Exponer la grave contaminación que afecta a los municipios del norte del país fue el objetivo de la participación de los representantes de la Asociación de Municipalidades del Norte de Chile (Amunochi), en la comisión del ramo.
Según el alcalde de Calama, Eliecer Chamorro, presidente de la asociación, más de 500 mil personas esperan atención en el sistema público de salud. Muchas de ellas son por patologías derivadas de la contaminación en la zona.
A lo anterior, se suma el agotamiento hídrico y la acumulación de residuos industriales. De acuerdo al edil, en Calama, existen diez hectáreas ocupadas por desechos provenientes de relaves, lo que representa un riesgo grave de catástrofe para la población.
Por otro lado, las tasas de cáncer en el norte son las más altas del país, especialmente el cáncer pulmonar. El alcalde señaló que siete de cada diez personas padecen esta enfermedad y la mitad fallece por su causa. Por ello, las autoridades solicitan declarar estado de emergencia ambiental, además de avanzar en el rediseño urbano y ampliar la cobertura de las redes de monitoreo de contaminación existentes.
Medidas por contaminación
Otra preocupación es el desfase en las medidas compensatorias asociadas a los proyectos mineros. Estas comienzan a aplicarse recién en el año diez de operación, cuando la rentabilidad de estos proyectos ya se han consolidado. Ahora, lo que los alcaldes proponen es que las medidas se inicien desde la etapa de exploración, anticipando los impactos socioambientales que son evidentes en las zonas de mayor actividad extractiva.
Por su parte, la alcaldesa de Caldera, Brunilda González, denunció una injusticia territorial. Estimó que no solo hay una sobrecarga en la explotación de recursos, sino, también, una distribución desigual de beneficios. Como ejemplo señaló que una desaladora de la Empresa Aguas CAP paga $64.000 anuales de patente industrial, cuando un pequeño comerciante paga $68.000 cada semestre.
La alcaldesa también cuestionó que, pese al aporte de estas comunas al presupuesto nacional, la compensación por royalty sigue siendo insuficiente. De ahí que los municipios deben cubrir servicios esenciales como la recolección de basura, incluso cuando reciben más de 100 mil visitantes en temporada alta, sin recursos adicionales. “Somos parte del gran bolsillo fiscal, pero recibimos una baja compensación”, sentenció.
Debate legislativo
Desde el Ministerio del Medio Ambiente, la ministra Maisa Rojas reconoció que el país ha crecido a costa de algunas comunas. Frente a esto, aseguró que se está avanzando en una estrategia nacional de transición justa, suscrita también por el Ministerio de Salud.
Como parte del plan, agregó, se desarrolló un inventario de emisiones y se diseñó una red de monitoreo con participación ciudadana, que estaría próxima a implementarse. También se revisan las normas de arsénico y plomo, junto con las condiciones de operación de las fundiciones.
En la sesión, parlamentarios respaldaron la propuesta de decretar emergencia ambiental en Calama. A su juicio, esa es la medida urgente que se exige desde la ciudadanía.
Igualmente, se reclamó por el incumplimiento de medidas provisorias por parte de Codelco. Se señaló que aún quedan pasivos ambientales sin resolver, como los relaves mineros, y se denunció la falta de empatía con la población afectada por enfermedades graves como el cáncer.
Las autoridades locales insistieron en que, ante el poco tiempo que resta de gobierno, es urgente establecer medidas claras. Asimismo, pidieron fortalecer el contacto con el Ministerio de Salud para avanzar en soluciones estructurales frente a la crisis sanitaria y ambiental.
