En el marco del mandato de la Comisión investigadora sobre el proceso de adquisición de la casa del ex Presidente Salvador Allende, la instancia recibió a la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, quien concurrió junto a su abogada Francisca Millán.
La comisión busca identificar las responsabilidades políticas tras la fallida compra del inmueble, ubicado en calle Guardia Vieja, comuna de Providencia. En dicho contexto, había invitado en varias oportunidades a la exministra que debió dejar su cargo debido a este caso, quien finalmente hoy pudo concurrir.
Sandoval aseguró a la comisión que, desde el comienzo hubo observaciones y reparos desde el equipo de Bienes Nacionales, las cuales no tenían solo que ver con aspectos administrativos; sino también, con aristas comunicacionales, políticas y jurídicas que se referían principalmente a conflictos de interés. No obstante, precisó que “nunca se mencionaron dentro de estas advertencias las inhabilidades constitucionales”.
Explicó que dichas advertencias se informaron a la sectorialista encargada del proceso en el Ministerio, así como a Leonardo Moreno, asesor de Presidencia, encargado de coordinar entre las distintas instituciones la compra venta.
La exministra relató que desde la jefatura de gabinete y la división jurídica, confeccionaron una minuta. En ella, “frente a las aprensiones jurídicas, los términos que se usaron fueron conflicto de interés y posible negociación incompatible”, remarcó. Por esta razón, encargó a su jefa de Gabinete y a la División Jurídica, gestionar una reunión con los asesores de Presidencia para insistir en ese punto.
En respuesta, Sandoval indicó que Leonardo Moreno manifestó que estas (advertencias) iban a ser resorte de otras autoridades.
Instrucciones de exministra Sandoval
Respecto de cómo se inició el proceso de compra, Marcela Sandoval afirmó que fue el propio Leonardo Moreno quien, a fines junio de 2024, vía telefónica, le comunicó que debían gestionarla.
También confirmó que la glosa que facultaba la adquisición estaba asociada al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; y que por más de un año estuvo adjudicada como tarea a dicha cartera. “Esta era una tarea intersectorial donde el rol del Ministerio de Bienes Nacionales era un rol acotado”, aseguró.
Planteó que, junto a las aprehensiones en la gestión de la compra por los posibles conflictos de interés o aristas políticas, también estaba el tema de los plazos. “Los procesos del Ministerio de Bienes Nacionales requieren de muchas revisiones y, evidentemente, realizarlo en 5 meses era una tarea compleja”, puntualizó.
Sandoval reiteró en su exposición que este proceso fue una tarea fraccionada, porque varias instituciones tenían un rol. En ese sentido, dijo que ella no participó “en ninguna reunión de Presidencia por este tema en particular”.
Autocrítica
Finalmente, en retrospectiva, Marcela Sandoval afirmó que debió haber verificado que quienes tenían el rol de asesorar al Presidente le transmitieran a este las advertencias que desde Bienes Nacionales se habían levantado. “No me refiero a las inhabilidades constitucionales. Sería deshonesto de mi parte (decir) que en algún minuto se mencionaron en alguna reunión, al menos en las que estuvo presente mi equipo”, aseguró.
Pero, agregó que “la autocritica que uno tiene que hacer es que, en cualquier cargo que uno esté como autoridad política, independiente que hayan otros intermediarios o hayan personas encargadas de coordinar dicha función, lo que corresponde es insistir y verificar que efectivamente esas advertencias lleguen a quien corresponda”, concluyó la expersonera.
La instancia investigadora acordó solicitar una prórroga de 15 días para concluir su mandato y recibir invitados pendientes.
