Dos mociones vinculadas a contener el impacto en el país del aumento de la migración analizó la Comisión de Gobierno Interior. En primer lugar, el diputado Juan Fuenzalida presentó el proyecto de su autoría que busca restringir el acceso de inmigrantes irregulares a beneficios de cargo fiscal (boletín 17474).
La moción pretende desincentivar el ingreso al territorio nacional por pasos no habilitados. Para esto, se aumentan las exigencias para la obtención de prestaciones estatales y la inscripción en el Registro Social de Hogares.
El parlamentario advirtió que podría existir una nueva oleada de personas migrantes, considerando la situación de países como Venezuela y Colombia. Por lo tanto, se hace urgente tomar medidas para que una nueva migración de personas no genere sobresaturación de los servicios de salud, educación y cuidados públicos.
En dicha línea, el proyecto establece que la postulación y acceso de extranjeros a beneficios de cargo fiscal, requerirá de cédula de identidad vigente. Lo mismo para la inscripción en el Registro Social de Hogares o en el instrumento de evaluación socioeconómica que lo reemplace.
Elecciones y migración
En segundo lugar, la comisión analizó el proyecto que propone nuevas condiciones para el derecho a sufragio de extranjeros avecindados en Chile (boletín 17062). La moción del diputado Daniel Manouchehri fue presentada por el presidente de la instancia, diputado Rubén Darío Oyarzo.
El parlamentario advirtió que, considerando que existen cerca de 800 mil extranjeros habilitados para votar, “está en juego la soberanía del país”.
Frente a tal contexto, se propone que los extranjeros avecindados en Chile solo podrán sufragar en las elecciones municipales y de forma voluntaria. Para estos efectos, el avecindamiento se contabilizará desde que la persona obtiene un permiso de residencia definitiva. Además, se considerará si ha residido en Chile de manera continua por más de cinco años.
Ley de lobby
Finalmente, el grupo parlamentario continuó con la votación del proyecto que moderniza la regulación del lobby. Particularmente, frente a las gestiones de intereses particulares ante autoridades y funcionarios (boletines 16888, 16593 y 16988).
En la sesión, se respaldaron normas relativas a mejorar la transparencia de las agendas públicas de las autoridades. Esto, dejando en claro que las reuniones que sostengan dirigentes no se consideran lobby.
Por otro lado, se respaldó un artículo que incluye en la norma a las comisiones que se establezcan para asesorar al Presidente de la República, ministros u otros órganos del Estado. En esta línea, se detalla la información que deberá ser publicada sobre quienes forman parte de la instancia, sus objetivos y plazos de funcionamiento.
También señala que se deberá publicar el acta de cada sesión de la comisión. El plazo para ello será de 10 días hábiles desde que ésta se encuentre aprobada. Sin embargo, se señaló que esto no tendrá efecto cuando la información emanada afecte la seguridad o el interés de la nación. Tampoco cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos.
