Por 131 votos a favor y 5 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados manifestó su preocupación por las acciones informativas relacionadas al Programa Visa Waiver con Estados Unidos.
Además, sugiere que el gobierno realice una campaña comunicacional a la ciudadanía, con el fin de evitar errores por parte de los connacionales que usan este programa.
El documento promovido por los diputados Jorge Alessandri y José Miguel Castro, sostiene que el Programa de Exención de Visa conocido como Visa Waiver representa un instrumento fundamental para la relación entre Chile y Estados Unidos. Este permite a las y los chilenos viajar por razones de turismo o negocios sin tramitar una visa consular.
Sin embargo, también exige a los Estados participantes proporcionar educación e información clara respecto del cumplimiento de los requisitos del programa. Los promotores del acuerdo critican que en Chile estas acciones son limitadas e insuficientes para garantizar un conocimiento masivo y efectivo. Aún más, añaden, considerando los riesgos asociados al incumplimiento del programa.
Impulso a economía digital
Durante la discusión y votación de acuerdos y resoluciones, la Sala también aprobó la solicitud 1426, que solicita al Ejecutivo empujar una agenda en favor de los startups y la economía digital. Esto con el fin de seguir posicionando a nuestro país como un referente en la innovación tecnológica.
De este modo, se plantea que un punto esencial de esta agenda deber ser crear puentes entre los startups y las autoridades públicas, promoviendo un diálogo continuo que permita enriquecer las normativas para responder rápidamente a los cambios en la industria, sin comprometer la seguridad de los usuarios.
La resolución corresponde a una solicitud transversal presentada por Diego Schalper, Paula Labra, Víctor Alejandro Pino, Agustín Romero, Jaime Sáez, Juan Santana, Marisela Santibáñez, Flor Weisse y Gonzalo Winter.
Altas Capacidades de Aprendizaje
Por unanimidad, además, las y los diputados respaldaron las resoluciones 1431 y 1427, que llaman al Presidente de la República a establecer una política pública que apoye y promueva el desarrollo de las altas capacidades de niños, niñas y adolescentes en el país.
En sus fundamentos, los textos precisan que la alta capacidad en el aprendizaje se caracteriza, entre otros aspectos, por presentar un pensamiento divergente y complejo, alta intensidad emocional, así como una fuerte motivación y pasión por temas de interés y por el aprendizaje.
Sin embargo, una de las mayores problemáticas para la adaptación de niños, niñas y adolescentes que poseen estas altas capacidades son sus características socioemocionales.
De esta manera, las resoluciones plantean revisar y actualizar la Ley General de Educación, realizar adecuaciones curriculares y una adecuada capacitación para los docentes. Así también, fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación para garantizar que dichas adecuaciones tengan un efecto positivo y se ajusten a las necesidades de los estudiantes.
Integración escolar
Igualmente en el ámbito educativo, la Sala respaldó la solicitud 1428 que releva el rol de los asistentes de la educación y pide al gobierno garantizar las condiciones laborales y económicas de quienes son parte del Programa de Integración Escolar (PIE).
La resolución plantea esta garantía en el marco del traspaso a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y, por ende, de un cambio de empleador. Además, expone que en varios establecimientos no existen lugares de trabajo definidos para estos profesionales, ni materiales para trabajar con los niños y niñas, por lo que muchas veces el costo de estos nace del bolsillo de los propios profesionales.
Finalmente, recalca que el trabajo que desarrollan con alumnos con diagnósticos como Trastornos del espectro autista o discapacidad intelectual, entre otros, es fundamental para llevar a cabo el proyecto de inclusión educativa.
Sector Público
Otra materia contemplada en las resoluciones de la presente semana es la que pide al gobierno mantener el IPC como base para el cálculo del reajuste anual de las remuneraciones del sector público.
El texto de la resolución 1429, aprobada por 71 votos a favor, 17 en contra y 16 abstenciones, señala que de este modo se evitará la pérdida del poder adquisitivo de las y los funcionarios públicos y municipales.
En concreto, la resolución pide al Presidente de la República que, en las futuras negociaciones del citado reajuste se tenga como base la variación del IPC y, desde ese piso, negociar el aumento de las remuneraciones.
