciendo de una garantía legal mínima en la explotación en línea de sus interpretaciones.
